El asesinato de la educadora social Belén Cortés, de 35 años, a manos de los tres menores a los que tutelaba en un piso de cumplimiento de medidas judiciales, pone de relieve la inseguridad de estos trabajadores.
El asesinato de la educadora social Belén Cortés, de 35 años, a manos de los tres menores a los que tutelaba en un piso de cumplimiento de medidas judiciales en la ciudad de Badajoz, ha causado consternación en la región. El juzgado de Instrucción número 1 de Badajoz ya acordado el ingreso de los tres jóvenes de 14,15 y 17 años en el Centro de Cumplimiento de Medidas Judiciales de Menores Marcelo Nessi, como presuntos autores de homicidio, robo con violencia y delito contra la seguridad. Serán investigados por un juzgado de menores.
El brutal crimen ha puesto en el foco dos reivindicaciones de los educadores sociales que, como hacía Belén Cortés, trabajan en la reinserción de menores delincuentes: por un lado, denuncian la precariedad e inseguridad a las que se ven expuestos. Y, en segundo lugar, reclaman una actualización de la ley del menor, que data del año 2000, en la que se establece la responsabilidad penal que afrontan los jóvenes de entre 14 y 18 años.
Sheila Gómez, una de las compañeras de la educadora social asesinada, sacó a relucir ambas cuestiones durante una concentración del gremio en Badajoz este lunes. "Consternada" por una tragedia que, según dijo, se veía venir, la trabajadora social explicó a los medios de comunicación que sus compañeros llevan "meses reivindicando" la inseguridad a la que se ven sometidos "con manifestaciones desde el centro".
"Los menores son cada vez más agresivos, y pedimos estar más protegidos, que haya más personal para el centro y más medidas de seguridad, porque así no podemos trabajar", dijo Gómez en primer lugar, visiblemente afectada por el asesinato de su compañera.
La inseguridad a la que se ven expuestos en este tipo de centros se acentúa aún más para los trabajadores que, como Belén Cortes, conviven con menores en pisos de internamiento. "Ellos sí que están totalmente desamparados y desprotegidos: no tienen vigilantes ni cámaras de seguridad, y al final ha pasado lo que tanto estábamos temiendo todos", sentenció Sheila Gómez, en representación del grupo de trabajadores que se manifestaron este lunes en la ciudad extremeña.
A las reivindicaciones de estos compañeros se han unido esta semana diversos sindicatos y asociaciones de trabajadores sociales. Entre ellas está la sección de Comisiones Obreras de Extremadura, que este viernes convocó una concentración en Mérida para protestar por "la indefensión" de los trabajadores sociales. A ojos de CCOO, el suceso acontecido en Badajoz "revela un patrón de desatención sistemática" y es "el resultado de años de externalizar servicios sociales a empresas que ganan concursos públicos prometiendo gastar menos, aunque eso signifique recortar en seguridad, formación y personal".
La reivindicación de los trabajadores sociales ya ha obtenido una primera respuesta del Gobierno. Este jueves, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, se comprometió a "defender una mejora generalizada de las condiciones laborales en el sector del trabajo social y de los cuidados". "En todas las profesiones vinculadas a los servicios sociales hay un problema estructural de precarización y de infravaloración social", reconoció el ministro.
El Gobierno está preparando desde hace tiempo un decreto para reforzar la atención a menores tutelados en centros y pisos de acogida, una iniciativa del Ministerio de Juventud e Infancia que se ha acelerado tras el asesinato de Cortés. Uno de los objetivos de la norma, según fuentes de la cartera, es "blindar el marco de derechos laborales de los trabajadores" y buscar "que no haya educadores solos". Fuentes del ministerio de Sira Rego aseguran que el primer borrador estará listo la semana que viene.
No obstante, los trabajadores sociales abanderan reivindicaciones más allá de la precariedad de su sector. La segunda cuestión que abordó Gómez en sus declaraciones es la necesidad de actualizar la ley del menor para reforzar la responsabilidad penal a la que se enfrentan los menores más cercanos a la mayoría de edad. "Necesitamos un cambio en la ley del menor, se tiene que revisar la edad. Menores con 16 años son más que conscientes, ellos tienen otra mentalidad, tienen más conocimiento de lo que está bien y lo que está mal. Es muy barato matar, les sale muy barato y no hay consecuencias", zanjó el lunes entre lágrimas la trabajadora social.
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Luis Carlos Nieto trabaja en un juzgado de menores de Ávila y es una referencia en este campo jurídico. El juez, en conversaci... {getToc} $title={Tabla de Contenidos}