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El magistrado Ángel Luis Hurtado considera que ya "hay indicios suficientes" de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, participaron en la “filtración” de un correo de la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso. Esta advertencia acerca a ambos al banquillo por un presunto delito de revelación de secretos, pero si el Tribunal Supremo finalmente da ese paso y abre juicio oral contra ellos, las consecuencias serían distintas para uno y otro: Rodríguez quedaría suspendida cautelarmente por orden del propio García Ortiz, quien, sin embargo, no se vería afectado por ese mismo reglamento.
La clave radica en dos artículos del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. El primero de ellos establece que el fiscal general del Estado "quedará en situación de servicios especiales" tras su nombramiento, lo que implica que no se verá afectado por el resto de artículos que incluye esta ley. Entre ellos, el que aborda "la suspensión cautelar de cualquier miembro del Ministerio Fiscal contra el que se siga un procedimiento penal".
Esta posibilidad en principio es potestad del fiscal general, quien podrá acordarla "con arreglo a los principios de presunción de inocencia y proporcionalidad, previa audiencia del interesado y de la Comisión Permanente del Consejo Fiscal". Sin embargo, el artículo añade que dicha suspensión deberá llevarse a cabo "en todo caso" cuando "se dicte auto de apertura de juicio oral o de prisión por delito cometido en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas".
A la vista de esta redacción, las fuentes consultadas coinciden en que, si se abre juicio oral contra ellos, García Ortiz tendrá que suspender cautelarmente a Rodríguez. De esta manera, la fiscal que siguió sus órdenes y le facilitó el correo que terminó por filtrarse quedaría apartada del cargo, pero él podría aferrarse al suyo. Para evitar ese escenario, algunos fiscales consultados apuntan ya a una segunda ley que, según defienden, abre la puerta a suspender también a García Ortiz, aunque ellos mismos reconocen que ese escenario no es tan claro: "El sistema ha de ser interpretado porque esta situación es absolutamente insólita", señala uno de ellos.
El debate se centra en torno a otros tres artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El primero establece que la "suspensión de los jueces y magistrados" se llevará a cabo "cuando se hubiere declarado haber lugar a proceder contra ellos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones" o "cuando por cualquier otro delito doloso se hubiere dictado contra ellos auto de prisión, de libertad bajo fianza o de procesamiento". El segundo concreta que será el juez "que conociera de la causa" el que se lo comunicará al CGPJ para hacer "efectiva la suspensión" hasta que "recaiga en la causa sentencia absolutoria" o "por todo el tiempo a que se extienda la pena".
Como ambos artículos mencionan de forma directa a "jueces y magistrados", otro de los fiscales consultados apunta a un tercero que hace referencia a la suspensión de "funcionarios" que se ven afectados por esta misma ley. Este último también establece que dicha suspensión se acordará "cuando se hubiere dictado auto de (...) apertura de juicio oral", pero, una vez más, surge la misma duda: hasta qué punto estos artículos que hacen referencia a jueces, magistrados y funcionarios pueden extenderse al fiscal general.
El juez avisa al fiscal general: "Es una evidencia que ha hecho desaparecer pruebas"
Pablo Gabilondo
A falta de que se aclare esa posible "interpretación", lo que queda fuera de toda duda es que, si el Supremo abre juicio oral contra ellos, Rodríguez sí quedaría suspendida. En el caso del fiscal general, todo apunta a que parte de la carrera también trataría de activar alguno de estos artículos para apartarle, aunque cabe la posibilidad de que él mismo decidiera dar un paso al lado. En ese caso, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal también volvería a ser aplicable para él y quedaría suspendido cautelarmente como fiscal de sala, que es el rango que ya ocupaba antes de tomar las riendas de la institución.
García Ortiz ha descartado por ahora renunciar al cargo ante el "convencimiento de que la continuidad en el cargo es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo". Sin embargo, cada vez son más las voces que exigen su salida, y los últimos en sumarse a esa petición el pasado enero fueron 13 de los 35 fiscales de sala, que es la máxima categoría de la carrera. Según advirtieron en un escrito remitido al propio García Ortiz, el hecho de mantenerse en el cargo está provocando "unos daños tan innecesarios como intolerables al prestigio de la Fiscalía".
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