7.000 de ellas están ya aprobadas, según ha informado el secretario de Estado de Vivienda.
Los préstamos estatales para la construcción de viviendas de alquiler asequible han despertado el 'apetito' de los promotores. Son ya 27.000 los pisos cuya edificación está estudiando el Instituto de Crédito Oficial (ICO) bajo esta línea de financiación puesta en marcha a finales de julio por el Gobierno y dotada con 4.000 millones de euros. Así lo ha señalado este lunes el secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, que ha actualizado el dato en un foro monográfico sobre el acceso a la vivienda organizado por la consultora EY.
Estas solicitudes se encuentran en distintas fases de estudio, según ha explicado Lucas, que ha apuntado que son casi 7.000 las que ya han sido aprobadas por parte del ICO. El secretario de Estado ha puesto en valor esta línea de financiación, que ha asegurado que "está siendo un instrumento muy valioso, muy eficaz y muy importante para dar un impulso a la construcción de vivienda social y asequible" a través de la banca pública. "En los últimos 35 años, el ICO había financiado 20.000 viviendas. Solo desde el año pasado ya hay 27.000 en estudio", ha destacado.
El volumen de proyectos presentados por promotores y constructores para acceder a financiación pública equivale a casi dos terceras partes de las 43.000 viviendas que el Gobierno prevé impulsar a través de esta línea de crédito. El ICO y los ministerios de Economía y Vivienda firmaron hace siete meses y medio los correspondientes convenios para movilizar 4.000 millones de euros procedentes de los fondos europeos de la Adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para la ampliación del parque de vivienda, unos préstamos respaldados por otros 2.000 millones adicionales en forma de avales públicos como garantía de hasta el 50% de los créditos.
Los inmuebles construidos a través de estas ayudas deben ser viviendas destinadas a alquiler social o asequible —o estar cedidas para su uso— durante un periodo mínimo de 50 años. Además, los proyectos financiados tienen que finalizarse en un plazo de entre cuatro y ocho años —prorrogables hasta otros cuatro más—, en función de si se trata de rehabilitación u obra nueva. Estas ayudas se pueden solicitar hasta el 1 de junio de 2026, pudiendo acogerse a ellas operaciones realizadas desde el 1 de enero de 2022.
Lucas ha celebrado la buena acogida de préstamos ICO por parte del sector privado y ha señalado que son un ejemplo de que las política impulsadas por el Gobierno "empiezan a producir cambios de manera estructural". "Estamos convencidos de que en los próximos años seremos capaces de poner cimientos para garantizar el derecho constitucional a la vivienda", ha expresado, recalcando la necesidad de ampliar el parque público de vivienda. Para avanzar hacia ese objetivo, ha insistido en que todas aquellas viviendas que sean impulsadas con dinero estatal "tendrán que garantizar la permanencia en su protección".
El número dos de Vivienda ha asegurado que el número de pisos en alquiler a precios asequibles ha aumentado un 33% en España desde 2019. De este modo, en los últimos cinco años se habrían sumado 162.000 inmuebles de este tipo, hasta alcanzar un total de 614.000. En consecuencia, el parque público de vivienda asequible habría crecido desde representar el 2,5% del total hasta alcanzar el 3,4%, todavía lejos del 8% en el que se sitúa la media europea.
En el horizonte más inmediato del Ministerio de Vivienda, el secretario de Estado ha señalado la intención de presentar "antes de Semana Santa" el PERTE anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a mediados de enero para impulsar y modernizar el sector de la construcción. "Significa un gran entendimiento con el sector para posibilitar