Archivan dos querellas por corrupción urbanística contra el alcalde de Leganés

Archivan dos querellas por corrupción urbanística contra el alcalde de Leganés

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 8 de Leganés archivó este enero una causa abierta a partir de dos querellas presentadas en 2023 contra el actual alcalde del municipio del sur de Madrid, Miguel Ángel Recuenco. Los hechos se remontan a la época en la que este edil del Partido Popular era el concejal de urbanismo (2011-2015) y a lo largo de estos dos años se le investigó por la presunta comisión de los delitos de prevaricación, malversación y administración desleal.

El auto dictado el pasado 10 de enero, al que ha tenido acceso El Confidencial, afirma que “de lo actuado en la causa, y de la documental recabada, no aparece debidamente justificada la perpetración de los delitos que dieron lugar a la formación de la causa, por lo que procede decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones”. Por medio de este auto, el juzgado también ha exonerado a otro cargo del consistorio llamado Manuel Martí Cazorla.

Las querellas partieron de la Empresa Municipal del Suelo de Leganés (ESMULE), propiedad del Ayuntamiento de Leganés, cuando al frente del consistorio estaba el PSOE. Se centraba en la gestión que Recuenco al frente de EMSULE entre los años 2011 y 2015. En esa época, Martí Cazorla era el gerente y Recuenco era el concejal de Urbanismo y presidente del Consejo de Administración de esta empresa pública.

Se presentaron ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) porque cuando se emprendieron las acciones legales, en enero de 2023, Recuenco era diputado autonómico. No obstante, terminaron unificadas bajo un mismo procedimiento en un juzgado ordinario porque luego se convirtió en alcalde y perdió el aforamiento.

Un perjuicio de 2,7 millones

Acusaban al dirigente popular de haber incurrido en un delito de prevaricación y malversación continuada en la empresa pública. Una de las querellas se centraba en "la liquidación del contrato de obras de dos promociones de viviendas en el Plan Parcial 5 que ejecutó la constructora Ogensa", que habría formulado unas reclamaciones que habrían supuesto un "perjuicio total irrogado a EMSULE de 2,7 millones".

Recuenco y Díaz Ayuso ofrecen una rueda de prensa. (EFE/Rodrigo Jiménez)Recuenco y Díaz Ayuso ofrecen una rueda de prensa. (EFE/Rodrigo Jiménez) Recuenco y Díaz Ayuso ofrecen una rueda de prensa. (EFE/Rodrigo Jiménez)

La otra querella le acusaba de haber presuntamente adjudicado a cuatro empresas, propiedad de las mismas personas, varios contratos que sumaban más de un millón de euros. Dichos contratos comenzaron inicialmente como menores, es decir, contratos que solo pueden ser adjudicados por un máximo de 15.000 euros más IVA (18.000 euros). Pero fueron prorrogándose en el tiempo sin existir expediente de contratación y sin pasar por ningún Consejo de Administración de la Empresa pública.

Según la querella, estos contratos se adjudicaron a dedo como contratos menores cuando por importe superaron con creces el importe de un contrato menor. Todas las adjudicaciones se realizaron a empresas que pertenecían a las mismas personas.

Polígono PP3 de Leganés

Uno de los contratos bajo sospecha es el que se firmó para la conservación y mantenimiento del Polígono PP3 de Leganés, "presupuestos que fueron tramitados como si de contratos menores se tratase, cuando lo cierto y verdad es que debieron haber sido objeto de licitación pública".

El objeto del presupuesto firmado era la conservación de las zonas ajardinadas, red de riego y fuentes ornamentales por un período de tres meses, estableciendo un precio por la conservación de zonas ajardinadas de 12.249 euros y por la conservación de la red de riego y de las fuentes ornamentales de 1.524 euros.

Los querellantes analizaban esta adjudicación y concluían que el "proceso" de contratación y ejecución adolecen de irregularidades y contravenciones supuestamente imputables a la entonces Dirección/Presidencia y Gerencia de EMSULE Miguel Ángel Recuenco Checa, y Manuel Martí Cazorla. Durante estos dos años, el juzgado recabó documentación y realizó diversas diligencias de investigación que han concluido con el archivo de las actuaciones.



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