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La financiación autonómica aparece y desaparece del tablero político español igual que el Guadiana cuando cruza la provincia de Ciudad Real. Es una vieja asignatura pendiente de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y una reclamación del PP, que atesoran la mayor parte del poder territorial, pero se trata de un asunto tan complejo que nadie se atreve a abrir el melón. Sobre todo porque el coste electoral sería enorme dadas las diferentes posturas que hay en los distintos territorios. En medio de este bloqueo histórico, Ministerio de Hacienda y Función Pública ha remitido a las regiones un documento que vuelve a poner encima de la mesa el debate. Y lo hace justo cuando falta un mes para una nueva reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera y poco después de que Montero haya sumado a su currículum el cargo de líder del PSOE de Andalucía.
El documento de 13 páginas enviado a las consejerías de Hacienda no es demasiado novedoso, pero supone un gesto llamativo en los prolegómenos de la reunión entre las autonomías del régimen común. Se trata de una suerte del resumen del informe que elaboraron un grupo de expertos en 2021 sobre el criterio de población ajustada, que es el que Montero defendía como el más relevante en materia de financiación en su etapa como consejera andaluza de Hacienda. La política sevillana, como responsable de las cuentas públicas de la comunidad con más habitantes del país, abanderó una propuesta para reformar la financiación que primaba, sobre todo, el peso poblacional de los territorios. Esto es relevante, sobre todo porque son esas regiones las que sufren mayores problemas de falta de fondos.
El criterio de población ajustada es básico en el reparto de financiación, ya que es el que sirve para calcular el coste de sufragar los servicios públicos que tienen que afrontar las regiones en virtud a sus competencias. El escrito remitido por Hacienda pone de manifiesto uno de los principales obstáculos que hay en esta materia y que han provocado que el modelo actual esté caducado desde hace más de una década. "Hay posturas opuestas entre varias comunidades autónomas", admite el escrito. Estas diferencias están especialmente marcadas entre las más pobladas y las menos, que defienden la necesidad de tener en cuenta otros criterios, como la dispersión poblacional, que dificulta la prestación de servicios, o la propia despoblación.
"El objetivo de este documento es tratar de identificar puntos intermedios", reza el escrito, que recuerda que Cataluña, Valencia y Madrid defienden que la población ajustada no esté muy alejada de la población, mientras que las regiones con menos habitantes insisten en la necesidad de calcular el coste real de la prestación de los servicios. Esto es así porque consideran que elementos como la superficie -clave para Castilla y León- influyen en este cálculo, así como el envejecimiento de la población o el porcentaje de personas en riesgo de pobreza y exclusión.
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Javier Jorrín
El documento de Hacienda retoma la propuesta para reformar el cálculo de la población ajustada que da más peso a los criterios que reclaman las comunidades más pobladas. En la fórmula actual, la sanidad se queda con el 38% con el reparto, mientras que los expertos elevaron la cantidad al 40%-45%. En el caso de la educación pasaría del 20,5% actual al 25%-30%, mientas que los servicios sociales, que ahora tienen un peso del 8,5%, mantendrían su relevancia con un porcentaje que va del 6% al 10%. El resto de servicios están ahora mismo en el 30%, pero en el nuevo cálculo se quedarían en una horquilla del 18% al 22%. El escrito recuerda que hay importantes diferencias entre regiones en esta distribución.
Montero llegó a Moncloa con el compromiso de abordar la reforma de la financiación autonómica, pero de aquello han pasado ya seis años y medio. La propia ministra de Hacienda ha admitido en más de una ocasión que el principal problema era la falta de acuerdo entre los dos principales partidos. En Hacienda recuerdan cada vez que tienen ocasión que el reparto de fondos entre las regiones debe salir adelante por medio de una reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), por lo que necesita una mayoría en el Congreso de los Diputados. Y la política sevillana siempre ha insistido en que esa mayoría debe armarse con la participación del PP.
El problema para los populares es que su peso territorial ahora hace complejo poner de acuerdo a las distintas sensibilidades dentro de su propio partido. Las prioridades del andaluz Juanma Moreno y el valenciano Carlos Mazón son muy distintas que las que tienen el gallego Alfonso Rueda y el aragonés Jorge Azcón. La estrategia del PP ha estado orientada en los últimos años en poner el foco en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y convertirlo en el foro en el que se debatan estos asuntos. El próximo 26 de febrero Hacienda ha colocado una nueva reunión de este organismo y, aunque el orden del día aún no se conoce, las regiones esperan abordar la condonación de la deuda. Así lo anunció el propio Pedro Sánchez en la Conferencia de Presidentes de Santander, el pasado diciembre. Y ahí es donde los populares quieren afrontar esta discusión.
El hecho de que Montero haya enviado este documento indica una intención de reabrir el debate sobre la financiación justo ahora que se ha convertido en secretaria general del PSOE andaluz. El reparto de fondos entre comunidades es un asunto mollar en el debate político andaluz y la titular de Hacienda recibe constantes críticas por parte del Ejecutivo de Juanma Moreno por la situación de su comunidad. La portavoz de la Junta, Carolina España, alude de forma recurrente a los 1.500 millones anuales que la región deja de ingresar cada año por los desequilibrios del actual modelo, según un estudio elaborado por Fedea.
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