“Entramos a la celda con un walkie y un boli”: los castigos obsoletos que rigen las cárceles

Hace un par de semanas, un preso iracundo del penal de A Lama (Pontevedra) golpeó a un funcionario y lo intentó con otros cuatro. No era la primera vez. En dos meses, el interno acumula 16 sanciones graves: una cada tres días. Un par de meses antes, el recluso agredió sexualmente a una funcionaria. La acorraló contra la pared y la besó a la fuerza hiriéndola en los labios hasta que logró zafarse.

Días antes, en Zuera, Zaragoza, un penal especialmente conflictivo -junto con los de Puerto III (Cádiz), Dueñas (Palencia), Soto del Real o Picassent- un recluso con un brote psicótico le quitó un diente a un trabajador de un puñetazo. En la retina colectiva, el asesinato de Nuria, una cocinera en Tarragona en marzo del 2024 a manos de un preso condenado por homicidio que manejaba un cuchillo.

Un preso mata a una cocinera de la cárcel Mas Enric de Tarragona y después se suicida

EFE

Es un goteo incesante de agresiones que alimenta la impotencia y la indignación del colectivo de funcionarios en un debate nunca resuelto sobre si las medidas de protección en el ámbito penitenciario son proporcionales. Y la parte social coincide en que no.

“Entramos en un módulo con un uniforme, un walkie-talkie y un bolígrafo. Y cuando nos sorprende una situación adversa, no tenemos medios para repelerla ni para defendernos”, expone Julio, un funcionario gallego. Indefensión es la palabra que más se repite.

El cabreo contra el Gobierno es generalizado entre los sindicatos más representativos: ACAIP-UGT, CSIF o el más reciente: Tu Abandono me puede matar (TAPM), en activo desde 2022. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, es el objetivo central de sus críticas. Aducen que bajo su mando, desde 2018, Instituciones Penitenciarias aplica el “buenísimo absoluto a los cacos” con protocolos que están dando como resultado más agresiones.

En ocho años, los ataques de los reos a sus custodios han ido a más: de 321 (2018) a 508 (2023). Y se han duplicado desde el 2005 (255).

57.000 reos en 69 prisiones

La población reclusa en España era, a finales del 2023, de unos 56.700 internos repartidos en 69 prisiones; Cataluña (15) y Euskadi (3) gestionan sus propios centros y sus estadísticas no se recogen en Instituciones Penitenciarias si bien, Cataluña concentra un elevadísimo número de incidencias diarias y en 2023 sumó 577 agresiones a su personal, 69 más que el conjunto del país.

Si vamos a las estadísticas, el 2023 fue un año de récord (para mal) con 508 agresiones al colectivo de funcionarios de prisiones en España; El 2024 no fue mucho mejor: 504 en las cárceles españolas.

Los sindicatos niegan que las estadísticas oficiales reflejen la realidad de su quehacer diario. “Para que sea considera agresión tiene que haber una lesión física o no se cuenta”, expone a El Confidencial Francisco José Macero, delegado de Acaip en Alhaurín de la Torre (Málaga).

"El conteo de Interior no es real: te escupen, te amenazan o te vejan y no se cuenta"

“La contabilidad de Interior no es real. Si te escupen a la cara, te vejan o te amenazan de muerte, no es agresión. Si te golpean -pero no te rompen nada-, tampoco cuenta. Son miles de este tipo y quedan fuera de la estadística”, explica A. M., con años de servicio en distintas prisiones españolas. "Ni siquiera tenemos reconocida la condición de agente de la autoridad como tiene un conductor de autobús en su ruta, ni siquiera como profesión de riesgo. El funcionario se siente abandonado por los políticos y siente que su trabajo no interesa a la ciudadanía", resume con pesar.

¿Qué demandan? La lista es larga, desde la carrera profesional, a cambios en los protocolos de actuación, pero urgen, sobre todo, métodos coercitivos y cambios en el régimen sancionador de un reglamento “totalmente obsoleto” en muchos aspectos, pero sobre todo en los castigos posibles. La Ley Orgánica General Penitenciaria (1/1979) fue la primera que se aprobó en democracia y así se quedó.

“Hace 45 años que nadie le mete mano a eso. El castigo más duro que podemos aplicarles es que se tengan que quedar en la celda y muchos internos lo prefieren. En pandemia tenían esa opción y casi todos lo hacían. Así no se levantan a las ocho para ir al patio y están en su celda fumando”, expone el delegado sindical.

Tragar pilas o cuchillas

“Hay cacos que se las saben todas, capaces de tragarse una pila o una cuchilla envuelta en papel para evitar un traslado o salir al hospital”, explica una funcionaria de 45 años de una prisión andaluza. Se queja, además, de que no reciben ningún tipo de formación en autodefensa. “Nos consideran funcionarios de oficina cuando estamos día tras días en contacto con internos peligrosos”, reclama.

Concentración de funcionarios tras el asesinato de una cocinera en un penal de Tarragona en 2024. EP

“Hay reclusos que prácticamente han nacido en la cárcel, entran y salen media vida. Por un roce accidental en un cacheo te ponen una queja. Hay que ir de puntillas; lo saben y se crecen”, explica su compañero. Antes de recalar en el sur, estos funcionarios pasaron por cárceles de Galicia, Madrid o Cádiz y cuentan que las deficiencias son comunes al sistema penitenciario español. Han vivido -cuentan- momentos de tensión en algunas guardias, incluso miedo por la falta de herramientas y recursos para defender su vida.

“Hay gente que está por hacer de mula o no pagar una multa y la mayoría se comportan. Quieren salir sin complicaciones, pero hay un porcentaje irreductible que te complican una guardia y una vida. Una pelea entre dos en un patio ya puede ser un polvorín”, relata Macero.

La salud mental en prisión

El otro problema generalizado que trae de cabeza al colectivo de funcionarios de prisiones es la difícil convivencia entre reclusos con problemas mentales severos y el resto de los internos. España solo cuenta con dos hospitales psiquiátricos penitenciarios en Sevilla y Fontcalent (Alicante) - hay un tercero en construcción en Siete Aguas (Valencia)- y muchos reos terminan ingresados en módulos convencionales.

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Alejandro Mata. Valencia

"Hay muchas guardias agitadas en la enfermería con presos con delirios, que ves que no están en su cabeza, con delitos de sangre o no, pero que no deberían estar allí", señala el delegado sindical. Son personas que arrastran un historial mental complicado donde los problemas psicóticos se combinan con adicciones y también con otro tipo de trastornos: depresivos, de personalidad, TDA...

Entre sus muchas reivindicaciones también está la de reforzar la plantilla con más personal sanitario para las enfermerías de la prisión -médicos, farmacéuticos y auxiliares-, además de medios materiales que les permitan hacer su trabajo y defenderse “con dignidad profesional” si tienen que hacerlo.

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