El PP ha conseguido la vía de urgencia dos reclamos ciudadanos a la comisión de Peticiones en la Eurocámara.
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha acordado por vía de urgencia introducir dos peticiones ciudadanas sobre el Estado de derecho y la independencia judicial "en riesgo en España", tal como se ha confirmado este mismo jueves. Ambas se centran en la llamada 'ley Begoña' y en la situación del fiscal general del Estado, Alvaro García Ortiz. Se analizarán por parte de los eurodiputados en la sesión de la comisión de Peticiones de la Eurocámara del 16 y 17 de marzo.
El 23 de enero se registró una primera petición contra la Proposición de Ley Orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas, conocida como "Ley Begoña". Según el peticionario, esta iniciativa responde de forma "ad hoc" a investigaciones judiciales en curso que afectan a familiares del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y "busca restringir drásticamente la acción popular e introducir una causa de recusación de jueces por motivos políticos".
El peticionario también recuerda que la ley permitiría al Ejecutivo blindarse de investigaciones judiciales, dejando el control en manos de un “Fiscal General cuya independencia está en entredicho y que enfrenta una causa penal por abuso de su cargo”.
Por todo, ello pide a la Comisión Europea una investigación preliminar sobre esta ley por si el Gobierno, respeta o infringe la normativa europea (en particular los arts. 2 y 19 TUE), la jurisprudencia del TJUE y las recomendaciones de la Comisión Europea y del GRECO. Solicita también que se remita la petición a las comisiones de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, Asuntos Jurídicos y Asuntos Constitucionales, para el oportuno seguimiento de la iniciativa.
Asimismo, solicita que se adopten todas las medidas para tratar de resolver la situación, acordando la celebración de audiencias, visitas de información o preguntas a la Comisión o al Consejo.
Ese mismo día también entró una segunda petición para denunciar que la reforma de la acción popular limita drásticamente la participación ciudadana en la Justicia, restringiéndola a ciertos delitos y excluyendo a partidos, asociaciones y entidades jurídicas. Además, establece un control judicial sobre los querellantes, dificultando aún más su personación en los procesos.
Por otro lado, el peticionario subraya que la nueva causa de abstención obliga a jueces "a apartarse de casos si han expresado opiniones críticas o participado en actos relacionados con las instituciones o sus representantes". Esto supone, recoge la petición, "un ataque a la libertad de expresión y podría derivar en una persecución ideológica dentro del poder judicial".
Dado "el riesgo de quiebra del Estado de Derecho", solicita al Parlamento Europeo que la Comisión Europea investigue "si la ley infringe el derecho comunitario y los principios democráticos de la UE y que la petición sea remitida a las comisiones de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos Constitucionales para su seguimiento".
Fuentes consultadas por 20minutos dejan de momento el proceso en ese punto, aunque no descartan que los asuntos se puedan llevar en el futuro a una sesión plenaria en Estrasburgo. Además, esto va en paralelos a las misivas enviadas por la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, al comisario de Justicia, Michael McGrath, para que siga de cerca las dinámicas del Gobierno de Pedro Sánchez en lo que se refiere al Estado de Derecho. Los populares aseguran que la Comisión Europea "está haciendo su trabajo" en este sentido.
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