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La asesora de Moncloa que ayudó a Begoña Gómez con sus negocios privados, Cristina Álvarez, se enfrenta a su segundo asalto ante el juez Juan Carlos Peinado. Tras comparecer como testigo el pasado 20 de diciembre, ahora lo hará como imputada por corrupción en los negocios y tráfico de influencias. El juez también tomará declaración este miércoles al exvicesecretario de Presidencia que la propuso para el cargo, a dos cargos de la Complutense y a los representantes de Google, Indra y Telefónica. A diferencia de Álvarez, ellos acudirán como testigos y, por tanto, con obligación de decir la verdad y de responder a las preguntas de todas las partes.
Una de las declaraciones más esperadas de la jornada es la de Alfredo González Gómez, el mencionado ex alto cargo de Moncloa que propuso el nombramiento de Álvarez. Como desveló El Confidencial, esta asesora entró en Presidencia del Gobierno en julio de 2018 con el puesto de directora de programas, pero desde el primer momento estuvo ejerciendo de secretaria personal de Gómez y terminó por gestionar el patrocinio de distintas empresas para su máster en la Complutense.
En un reciente informe, Presidencia ya trató de justificar las labores de Álvarez. "Tales tareas comprenden, entre todas las que se pueden incluir en el ámbito de tareas de confianza, las siguientes: la gestión de la agenda y la preparación de la presencia en reuniones, visitas y/o eventos, la gestión y administración de las comunicaciones”, afirmaron. También "la asistencia telefónica y documental, el acompañamiento en desplazamientos y la interlocución y coordinación con los equipos de protocolo, seguridad, asuntos exteriores y resto de departamentos implicados en la organización de actos y viajes del presidente del Gobierno o derivados de su propia agenda”.
Pese a ello, las acusaciones populares consideran que estas funciones en ningún caso justifican los trabajos que acabó realizando para la mujer del presidente en su máster, por lo que, según apuntan las fuentes consultadas, aprovecharán el interrogatorio a González para aclarar dos puntos: hasta qué punto Pedro Sánchez o algún otro alto cargo de Moncloa pudo influir en su nombramiento como asesora y, al mismo tiempo, si alguien dio órdenes expresas sobre cuáles iban a ser sus competencias.
La jornada de este miércoles está además marcada en rojo por las declaraciones de los representantes de Google, Indra y Telefónica. Como también desveló este diario, Gómez pidió a directivos de estas compañías que le hicieran gratis su software para el máster de la Complutense que codirigía desde 2020. Solo en el caso de Indra, los trabajos le supusieron un coste de más de 150.000 euros, pero ni ella, ni el máster, ni la universidad les abonaron cantidad alguna. La mujer de Sánchez registró después la aplicación informática en la Oficina Española de Patentes y además controla el 100% de las acciones de una empresa que lo ofrece.
En el caso de Telefónica, el juez tomará declaración al número dos de la compañía en España, Sergio Oslé. El director jurídico de la empresa ya compareció en enero y aseguró que la invitación a participar en el software fue sugerida por Rosauro Varo, uno de los mayores accionistas individuales de la compañía y miembro de varios de sus consejos. Según explicó, Varo conocía a la mujer del presidente de los tiempos en los que fue consejero de El Español y de Prisa, y fue ella quien le contactó para exponerle su proyecto. Tras esta llamada, el empresario convocó a una reunión a Oslé y al encuentro también acudió José María Álvarez-Pallete, tal y como desveló El Confidencial.
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Las acusaciones consideran crucial el interrogatorio a Oslé para intentar aclarar si el Gobierno ejerció algún tipo de influencia política para que Telefónica se involucrara en el software de Gómez. También centrarán sus preguntas en confirmar que fue ella quien realmente llamó de forma directa a Varo, en el papel que pudo jugar Álvarez-Pallete y en si se produjo algún tipo de contraprestación por parte del Gobierno después de que accedieran a desarrollar este programa para la mujer del presidente.
En cuanto a Indra y Google, el juez también citó a sus representantes el pasado enero, pero finalmente no declararon. La primera de las empresas, participada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ya trató de justificar en un escrito remitido a Peinado que su apoyo a Gómez respondió a una colaboración "altruista con distintas universidades", pero las acusaciones incidirán este miércoles en si ese control estatal sobre la compañía desembocó en algún tipo de presión política.
La ronda de interrogatorios de este miércoles finalizará con dos cargos de la Complutense: la interventora María Elvira Gutiérrez-Vierna y la excoordinadora del Máster en Transformación Social Competitiva, Blanca María de Juan.
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