También se solicita al acusado una fianza de 40.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias.
El juez instructor de la causa por delito de odio contra el presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne (Vox), ha dictado la apertura de juicio oral por romper durante un pleno una fotografía de militantes republicanas asesinadas en 1937.
El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma, Juan Manuel Sobrino, ha emitido una resolución por la que solicita al acusado una fianza de 40.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponerse durante el procedimiento. De acuerdo con el auto, el órgano competente para conocer y juzgar dicha causa será un Juzgado de lo Penal de Palma.
El juez instructor concluyó que había indicios suficientes para considerar que los hechos investigados, ocurridos el pasado 18 junio en el pleno de la cámara autonómica, podrían ser constitutivos de un delito de odio. Le Senne, durante un debate sobre la derogación de la Ley de Memoria Democrática balear, rompió una imagen en la que aparecían las militantes comunistas Aurora Picornell y Antònia y Maria Pascual, conocidas como 'Las rojas del Molinar', asesinadas por falangistas la noche de Reyes de 1937 en Mallorca.
"Rabia, ira y desprecio"
Durante el debate parlamentario, la segunda autoridad en Baleares arrancó la imagen exhibida en el ordenador de la vicepresidenta segunda de la mesa, la socialista Mercedes Garrido. Después de llamar al orden tres veces a Garrido y a la secretaria segunda de la Mesa, la también socialista Pilar Costa, Le Senne, de acuerdo con el juez instructor, mostró "rabia, ira y desprecio" hacia lo que representan las imágenes, arrancando la foto y arrojándola al suelo.
Estos hechos, además, no ocurrieron en cualquier lugar, sino en la institución que representa a la comunidad, y precisamente en la fecha en la que se estaba discutiendo la derogación de la Ley de Memoria Histórica de las islas, remarca el magistrado.
La Fiscalía pidió el sobreseimiento de las actuaciones contra Le Senne y la defensa del político de Vox reclamó el archivo de las actuaciones al considerar que "no tuvo responsabilidad alguna en los hechos denunciados".
Entre 16 meses y 4 años de cárcel
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Mallorca, en su nombre y en el de los familiares de las republicanas represaliadas de la fotografía, pidió en su escrito de acusación contra el presidente del Parlament 20 meses de prisión, una multa de alrededor de 9.900 euros y el pago de una indemnización de 30.000 euros.
La acusación popular, por su parte, reclama para Le Senne 16 meses de cárcel, 30.000 euros de multa, otros 30.000 euros de indemnización, la suspensión de cargo público por tres años y medio y una inhabilitación por 10.
Las otras dos acusaciones, el Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) y el Partido Comunista de España (PCE), solicitan que se le impongan cuatro años y 20 meses de cárcel, respectivamente, así como el pago de indemnizaciones desde los 13.000 a los 80.000 euros.
En cuanto a la petición de PCPE para que el partido político Vox sea juzgado en condición de responsable civil subsidiario, el juez ha declinado este punto al considerar que los hechos investigados son unas acciones del presidente del Parlament en el que nada tuvo que ver la formación.
Dispuesto a colaborar
El investigado, no obstante, se ha mostrado dispuesto a colaborar con la Justicia en el acto de juicio para "despejar toda duda de que no cometió ningún delito". En un escueto comunicado ha recordado que sigue amparado por la presunción de inocencia y ha insistido en que aquel 18 de junio, actuó "únicamente en aplicación del reglamento y sin ninguna intención de humillar a nadie".
La segunda autoridad de las Islas ha añadido que sigue pendiente de resolverse el recurso de apelación presentado ante la Audiencia Provincial, al que el fiscal se ha adherido reiterando la petición del sobreseimiento de la causa.
Piden su dimisión
Dada la situación, el portavoz adjunto del PSIB en el Parlament, Marc Pons, ha señalado este jueves que si el investigado no dimite "inmediatamente", sea la presidenta del Govern, Marga Prohens, la que promueva su cese.
En declaraciones a los medios de comunicación en la Cámara autonómica, el socialista ha argumentado que el orden lógico de los acontecimientos tendría que ser, primero, la dimisión por propia iniciativa de la segunda autoridad de las Islas y, segundo, que sea Prohens o el PP quienes impulsen su salida.
"Hoy es un día negro para Baleares y para la democracia en su conjunto. Nunca nadie había degradado la imagen del Parlament como lo está haciendo en estos momentos su presidente, arropa... {getToc} $title={Tabla de Contenidos}