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La vivienda se ha convertido en la principal preocupación de los españoles, pero la pugna política impide dibujar un horizonte de consenso para abordar una problemática que los dos grandes partidos consideran "de Estado". El PP no tiene mayoría en el Congreso, pero sí gobierna para el 70% de la población gracias a su ingente poder territorial, contra el que chocan las recetas del PSOE para intentar acotar los problemas en el acceso a los inmuebles. Las comunidades autónomas tienen delegadas las competencias de vivienda, y Génova lo aprovechará como escaparate para ejecutar su propio plan urbanístico.
Es el fin con el que Feijóo convocó a los barones del PP este fin de semana a un retiro de trabajo en Colunga (Asturias). Del encuentro saldrá una Declaración de compromisos firmada por sus 12 representantes autonómicos. El gran eje, además de medidas incentivar el "mercado único" en sus territorios, serán las propuestas para facilitar el acceso al mercado de la vivienda, centradas en la liberalización de suelo público para incrementar la oferta de inmuebles. Pero dentro de ese plan, el PP pondrá también el acento en una de sus grandes banderas: la lucha contra la ocupación ilegal y el fenómeno de la "inquiokupación".
Todos los presidentes autonómicos del PP se comprometerán por escrito este domingo a implantar en sus territorios un "servicio de atención a las víctimas de la okupación", que incluye desde un portal institucional adhoc para ofrecer información hasta la prestación de asesoría jurídica gratuita y la conexión con policías locales, pasando por la creación de un registro de viviendas okupadas y la implantación de una especie de 'teléfono antiokupación' para agilizar las denuncias y ofrecer una "atención prioritaria".
Esta última iniciativa ya está implantada en algunas regiones gobernadas por el PP, pero el objetivo es "unificarlas" y crear una especie de marco común en sus territorios para combatir esa problemática que, insisten, se ha incrementado en los últimos años. La Xunta de Galicia, aun bajo el mandato de Feijóo, fue pionera en ofrecer este tipo de asesoría telefónica gratuita, que habilitó en diciembre de 2020. La iniciativa fue replicada por otros presidentes populares, como fue el caso de Isabel Díaz Ayuso, que puso a funcionar un 'teléfono antiokupación' en Madrid a mediados de julio de 2022.
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Para el PP, el fenómeno de la okupación es uno de los grandes "desincentivos" del mercado del alquiler, ya que, a su juicio, no solo afecta a los propietarios sino también "a los inquilinos que tienen que pasar por un auténtico casting con requisitos imposibles para arrendar una vivienda por la desconfianza de los caseros y su indefensión ante este tipo de casos", agrega la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible, Paloma Martín, responsable de la Ley de Vivienda que el PP registrará en el Senado y de los detalles de la Declaración de Asturias que firmarán los barones este domingo, documento que Génova ha debatido en las últimas semanas con los consejeros autonómicos.
Los barones del PP se comprometerán, además, a impulsar en sus respectivos parlamentos autonómicos una batería de mociones para presionar al Gobierno y exigir que desbloquee su Ley 'antiokupa' en el Congreso, que lleva casi un año paralizada por la mayoría progresista de la Mesa de la Cámara Baja. El PP aprobó la norma en el Senado en febrero de 2024 gracias a la mayoría absoluta que ostenta en la Cámara Alta, pero se dio la circunstancia de que tanto Junts como PNV se abstuvieron en aquella votación. Si ese esquema se repitiese en el pleno del Congreso, la norma terminaría definitivamente aprobada.
Los populares defienden desalojos exprés en 24 horas de los okupas, así como un incremento de las penas para quienes "ocupen, promuevan o faciliten la okupación". Proponen, además, que la inscripción de los asaltantes en el padrón municipal se considere directamente nula, "sin que se les pueda atribuir ningún derecho", y garantizar por ley que las comunidades de propietarios "puedan realizar acciones preventivas" contra este tipo de fenómenos. Todas estas líneas estarán recogidas de forma simbólica en la Declaración de Asturias, pero solo tendrán efectos reales si la ley termina viendo la luz en el Congreso de los Diputados.
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Con todo, hay que recordar que la agilización de los desahucios en casos de okupación puede ser una realidad en el corto plazo. Y no porque Francina Armengol vaya a desbloquear la norma del PP, sino gracias a una enmienda que el PNV logró colar en la Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia gracias al "error" de ERC y Bildu, que votaron a favor, además de PP y Junts.
La ley entrará en vigor el próximo mes de abril, salvo que el Gobierno impulse un decreto para revocar ese cambio legal, tal y como le pide Podemos. Es un escenario improbable, porque aunque el Ejecutivo cediera a la presión de los morados, no tendría mayoría suficiente en el Congreso para aprobarlo.
La agilización de los desahucios en casos de okupación puede ser una realidad
La enmienda de los jeltzales implica la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para que los delitos de usurpación y allanamiento de morada pasen a tramitarse por el procedimiento abreviado de los procesos judiciales. El PP saluda la iniciativa del PNV, pero considera que se queda "muy lejos" de lo que ellos proponen en la normativa paralizada en el Congreso.
La cumbre de este fin de semana culminará con un gran acuerdo entre las CCAA del PP para ceder suelo público en desuso y levantar inmuebles a precios asequibles, destinados tanto a la compra como al alquiler, gracias a la colaboración público-privada. Las recetas de vivienda del PP se centran en el aumento de la oferta para tratar de reducir los precios, y completarán su plan con distintas medidas fiscales orientadas tanto a los jóvenes como a los propietarios, que también se implementarán de forma global en sus territorios.
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