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El instructor del caso contra el fiscal general del Estado, el magistrado Ángel Hurtado, ha acordado que las partes solo podrán ver los vídeos de las declaraciones acudiendo al propio Tribunal Supremo (TS), si bien se les notificará la transcripción de las mismas, con el objetivo de evitar filtraciones.
En un auto, Hurtado establece que "las diligencias consistentes en la toma de declaraciones personales quede limitada a la entrega a las partes de su trascripción por escrito, no así del soporte videográfico en que queda registrado, al que podrán tener acceso en la sede de este tribunal".
El magistrado explica que, si bien la regla general es que "las actuaciones judiciales serán públicas, contempla excepciones previstas en las leyes de procedimiento", entre ellas que, "por razones de orden público y de protección de los derechos y libertades, los jueces y tribunales, mediante resolución motivada, podrán limitar el ámbito de la publicidad y acordar el carácter secreto de todas o parte de las actuaciones".
Además, Hurtado señala que, en lo tocante a la fase de instrucción, esa regla general se refiere a las partes del procedimiento judicial, ya que "el sumario sigue siendo secreto en el sentido genérico", "lo que implica que, por la razón de reserva que ello conlleva, está prohibida su difusión a terceros, por quienes han tenido acceso".
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EFE
El instructor recuerda que, con motivo de la declaración testifical del que fuera líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, el pasado 29 de noviembre, advirtió a las partes de que, "en relación con el sumario 'hay un secreto interno y un secreto externo'" y les rogó "la máxima discreción y el máximo escrúpulo en respetar" eso.
"No obstante los anteriores antecedentes, no se puede obviar las filtraciones que a determinados medios han tenido varias actuaciones, lo que ya ha dado lugar a la deducción de particulares para su remisión al juzgado de instrucción correspondiente, a los efectos oportunos, como se hizo mediante providencia de fecha 5 de diciembre de 2024", apunta.
En esa resolución judicial, Hurtado envió a los juzgados de Madrid las quejas del fiscal general, Álvaro García Ortiz, y de la otra imputada en este caso, la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por la filtración de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil; y otra queja de la acusación particular ejercida por Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también por filtraciones.
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