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El Tribunal de Cuentas ha detectado una serie de deficiencias en el desarrollo de proyectos para el turismo local, subvencionados con fondos covid, en municipios de toda España. El organismo, en un informe publicado el pasado 18 de diciembre, fiscaliza las actuaciones de una treintena de ayuntamientos para el "fortalecimiento de la actividad comercial en zonas turísticas" y advierte de la baja ejecución y de la falta de control generalizada en casi todas las fases de la convocatoria.
El análisis se centra en las ayudas públicas concedidas a las entidades locales en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez tras la pandemia. El informe remite específicamente a las subvenciones adjudicadas en el ejercicio de 2021, dotadas con un presupuesto total de 32.173.333 euros, de los que finalmente se repartieron 32.019.292 euros.
El Tribunal de Cuentas expone varios problemas. Todos los proyectos, sin excepción, "presentan deficiencias en su definición, presupuestación o programación temporal". Esto significa que se han producido "desviaciones en las actuaciones", tanto en el coste como en los plazos inicialmente previstos, que han derivado en distintas ampliaciones de fecha e incluso la renuncia a la subvención recibida. Es el caso del Ayuntamiento de Noja (Cantabria), que ni siquiera llegó a iniciar los trabajos previstos, hasta presentar su renuncia definitiva (julio 2023) y devolver el dinero recibido. El tribunal, sin embargo, afea esta situación y recuerda que conlleva un quebranto en las arcas públicas.
"Evidencia una actuación ineficiente por parte del Ayuntamiento en la gestión del proyecto y en la utilización de los fondos recibidos, quedando sin ejecutar un proyecto que podría haber resultado beneficioso para el municipio y, fundamentalmente, para el sector comercial, además de generar un gasto a las arcas municipales, al tener que abonar los intereses de demora", dice el informe, al que ha tenido este acceso este periódico. Pero las carencias de las administraciones van más allá.
El órgano fiscalizador advierte de "deficiencias en la gestión, control y seguimiento" de los planes para el turismo local, lo que ha impedido una correcta ejecución. El tribunal recomienda "mayor rigor" de los ayuntamientos para optar a estas subvenciones y un refuerzo de las herramientas disponibles. "Las entidades locales deberían adoptar un mayor rigor en la selección de los proyectos y disponer de los medios y recursos adecuados para garantizar una adecuada realización de los mismos, teniendo en cuenta su complejidad técnica y las necesidades derivadas de la tramitación de las actuaciones que se incardinan en el PRTR [Plan de Recuperación, Transformación, y Resiliencia]", añade el escrito.
La fiscalización del Tribunal de Cuentas se ha desarrollado a partir de una muestra, con ayuntamientos como Archena, Noja, Santander, Murcia o Logroño, entre otros, además de la Diputación Provincial de Cáceres como órgano competente sobre nueve municipios de este territorio de Extremadura, con poblaciones inferiores a 20.000 habitantes.
Falta de vigilancia
La falta de vigilancia es el denominador común entre el grueso de los proyectos tramitados, sin controles para medir los supuestos beneficios en el turismo y la economía local. "Las entidades fiscalizadas no han realizado estudios sobre el impacto que los proyectos han tenido en el comercio de los municipios, en gran medida debido a que no todas las actuaciones están concluidas, así como a la falta de medios personales para llevarlos a cabo", dice el Tribunal de Cuentas, y acto seguido lanza un nuevo consejo sobre las lagunas de esta convocatoria.
"Se recomienda a las entidades locales beneficiarias reforzar los sistemas de seguimiento y control de los proyectos, para asegurar el cumplimiento, durante la ejecución de los mismos, de las condiciones establecidas en su concesión y evitar, en la medida de lo posible, situaciones que acaben produciendo la pérdida total o parcial de la financiación procedente de la subvención y costes adicionales a la entidad", continúa, tras reclamar también que las entidades asignen los recursos necesarios.
El informe de fiscalización señala que ninguna de las entidades locales ha dispuesto "herramientas informáticas específicas" para este extremo, además de advertir de los retrasos en las obras ejecutadas, con Logroño, Los Alcázares, Murcia y Reinosa como ejemplos. "(...) si finalizado el plazo para la ejecución del proyecto, las entidades no realizaran íntegramente la inversión financiable, deberán proceder al pago correspondiente a la inversión no efectuada más los intereses de demora", subraya.
El ámbito de fiscalización, aclara el informe, engloba el ejercicio de 2021 y los siguientes en los que se desarrollaron las actuaciones, con el 31 de julio de 2024 como límite. Si bien en análisis está cerrado, el tribunal avisa de que puede continuar más allá de esa fecha, "sin perjuicio de que puedan efectuarse comprobaciones sobre ejercicios anteriores para la mejor consecución de los objetivos de la fiscalización".
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