"¿Si regresas a tu país te van a matar?": el doble rasero de España con el sistema de asilo

"Le consulté a un abogado sobre mi caso de asilo y me preguntó si podían matarme al regresar a mi país", cuenta Luz Escobar, una periodista cubana de 47 años exiliada en España. Llegó en octubre de 2022 a Madrid con dos hijas adolescentes y su esposo, todos habían sido acosados por la Seguridad del Estado, la policía política del régimen cubano. Ella tenía la esperanza de regularizarse con facilidad, pero como no es venezolana o nicaragüense, su caso sigue sin resolverse.

"Cuando llegas aquí desde Cuba no hay una asimilación de que venimos de un país en crisis con una dictadura", explica. "A nivel del Gobierno español la percepción que hay sobre Cuba es muy distinta a la realidad, cosa que no sucede con Nicaragua o Venezuela. Quienes vienen de allí son considerados dignos de refugio casi de manera automática". Por eso un abogado le preguntó si su vida corría peligro en caso de volver a la isla. Ella le dijo que no, que el Gobierno totalitario más antiguo del hemisferio occidental no necesita matar a los periodistas que alcen la voz en su contra, "ya nos matan en vida".

"El abogado me explicó que mi caso de asilo probablemente no iba a salir con éxito porque de manera general a los cubanos no les están dando el asilo", continúa la periodista. "Al preguntarme si me iban a matar en caso de volver, simplificó la represión, la vigilancia, la persecución y las amenazas que hemos sufrido muchos por hacer nuestro trabajo. Ni siquiera tuvo en cuenta si podía regresar a Cuba, porque a veces el régimen nos pone en una lista de personas reguladas que no pueden volver. Aquí existe el prejuicio de que todos los que solicitamos asilo inventamos historias. A pesar de que la represión en mi caso está ampliamente documentada, todo está congelado. Al parecer, casos como el mío entran en un sistema o archivo en el que se acumulan los expedientes. Si no viene una mano mágica a priorizarte, te quedas ahí hasta que al cabo de un tiempo te deniegan la solicitud".

Historias como la de Escobar se repiten constantemente, a tenor de las propias leyes españolas. Según el procedimiento que debería acatar la Policía Nacional para la tramitación de las solicitudes de asilo y refugio, cada expediente debe ser estudiado por la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio. Esta hará una propuesta al Ministerio del Interior, "que será el competente para dictar la correspondiente resolución". Toda la tramitación del expediente debería realizarse en un plazo máximo de seis meses. Transcurrido dicho plazo "sin que recaiga resolución expresa sobre la solicitud de protección internacional formulada, esta podrá entenderse desestimada".

Una cosa es tener la necesidad de regularizarte en un país, y otra es tener que hacerlo porque te quedaste sin país

Lo normal es que a personas como Escobar se les trate igual que a los inmigrantes irregulares que no llegan a España por ser perseguidos en sus países. Una cosa es tener la necesidad de regularizarte en un país porque quieres asentarse en busca de fortuna o calidad de vida, y otra es tener que hacerlo porque te quedaste sin país. Son tantos los inmigrantes que llegan aquí y solicitan asilo o refugio, que quienes reciben y tramitan estos casos han normalizado que la mayoría de las solicitudes no tengan una base real. Esto se traduce en que al ser prácticamente ignorados, los casos de personas que sí necesitan refugio y asilo muchas veces no llegan a ser aprobados o tardan años en resolverse. Es decir, no funciona correctamente el mecanismo español que debería hacer valer el Artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país).

Al igual que Escobar, Yadiris Luis Fuentes, otra periodista cubana exiliada en Madrid, tampoco ha recibido respuesta de su solicitud de asilo. "Una cosa que me sorprendió mucho es que uno tiene que estar empadronado para hacer la solicitud aquí en Madrid. Imagínate a alguien que viene huyendo de una situación de guerra o de persecución política, y le pidas que esté empadronado en un país donde no conozca a nadie. Me parece que ese requisito es una injusticia".

Luis Fuentes llegó a España en septiembre de 2022 huyendo de la represión que desató el régimen cubano contra ella y otro grupo de periodistas independientes. Tardó dos meses en acceder a su primera cita de asilo. Aquel día le iban a dar un documento que no le serviría de mucho, y tendría que esperar hasta agosto de 2023 para iniciar realmente el proceso. "Yo estaba super deprimida tras haber llegado de Cuba", recuerda. "Pero como faltó alguien a su cita, un oficial me dijo que en su lugar me iba a entrevistar. Gracias a eso salí de ahí con la carta blanca".

Esa fue la única cita que no tuvo que pagar, porque "todavía era posible sacar una de manera telemática". Ya para obtener la tarjeta roja, que es la que incluye el permiso de trabajo, sí debió contactar a "alguien que se dedica a eso" y gastar más de 100 euros en su cita. "Me parece horrible tener que pagar una cosa así. Y para coger la segunda tarjeta roja también tuve que comprar una cita. En esta última me agobié muchísimo porque lo viví como una especie de revictimización, teniendo que demostrar todo el tiempo que mi historia era cierta".

Como hay miles de personas buscando la primera cita de asilo que les permita iniciar un proceso de regularización en España, en los últimos dos años prácticamente se ha colapsado el sistema para pedirlas. En septiembre de este año, el Ministerio del Interior detuvo a dos personas en Valencia por, presuntamente, "bloquear el sistema online de citas de Extranjería mediante un bot informático, acaparándolas casi en su totalidad para venderlas posteriormente".

Esta situación ha sido denunciada por numerosas ONGs y hasta por el Defensor del Pueblo. El Confidencial se comunicó con el Ministerio del Interior para conocer su postura sobre esta problemática, pero no recibimos ninguna respuesta. También intentamos comunicarnos con la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior a través de los teléfonos asociados a ella, pero no lo conseguimos.

"La compra y venta de citas es un fraude de ley que nosotros llevamos tiempo denunciando, tanto a nivel público como oficial", explica a este diario Elena Muñoz, coordinadora estatal del Servicio Jurídico de la ONG Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). "Nos consta que se han hecho investigaciones y se han desmantelado algunas organizaciones que se dedicaban a eso, pero es una dificultad más para acceder al asilo. Muchos terminan pagando cientos de euros por un trámite que debería ser gratuito".

"Ahora mismo hay bastante retraso para conseguir la primera cita, con la que se inicia la solicitud de protección internacional", continúa Muñoz. "En cada una de las provincias se accede a esas citas de forma distinta, pero las dificultades se dan en todos los casos. Según la legislación europea, en tres días tendrían que estar registradas esas solicitudes, pero la realidad es que se están tardando meses".

En cuanto al plazo de resolución de las solicitudes, Muñoz alerta que se está incumpliendo lo establecido en la gran mayoría de los casos: "Aunque sí hay algunas peticiones que se resuelven en el plazo de seis meses que demarca la ley, la media del tiempo que duran estos trámites es de 15 meses".

Las consecuencias del problema

A todo el agobio que genera el proceso de asilo en sí, se suman las consecuencias de no avanzar en él. "Un día me llamaron del banco y me dijeron que me congelarían la cuenta con todo el dinero, porque estaba a punto de quedarme en condición irregular", recuerda Luis Fuentes. "Es difícil describir lo que uno experimenta en un momento como ese, pero sientes que la vida se te hace más difícil. Todo te hace pensar que te fuiste de un sitio en el que no podías estar por el riesgo de ir a la cárcel, pero llegas a otro en el que no te sientes segura a pesar de que no estás siendo acosada".

La periodista colombiana Andrea Aldana, quien fue "sacada" de su país por la ONG Reporteros Sin Fronteras debido a la persecución que sufría, recuerda lo mal que vivió el proceso de asilo: "Era difícil soportar el vértigo y la incertidumbre que me generaba la posibilidad de quedar sin papeles, y de que me pudieran deportar en cualquier momento. Se trata de una sensación permanente de no tener derechos en este país. Tuve mucha ansiedad, ataques de pánico y no se me quitaba la angustia por no saber qué iba a pasar conmigo".

Después de estar tres años esperando el asilo te dicen que no, y entonces tienes que solicitar lo que se conoce como un arraigo

Ella recibió la aprobación de su solicitud, pero conoce muchos casos de personas que se lo merecían y no corrieron con la misma suerte: "Después de estar tres años esperando el asilo te dicen que no, y entonces tienes que solicitar un arraigo, cosa para la que tienen que quedarse como un año indocumentados. Eso implica trabajar en negro y deriva en una explotación laboral de gente indocumentada".

Las personas que están en medio de estos procesos se encuentran en "una situación de incertidumbre terrible", alerta Muñoz. "Hasta que no obtienen el comprobante de que sacaron una cita, su situación permanece en una especie de limbo jurídico, porque ante las autoridades españolas no queda registrado en ningún sitio que son solicitantes de protección internacional. Entonces las autoridades pueden hacerles una orden de expulsión y tienen dificultades para acceder a servicios básicos como la sanidad".

"Yo jamás voy a señalar por esta situación a otros que quieran establecerse aquí", aclara Luis Fuentes. "Los migrantes tienen que utilizar los métodos que tienen a su alcance para quedarse. El problema es la burocracia del sistema español que te envuelve, y que no es nada amable con la migración. Los migrantes al final también levantamos la sociedad. No existen otras vías para la regularización, quizás tienen que pasar años para que lleguen. El asilo ha sido la forma que ha encontrado mucha gente para poder trabajar legalmente, por ejemplo".

¿Qué debe cambiar?

Muñoz recuerda que existen ejemplos de buenas prácticas con respecto a los mecanismos creados en ciertos escenarios para la obtención de las citas: "Las personas que huyeron de Ucrania y que al llegar aquí pidieron protección temporal, se beneficiaron de otro sistema de citas. A través de una centralita era muy sencillo acceder a los turnos, ahí no hubo compraventa de citas porque no escaseaban".

"Creo que debería haber un sistema para que las citas estuviesen más accesibles", coincide Luis Fuentes. "Eso ahora mismo es imposible. Supongo también que deberían haber más funcionarios o personas analizando los casos. El protocolo que se le aplica a una persona como yo no debería ser el mismo que vive un migrante irregular que no es perseguido en su país de origen, pero estamos todos en el mismo saco".

"Con dos párrafos es muy difícil determinar si la persona necesita protección internacional"

Muñoz apunta a un cambio de todo el sistema que procesa estos trámites para que los refugiados puedan notar una mejoría: "Lo primero que habría que hacer sería redimensionar todas las estructuras administrativas para atender el número de solicitudes de asilo que recibimos. Luego habría que utilizar más aquellos mecanismos que existen para rechazar o inadmitir las solicitudes que no tienen una base bien fundada, así se podrían estudiar a fondo los casos que sí se ajustan a las normas de protección internacional".

"En muchos casos las entrevistas que se hacen son muy escuetas", concluye Muñoz. "Con dos párrafos que se registren es muy difícil determinar si la persona necesita o no protección internacional. Por eso sería bueno formar bien a las personas que entrevistan. Lo mismo habría que hacer con todos los abogados y personas que asisten a los solicitantes. También es importante que durante el proceso se cumplan todas las garantías. Si se detecta que estamos ante una persona vulnerable, por ejemplo, pues hay que darle un trato diferenciado".

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