La mejora del 33,5% situará la prima por usuario en los 1.262 euros en 2027, pero todavía se queda lejos de los 1.736 euros equivalente en la pública. El sector históricamente ha reclamado una armonización en precio.
El Gobierno cumple con su palabra y lanza una licitación de urgencia en aras de salvar la mutua que da cobertura sanitaria a 1,5 millones de funcionarios. Consciente de que las condiciones debían mejorar lo suficiente como para evitar otro desplante de las aseguradoras, el Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública ha puesto sobre la mesa un incremento de la prima del 33,5% a repartir en tres años. Esto supone que con los incrementos aplicados del 19,37% en 2025, del 7,25% en 2026 y del 4,32% en 2027, la tarifa media se situará en 1.262,28 euros, frente a los 1.032,12 euros estipulados en el momento actual, pero cuenta con la 'letra pequeña' de atar a las aseguradoras en Muface durante un mayor periodo que la primera licitación.
Así, en los pliegos que quedaron desiertos en noviembre, el Gobierno ofrecía un contrato para dos años y ahora a tres. Algo que limita la capacidad del sector para ajustarse en precio si se producen escenarios inflacionistas.
El departamento que encabeza Óscar López busca con este alza acercarse a las exigencias de SegurCaixa Adeslas, Asisa y DKV Seguros, que incluso antes de dejar desierta la primera licitación ya exigían que la subida tendría que rondar el 40%. Pese a este esfuerzo, el coste medio establecido por el Ejecutivo al acabar el trienio para un mutualista seguirá estando por debajo del gasto sanitario 'pér capita' de un usuario de la sanidad pública, que en 2023 ascendía a 1.736 euros. La cifra no incluye el gasto en farmacia ni otras cuantías asociadas a la asistencia sanitaria.
El nuevo importe planteado por Moncloa no contribuye a cerrar la brecha existente entre los pacientes del sistema de mutuas y los de la sanidad pública, una reivindicación histórica tanto por parte del sector asegurador como por el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), 'lobby' que defiende los intereses de la asistencia privada. Tomando como referencia el coste del ejercicio pasado y sin tener en cuenta la inflación de los próximos ejercicios, dentro de tres años el 'gap' entre un sistema y otro estará por encima de los 473 euros, algo que desde el seguro consideran discriminatoria.
"El sector no pide equiparar porque el modelo es diferente, pero al menos sí acercar las cuantías porque el cuadro de coberturas médicas de Muface es incluso más amplío", señalan fuentes de mercado. Cabe destacar que un funcionario paga por su seguro de salud privado una prima inferior al coste de mercado que llega a estar un 150% por debajo, según un estudio elaborado por Roams Insurtech, la correduría de seguros del grupo Roams.
Además de las diferencias en precio, otra fuentes aseguran a La Información que la mejora del 33,5% no ha sido bien recibida entre los tres operadores que prestan actualmente el servicio. La primera licitación contemplaba un alza del 17,12% en dos años, siendo del 16% en 2025, mientras el 1% restante se aplicaba el ejercicio siguiente. Si bien la nueva oferta es mejor en ambos ejercicios, les resta visibilidad en un escenario complejo a nivel macroeconómico.
Públicamente, la compañía más crítica al respecto ha sido SegurCaixa Adeslas. El grupo participado en un 50% a partes iguales por CaixaBank y Mutua Madrileña, ha reprochado a Función Pública que se haga a tres años en lugar de los dos ejercicios solicitados, ya que de este modo se "evitan imprevistos y costes sobrevenidos", tal y como ha ocurrido "con el convenio actual" que les ha empujado a registrar "grandes pérdidas", aunque no han especificado la cuantía. "Aun reconociendo el esfuerzo sobre la anterior licitación, está bastantes puntos porcentuales por debajo de la propuesta que hemos trasladado a la Administración donde, como siempre hemos venido explicando, nuestro objetivo es dejar de asumir pérdidas", defienden.
DKV, por su parte, ha esquivado realizar una valoración. La aseguradora también presta el servicio en exclusiva a los funcionarios en el extranjero a través de DKV Internacional, para el que Moncloa ha ofrecido 77,7 millones, frente a los 45,5 millones que puso sobre la mesa en un principio. No obstante, aún no se sabe si aceptará o, por el contrario, declinará la propuesta en medio del interés por Allianz Partners Health por conocer más acerca del concierto.
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