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Las dos horas que se ha alargado la nueva reunión entre Gobierno y PP para intentar desatascar el pacto migratorio parecía apuntar que, como mínimo, habría algún tipo de acercamiento entre los dos grandes partidos. Pero nada más lejos de la realidad. El acuerdo para desbloquear la reforma del artículo 35 de la Constitución y facilitar la reubicación de miles de menores migrantes que colapsan los centros asistenciales de Canarias y Ceuta sigue lejos. Y las posturas, más enconadas que nunca. Tanto, que fuentes del PP presentes en la reunión ya avanzan que no se volverán a sentar a la mesa. "No habrá más reuniones", zanjan en el PP. "El bloqueo es total", refrendan desde el Ejecutivo.
La delegación del PP, encabezada por Miguel Tellado, ha llegado a la cita en la sede del gobierno canario en Madrid con posiciones de máximos. Los conservadores han trasladado al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y a la ministra de Infancia, Sira Rego, que no prestarán sus votos para facilitar la reforma en el Congreso hasta que el Ejecutivo no asuma su política migratoria y el acuerdo que Alberto Núñez Feijóo firmó en septiembre con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.
Génova exige un cambio total en la acción del Gobierno para frenar la inmigración ilegal, y no sólo la modificación legal para hacer obligatoria la distribución de menores migrantes que llegan a las costas por el resto de comunidades autónomas. Y ese es el gran escollo. "El Gobierno no ha traído ninguna propuesta", señalaba Tellado a la salida de la reunión. "El único interés del Gobierno es cambiar el artículo 35 de la ley de Extranjería y desentenderse de la atención de los menores", censuraba.
Entre las condiciones del PP se encuentra la declaración de la emergencia nacional; la creación de un fondo de contingencia para que el Estado asuma la manutención de los menores derivados a las comunidades autónomas cuando éstas superen el 100% de su capacidad en los centros asistenciales; el despliegue del Frontex en las fronteras, especialmente en la isla del Hierro; o la activación, de la mano de la Comisión Europea, de un mecanismo europeo de reparto de menores en los países comunitarios.
El Gobierno desmiente de forma categórica que hayan llegado a la reunión con las manos vacías. Los ministros responsables, Ángel Víctor Torres y Sira Rego, han asegurado que han ido cumpliendo de forma sistemática algunas de las peticiones de los populares, como comprometerse a que todas las comunidades autónomas —incluida Cataluña— entren dentro del reparto o sus exigencias en materia de recursos. "La financiación tampoco es un problema", apuntan. Pero en lo que el Ejecutivo no va a transigir es en comprar la política migratoria del PP, que tachan de "segregacionista".
Tanto Torres como Rego se han quejado de que el PP no haya llevado a la reunión la postura del resto de sus comunidades autónomas y le hayan emplazado, una vez más, a convocar la Conferencia Sectorial para debatir el asunto de los menores con las regiones, de una en una. Con todo, la ministra de Infancia ha asegurado ante los medios que convocará el citado cónclave "a la mayor celeridad" para resolver, al menos, el problema de los más de 5.000 menores hacinados en Canarias.
"Nosotros no vamos a renunciar a modificar el artículo 35 de la ley", incidía la ministra. Pese a la tozudez del PP, donde afirman que no volverán a la mesa de diálogo, en el Gobierno no tiran la toalla. "No romperemos las negociaciones, y no nos levantaremos de la mesa".
El "contexto judicial" de Torres
Más allá de los desencuentros entre los dos grandes partidos por las medidas en materia de inmigración, lo cierto es que el "contexto judicial" que rodea a Ángel Víctor Torres obstaculiza más, si cabe, las posibilidades de acuerdo. El portavoz del PP en el Congreso e interlocutor del partido con el Gobierno había calentado la reunión tan sólo una hora antes de producirse el encuentro. Durante una rueda de prensa en la Cámara Baja, el dirigente popular acusó al ministro de intentar "sacarse una foto" con el PP para limpiar su imagen y tapar "los casos de corrupción que le persiguen".
"Hoy Ángel Víctor Torres está más necesitado que nunca de sacarse una foto con cualquiera que le permita avalar su condición de ministro ante todas las dudas que se ciernen sobre su persona", lanzó Tellado. "Realmente lo único que busca en esta reunión es reivindicarse como ministro aforado", reiteró, un discurso con el que el PP se aventuraba a enterrar todas las opciones de acuerdo antes incluso de que arrancase la cita. Hay que recordar que los populares solicitaron no permitir el acceso a la prensa gráfica, precisamente para que esa fotografía no se produzca y no normalizar la situación del ministro.
Tras afirmar, de momento sin pruebas, que Ángel Víctor Torres solicitó 50.000 euros a Víctor de Aldama a través de Koldo García, el principal comisionista de la trama denunció también ante el Tribunal Supremo un presunto amaño de un contrato de obra pública de 6,5 millones de euros por parte del ministro de Política Territorial durante su etapa al frente del ejecutivo canario. Aldama apunta, además, a una supuesta relación del dirigente socialista con una constructora vinculada a la trama, y destacó que Torres le debía favores por supuestas "gestiones" para facilitarle "encuentros de distinta naturaleza". Aldama asegura que tiene pruebas en un móvil requisado, y se ha ofrecido al juez para desencriptarlo.
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