:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2Fa41%2F020%2Fb23%2Fa41020b23a7f2a8fbaaa263eaad2897f.jpg)
Cuando el verano roza su fin, Calasparra (Murcia, 10.000 habitantes) festeja por todo lo alto sus fiestas patronales. A principios de septiembre, toros de distintas ganaderías recorren las calles principales de la localidad para después acabar en el coso. El Recinto Ferial se viste de gala y hay conciertos y almuerzos para celebrar la festividad en honor de la patrona, Nuestra Señora de la Esperanza. Pero el jolgorio se le ha acabado atragantando al exalcalde del municipio, exdelegado del Gobierno y actual secretario general del PSOE en la región, José Vélez.
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Caravaca de la Cruz ha ordenado, a través de un auto notificado este martes, la apertura de juicio oral contra Vélez por presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y falsedad documental por la organización de los festejos de la Fiesta Taurina del Arroz de los años 2017, 2018 y 2019, que coinciden con los encierros matinales que organiza el Consistorio.
Según se desprende del auto, contra el que no cabe recurso, la investigación se ha centrado en las relaciones que mantenía el Consistorio, en la época en la que Vélez era el alcalde, con el empresario propietario de Chipé Producciones, según recoge La Opinión de Murcia. El consistorio habría firmado acuerdos con esta empresa para la cesión de los toros que participaban en los encierros matutinos que organizaba el Gobierno local. Según detalla el magistrado en el auto, el Ayuntamiento de Calasparra habría abonado dinero público para paliar determinados gastos que se tradujeron en pagos directos a Chipé por facturas que carecen de justificación, por gastos de la Plaza de Toros, cuya gestión es privada o incluso para paliar desembolsos de la propia Feria Taurina del Arroz que también es de titularidad privada.
"De esta forma, el desembolso real que efectuó el Ayuntamiento para la cesión de las ganaderías para los encierros excedió ampliamente los precios pactados entre el consistorio y la mercantil tanto en los convenios de 2017 y 2018 como en el contrato menor de 2019", señala el juez en el auto de cierre de la investigación.
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F4e0%2Fa1b%2F8af%2F4e0a1b8af838cf7f93a13c01515ce031.jpg)
Pedro Sánchez y José Vélez en un miting del PSOE en 2017. Además de al también exdelegado del Gobierno, el juez ha ordenado abrir juicio oral contra Jordi Arce y Antonio José Merino, quienes ejercieron de concejales de Festejos de la localidad durante el mandato de Vélez; y al administrador de una mercantil, según ha informado el TSJ de Murcia en un comunicado.
La decisión del juez llega después de que la investigación culminara el pasado mes de septiembre. Tras las pesquisas, la Fiscalía presentó un escrito de acusación por delitos de prevaricación continuada, malversación de caudales públicos y falsedad documental solicitando penas que suman 8 años y 6 meses de prisión y hasta 18 años de inhabilitación para empleos o cargos públicos para el exregidor y los dos exediles. El fiscal requiere también una indemnización que asciende a 249.630 euros por el perjuicio ocasionado al Consistorio de Calasparra. Por su parte, la acusación popular pide 20 años de inhabilitación por malversación de caudales públicos y 8 años de cárcel. Además, eleva la cifra de indemnización hasta los 367.096 euros.
Reacción de los socialistas
Ante estas acusaciones, la portavoz del PSOE en Murcia, Carmina Fernández, ha apuntado que "desde el Partido Socialista respetamos al máximo la Justicia. Precisamente por el respeto de la Justicia en general, no vamos a valorar el auto de la Fiscalía en particular". En el comunicado emitido por el partido, han informado de que José Vélez, así como el resto de demandados, "han presentado un recurso a la Audiencia Provincial para que se cierre este caso".
Asimismo, los socialistas murcianos confían en que finalmente la causa quede archivada "como ha ocurrido con el resto de denuncias falsas que ha interpuesto el PP y el resto de la oposición de Calasparra", recoge la dirigente socialista en la carta. Concretamente, Fernández apunta a que "esta denuncia viene del entorno de la concejala María Martín, del PP de Calasparra" e insiste en que son "precisamente personas que tienen un proceso judicial abierto por presunta malversación de caudales públicos y falsedad documental en el Caso Caravaca Jubilar".
{getToc} $title={Tabla de Contenidos}