El escritor Santiago Posteguillo no ha podido ser más elocuente al describir el abandono del pueblo valenciano tras el paso de la DANA más catastrófica de nuestra historia reciente. "Pasó la noche y allí no había nadie", enfatizó el escritor en el Senado, que aseguró que un cadáver estuvo un día entero en la plaza de Paiporta sin que ninguna autoridad pública lo retirase. Posteguillo ha retratado a una clase política más preocupada en apuñalarse, como en tiempos de Julio César y la Antigua Roma, que en atender los problemas de la gente: "¿Cómo se puede ser desde las instituciones tan miserables?", añadió.
A lo largo de estas semanas hemos sido testigos del intercambio de acusaciones entre la Generalitat de Carlos Mazón y el Gobierno de Pedro Sánchez. La AEMET previó una caída de litros por metro cuadrado muy inferior a la que finalmente se produjo; la alerta de la Generalitat llegó tarde; Mazón estuvo desaparecido; los militares y la ayuda estatal tardó en llegar y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) no contaba con medios suficientes para prevenir adecuadamente la tragedia. Según ha podido comprobar El Confidencial, la CHJ ya advirtió 14 días antes de la DANA de que apenas contaba con tres vigilantes para los 60 kilómetros que recorre el Canal Júcar-Turia.
El 16 de octubre, la CHJ anuncia la licitación de un contrato de 'Trabajos de apoyo en las labores de mantenimiento y conservación de las distintas infraestructuras que componen el Canal Júcar-Turia' en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Un proyecto valorado en 5.323.297 euros. En los pliegos de contratación, elaborados por un técnico del canal, se advierte del escaso personal disponible para vigilar y mantener esta infraestructura crítica, que abastece de agua a la ciudad de Valencia y su área metropolitana.
"El canal Júcar-Turia es una infraestructura crítica cuya explotación está a cargo de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Para una perfecta explotación del canal, resulta evidente la necesidad de mantener en perfecto estado de funcionamiento dicha infraestructura (…) Dados los escasos medios de personal y recursos de los que se dispone (solo 3 vigilantes) y teniendo en cuenta que, para la realización de este servicio técnico, es requisito indispensable disponer de medios humanos ajenos con un perfil técnico y profesional competente", reza la documentación técnica.
Además, en la memoria justificativa se argumenta "la carencia de medios y personal impide que las citadas labores se puedan realizar con normalidad por lo que, para dar solución a los problemas planteados, se juzga necesario que se contraten externamente los servicios de mantenimiento y conservación, encaminados a mantener su operatividad".
Es decir, que la CHJ, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, ya reconoce su falta de medios humanos días antes de que se produjera la DANA. Es más, en dicha documentación se reconoce también la necesidad de reforzar los recursos humanos para actuar en situaciones de emergencia: "Para poder cumplir sus fines —el Canal Júcar-Turia— es necesario disponer de los medios necesarios para realizar tanto las operaciones normales de mantenimiento y conservación como ciertas intervenciones rápidas en respuesta a diversas situaciones de emergencia".
Que la Confederación Hidrográfica del Júcar no estaba preparada para un evento como la DANA que se vivió en Valencia lo demuestra este contrato y otros posteriores consultados por este medio. Dos semanas después de la tragedia, la CHJ adjudicó por la vía de emergencia las obras "para la reparación de daños en el canal Júcar-Turia ocasionados por la DANA". En este otro contrato, se explica que la crecida en el Barranco del Poyo fue tal, que el sensor para medir el caudal fue arrastrado por la corriente, siendo imposible saber con exactitud los metros cúbicos por segundo que llegó a alcanzar: "La crecida del Barranco del Poyo se inició en su cabecera, con importantes daños en el municipio de Chiva, siendo registrado en el punto de control situado en el cruce con la A-3 un caudal máximo cercano a 2.300 m3 /s, aunque con elevada incertidumbre, ya que el sensor fue arrastrado por la corriente cuando registraba unos 2.000 m3/s".
En los mismos pliegos se admite a su vez que la lluvia que cayó en la región superó con creces las previsiones del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables: "Este caudal, muy superior a los 1.500 m3 /s que el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) asocia a un periodo de retorno de 500 años, produjo unos extraordinarios daños materiales y personales a partir de los municipios de Torrent y Paiporta, donde se produjo el completo desbordamiento del barranco del Poyo, que finalmente desemboca en la Albufera".
La inexistencia de un Sistema de Alerta Temprana (SAT)
Otro de los puntos en que la DANA pilló en fuera de juego a la CHJ es la inexistencia de un Sistema de Alerta Temprana (SAT). La entidad afirma en otro contrato adjudicado a dedo por la urgencia para reparar los daños que sufrió el Sistema Automático de Información Hidrológico (SAIH) que resulta necesario incorporar dicho sistema, del que carece ahora, para controlar "en tiempo real" el riesgo de inundación.
El Ministerio de Ribera adjudica ahora sistemas de alerta temprana "en tiempo real"
Borja Negrete
"El aumento de las inundaciones repentinas y la vulnerabilidad demostrada en la zona afectada por la DANA, en los eventos acontecidos el 29 de octubre, hace patente la necesidad de medidas de protección adicionales para paliar los efectos de posibles futuras crecidas extraordinarias. En este sentido, se manifiesta la urgente necesidad de disponer de sistemas que permitan una gestión anticipada en tiempo real de los riesgos de inundación, mediante un Sistema de Alerta Temprana que permita una reacción a corto plazo frente a futuros eventos de magnitud similar a la reciente DANA", especifican los pliegos.
Todos estos documentos de carácter técnico ponen de manifiesto el carácter histórico de la DANA y la falta de preparación de los medios estatales para afrontar una crisis de tal magnitud. La marcha de Teresa Ribera a la Comisión Europea obliga a poner las riendas de la reconstrucción hidrológica en manos de Sara Aagesen, hasta ahora secretaria de Estado de Energía, que recoge el testigo ministerial. Mientras, Carlos Mazón, presidente valenciano, ha reestructurado su gobierno para hacer frente a la fase de reconstrucción, cediendo tales competencias al nuevo vicepresidente para la Recuperación Económica y Social de la Generalitat valenciana, el teniente general Francisco José Gan Pampols. A su vez, ha cesado a la consejera de Justicia, Salomé Pradas, y a la de Industria, Nuria Montes. Nuevas caras para hacer frente a un viejo problema.
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