El Ministerio de Igualdad cruza los dedos para que la norma que moderniza la Justicia sea aprobada definitivamente tras varios meses de espera. El departamento que dirige la socialista Ana Redondo lleva desde agosto intentando corregir el error legislativo que abrió la puerta del despido a quienes pidan conciliar en sus trabajos, pero necesita que la ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia vea la luz para hacerlo efectivo. El ministerio subsanó el fallo con una enmienda en el texto, aunque ahora está en manos de que el PP lo apruebe tal y como ha llegado al Senado, tras el respaldo del Congreso, o haga uso de su mayoría absoluta e introduzca alguna modificación que dilate los plazos.
El "error técnico", como lo definió el propio ministerio, ocurrió el 21 de agosto, tras la publicación en el BOE de la llamada ley de Paridad. La norma contenía un fallo en la redacción que eliminaba la protección de los trabajadores que hubieran solicitado una reducción de jornada o se acogieran al permiso de cinco días para el cuidado de un familiar tras accidente, enfermedad grave u hospitalización.
El origen estaba en la conocida como ley Trans, que no establecía como nulos los despidos de víctimas de violencia sexual, y en la modificación del Estatuto de los Trabajadores para ampliar la protección de quienes pidan o disfruten de una adaptación del horario laboral. El problema es que la reducción de la jornada quedó protegida en el Estatuto, pero no así el otro supuesto. Igualdad trató entonces de corregir estas lagunas en la ley de Paridad y redactó la nueva norma, con la ley Trans como base y utilizando el párrafo que no había sido actualizado con los cambios.
Los ministerios de Igualdad y Trabajo aseguraron que subsanarían el error en cuanto el calendario legislativo lo permitiese, sin una fecha aproximada, aunque la realidad es que tres meses después el agujero sigue abierto. El departamento que dirige Redondo introdujo una enmienda transaccional en la Ley Orgánica de medidas en materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, con el objetivo de recuperar automáticamente la nulidad del despido, si bien el cambio está a la espera del último paso.
Un error de Igualdad abre la puerta del despido a quien pida reducción de jornada
Ignacio S. Calleja
La norma fue aprobada la semana pasada en el Congreso de los Diputados con el respaldo de los grupos que componen la mayoría de la investidura de Pedro Sánchez. Pero una vez en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, puede demorarse aún más.
Los populares tienen la posibilidad de aprobar la ley tal y como está, presentar un veto o registrar enmiendas parciales, lo que devolvería el texto a la Cámara Baja y pospondría la corrección del fallo. El plazo improrrogable para presentar las enmiendas vence el 26 de noviembre y la fecha límite de tramitación es el 10 de diciembre.
El problema es que la ley que aspira a modernizar la Justicia, más allá del tema de los despidos, tiene una letra pequeña que ha enturbiado su paso por el Senado. El PNV incluyó una enmienda que permite acelerar los desalojos en casos de okupación, apoyada por "error" por ERC y Bildu —como ellos mismos reconocieron—, además del PP y Junts. Es decir, que los populares tienen en su mano que el texto salga íntegro, con el rechazo de la izquierda, o alargar aún más los plazos. Fuentes del grupo parlamentario reiteran a este diario que la decisión no está tomada aún. En el Ministerio de Igualdad, por su parte, señalan que "los trabajadores y las trabajadoras" están protegidos en cualquier caso.
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