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A pesar de las continuas ampliaciones de su plan de trabajo, la comisión de investigación que el PP registró en el Senado a finales de febrero se le ha quedado pequeña a Feijóo. Son muchas las ramificaciones de presunta "corrupción" que ya trascienden al caso Koldo, y que han derivado en un frenético calendario de comparecencias que alcanzan a los grandes pesos del Gobierno. Pero hay una X que Alberto Núñez Feijóo sigue sin despejar. Y es el momento en que jugará la carta maestra de llamar a declarar a Pedro Sánchez a la Cámara Alta, una imagen inédita para la que el líder popular prefiere aplazar.
En la séptima planta de Génova se felicitan por no haber utilizado esa baza antes de tiempo y de haber resistido a la presión interna para que citase a declarar al presidente del Gobierno meses atrás. En el partido había dudas por las dificultades que tenía Feijóo de encontrar el momento preciso, y existía incluso cierta urgencia ante la posibilidad de que el caso languideciese sin mayores consecuencias para el jefe del Ejecutivo. Pero el líder del PP ordenó a los suyos esperar.
A la vista de los acontecimientos, recalcan en Génova, "ha sido todo un acierto". Porque el horizonte judicial que se cierne sobre el Gobierno "no ha hecho más que crecer". En la dirección del PP insisten en que "para amplificar el desgaste al presidente del Gobierno, hay que estirar las investigaciones judiciales", que no están en el punto de ebullición correcto como para asestar ya el golpe de gracia con la citación de Sánchez en el Senado. Con su mayoría absoluta, los populares pueden prorrogar los plazos de la comisión de investigación en la Cámara Alta hasta la extinción de la legislatura.
Feijóo no tiene prisa, y fuentes del Pp en el Senado ya apuntan a que la comparecencia del presidente del Gobierno no llegará hasta el próximo año. En la dirección de Génova perfilan una nueva estrategia ante el inmenso volumen de causas que atenazan al Ejecutivo, desde la declaración de Aldama hasta la imputación del fiscal general del Estado, sin obviar los negocios de Begoña Gómez, el fraude de los hidrocarburos, el sumario de Koldo y Ábalos o la investigación abierta contra el hermano de Pedro Sánchez: "serenidad" y, sobre todo, "mucha sangre fría".
En el entorno del líder popular ratifican que no moverán ficha hasta que no estalle un "calvario judicial" que, insisten, es "irreversible", pero que puede tardar años en concluir. "Debemos pensar en una planificación a largo plazo", secundan estas fuentes, que subrayan que "esto acaba de empezar" y que, por tanto, el PP "no puede caer en la ansiedad". "Quedan testificales, recursos, nuevas diligencias" y, sobre todo, "el volcado de los teléfonos móviles" que, afirman, "van a demoler al Gobierno". "¿Cuántos whastsapp de Aldama en poder de la UCO afectan a Begoña Gómez? ¿Cuántos mensajes habrá de García Ortiz a Félix Bolaños?", cuestionan.
El PP mantendrá la presión, pero de forma medida. La tesis es evitar quemar las naves antes de tiempo, pero sin dejar que Sánchez ni sus ministros "se pongan cómodos". Por eso, antes de que el jefe del Ejecutivo desfile por el Senado, lo harán sus alfiles. Esta semana ya ha comparecido su vicepresidenta primera, María Jesús Montero, quien aseguró que pone "la mano en el fuego" por su jefe de gabinete, Carlos Moreno, al que Víctor de Aldama señaló por haber cobrado presuntamente una comisión de 25.000 euros. Y en la dirección popular ya apuntan al nombre de Moreno en el listado de próximos comparecientes.
Lobato rechaza dimitir y denuncia un "linchamiento" de dirigentes del PSOE
Ignacio S. Calleja
Pero no será el único. A Ángel Víctor Torres y Óscar Puente, que comparecerán este jueves en la Cámara Alta, se sumará en los próximos días el nombre de Óscar López, que ha pasado a estar "en el punto de mira" del primer partido de la oposición, primero por su papel en la utilización de una asesora del Ministerio de Presidencia con sueldo público en los negocios privados de Begoña Gómez, y que la propia mujer del presidente del Gobierno ha reconocido tras aportar al Juzgado una serie de correos electrónicos en los que figura el nombre de la señalada asistente de Moncloa, María Cristina Álvarez Rodríguez. En el PP ven también atisbos de "presunta malversación" en el caso del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que también podría ser llamado a declarar en el Senado en las próximas semanas.
El actual ministro para la Transformación Digital y Función Pública es, además, otra pieza clave en la crisis desatada en el PSOE por el 'caso Lobato'. Según adelantó ABC, fue la jefa de gabinete de Óscar López, Pilar Sánchez Acera, quien envió información sobre el presunto fraude fiscal del novio de Isabel Díaz Ayuso a Juan Lobato para que lo utilizase contra ella en la sesión de control de la Asamblea de Madrid, algo a lo que el socialista madrileño se negó, al tiempo que depositó ante notario los mensajes de Acera.
La filtración de esos correos ha provocado una inédita investigación del Supremo contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos. En paralelo, Ferraz trata de resolver la crisis interna por la negativa de Juan Lobato a dimitir, y se prepara para lanzar al propio Óscar López y tumbar al dirigente díscolo en el Congreso Federal que el PSOE celebra este fin de semana en Sevilla. Por todos estos motivos, el exjefe de gabinete de Sánchez se ha convertido en estos momentos en una pieza de caza mayor para Génova.
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