La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha avanzado que este miércoles sale el texto a consulta pública.
El Ministerio de Juventud e Infancia está trabajando en una decreto que marcará unos mínimos en el sistema de protección de los menores de edad, de tal forma que haya unos estándares comunes en toda España, independientemente de la comunidad autónoma. Según ha anunciado la ministra Sira Rego en la comisión del ramo del Congreso, su departamento ha sacado la iniciativa a consulta pública, que se abre desde este miércoles hasta el 27 de noviembre, para fijar criterios homogéneos y fomentar, entre otras cosas, la acogida familiar frente a la residencial.
Se trata, según ha subrayado en su intervención en la Cámara Baja para dar cuenta de las principales líneas de trabajo del ministerio, de una "medida clave" para "blindar" los derechos de la infancia y la juventud en todo el territorio. El objetivo, ha explicado, es "establecer un marco común para garantizar que todos los menores en situación de desamparo puedan contar con estructuras y proyectos que garanticen sus derechos y ofrezcan la posibilidad de desarrollar sus proyectos de vida".
Para la elaboración de la norma, contarán con la experiencia de quienes viven y trabajan en esas estructuras de acogimiento y la iniciativa tendrá como prioridades varios puntos: fomentar la acogida familiar frente a la residencial; la accesibilidad y las condiciones estructurales de los centros; la transición a la vida adulta y la supervisión y evaluación de los centros; así como la elaboración de protocolos contra la violencia y la discriminación. "Con este real decreto damos un paso firme hacia un sistema de protección más justo y más efectivo", ha defendido.
Impacto de la crisis climática en la infancia
También este miércoles, Rego ha avanzado la creación de un grupo de trabajo permanente para analizar el impacto de la crisis climática en la infancia, formado por organizaciones del tercer sector y los ministerios competentes. "Tenemos que tener la mirada siempre puesta en las causas para poder tener políticas activas de prevención que afronten el fenómeno a tiempo y de manera estructural", ha aseverado. El grupo, creado a raíz de los efectos devastadores del paso de la DANA por España, aspira a desarrollar acciones, ya no solo para enfrentarse a las consecuencias, sino también a las causas de los fenómenos naturales.
Según ha contado, la "crisis ecosocial" será también una cuestión "vertebradora" en la futura ley de juventud, otra de las normas en las que trabaja su departamento para impulsar la participación juvenil. La norma, que está en consulta pública desde el 6 de septiembre hasta el 30 de noviembre, desembocará en un primer borrador de la ley que, según ha asegurado, estará redactado por la propia juventud tras varios encuentros participativos creados por el Ministerio de Juventud e Infancia con este fin.
"Poner fin a la selva de Internet"
Rego ha recordado igualmente la ley de protección a la infancia en el entorno digital, que este mismo miércoles ha recibido el visto bueno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La ministra ha manifestado su compromiso para "poner fin a la ley de la selva que domina Internet", con una iniciativa que, entre otras cosas, imponga sistemas de control parental y gratuitos en móviles, tabletas y ordenadores; obligue a emitir advertencias del uso inadecuado de los dispositivos; desarrolle medidas de alfabetización y mediática; e incorpore métodos sanitarios que valoren los riesgos de adicción o uso problemático a las pantallas. Todo ello, junto a la puesta en marcha de una estrategia nacional que, igual que la ley, contará con la participación de otros 50 expertos designados por el Ejecutivo para definir todas las medidas necesarias.
De hecho, ese grupo de trabajo tiene pendiente publicar un informe en el que aglutine cómo está el panorama actualmente y qué medidas deben tomarse para mejorar la protección de los niños y adolescentes en el mundo digital. "Su trabajo ha finalizado y se hará público con brevedad", ha aseverado, insistiendo en la necesidad de no dejar en manos de las tecnológicas la tarea de autorregularse. "No podemos correr riesgo de que los dividendos de una empresa se generen a costa de la sobreexplotación, sobreexposición de los menores", ha subrayado.