Los Inspectores de Hacienda del Estado alertan de que la escisión afectaría al control de multinacionales y grandes patrimonios, a la comprobación de falsos 'no residentes' o a la lucha contra las tramas de fraude del IVA
El traspaso de la gestión, recaudación e inspección de todos los impuestos que se recaudan en Cataluña a su Agencia Tributaria no sólo implicaría la rotura del actual sistema de información y de la caja única. Su escisión de la estatal, que fue pactada en el marco del acuerdo entre PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa, conllevaría riesgos importantes en la lucha contra el fraude, al impedir que pudieran realizarse varios planes de inspección y actuaciones. Los Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) advierten de que la fragmentación de la AEAT podría provocar hasta diecisiete posibles 'agujeros' en la lucha contra el fraude.
En un documento que han presentado en el marco de su XXXIV Congreso, celebrado esta semana en Córdoba, los Inspectores explican que se complicaría, por ejemplo, la persecución de los 'falsos residentes' en el extranjero con patrimonios relevantes. Comprobar si personas físicas con domicilio en Cataluña están tributando en otros países sería imposible sin la herramienta informática, los sistemas de control y las bases de datos que utiliza para sus investigaciones la Unidad Central de Coordinación del Control de Patrimonios Relevantes de la AEAT.
La ejecución de planes de inspección para detectar conductas irregulares de los grandes patrimonios también presentaría dificultades, dado que su control lo lleva de forma centralizada la Unidad Central del Control de Patrimonios Relevantes (UCCCPR), que depende del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la AEAT. Si se fraccionase, la Agencia Tributaria Estatal no podría llevar a cabo ese control para los contribuyentes domiciliados en Cataluña. Desde su creación en 2018, la Unidad ha elaborado un 'censo' completo de obligados tributarios de alta capacidad económica y ha delimitado sus riesgos o fraudes fiscales específicos.
Tampoco sería posible aplicar el plan para detectar las operaciones irregulares efectuadas entre las sociedades y sus socios donde se observen indicios de fraude fiscal (o los gastos personales de los socios que se incluyen incorrectamente en las sociedades). En el caso de que uno de los dos tenga domicilio fiscal en Cataluña o en el resto del territorio nacional, estas actuaciones no se podrían realizar, dado que las comprobaciones deben hacerse de forma simultánea.
Una dificultad similar surgiría al tratar de aplicar el plan de grupos consolidados, puesto que también en su caso la verificación de todas las sociedades que integran un grupo debe hacerse al mismo tiempo. Con una AEAT fraccionada "resultaría muy difícil realizar la comprobación de los grupos cuando algunas de las sociedades integrantes del grupo tengan su domicilio fiscal en Cataluña", explican los Inspectores.
Control de las multinacionales o tramas del IVA
El hecho de que los tributos soportados en Cataluña fuesen inspeccionados por su propia Agencia plantearía muchos problemas, sobre todo en los contribuyentes con un tamaño mediano o grande. Estos realizan operaciones en todo el territorio español o en el extranjero que quedarían fuera de la competencia del organismo autonómico. Como la Agencia catalana tendría que requerir la colaboración de la Agencia Estatal para realizar prácticamente cualquier inspección, su capacidad de investigación quedaría muy limitada. El problema se agrava en el caso de las multinacionales, ya que la explotación de la información y las actuaciones de control debe ejercerse con carácter nacional.
En el caso de empresas domiciliadas en Cataluña sería imposible coordinar a nivel nacional las actuaciones en sectores en los que se han detectado indicios de fraude. La lucha contra las tramas de fraude en el IVA o contra los entramados con nidos de sociedades han demostrado que la eficacia depende de disponer de la forma más rápida posible de la mayor cantidad de información, con independencia del domicilio de los afectados, según recalcan desde la IHE. "Fragmentar la información disponible equivale en la práctica a no poder combatir en un plazo adecuado los fraudes más graves", advierten.
Otro punto problemático puede venir de la deslocalización de empresas si se fracciona la gestión de los impuestos sobre el consumo o de los especiales de fabricación. Cualquier diferencia en la gestión de estos tributos, incluidas las actua... {getToc} $title={Tabla de Contenidos}