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El 15 de octubre de 2018 fue el día que la vida de Raquel Pérez se rompió. Reconoce que aún tiene miedo al sonido del teléfono. Porque fue a las 4:30 de la madrugada de hace seis años cuando una llamada le comunicó que su marido, guardia civil en Granada, había ingresado en un hospital. José Manuel Arcos Sánchez murió de un disparo efectuado por El Kiki, Juan Antonio Moyano, un desecho que sumaba reseñas en su ficha policial.
"Me lo quitaron y me he quedado sola", explica en conversación con El Confidencial, antes de confesar que prosigue con un lento proceso de recuperación lastrado por un interminable calvario judicial. Porque después de que el criminal que mató a su esposo fuese condenado a 22 años y medio de cárcel por homicidio y deposito de armas de guerra, esta "hija, nieta, sobrina y, por desgracia, viuda de guardia civil" batalla en los juzgados para que el Ministerio del Interior abone la indemnización que el asesino de su marido nunca pagó al declararse insolvente. Ella, y su abogado, Javier López y García de la Serrana, consideran que se le debe aplicar el principio de indemnidad con el que el departamento de Fernando Grande-Marlaska compensa a los agentes heridos en acto de servicio.
Raquel lleva un año esperando una resolución de la Audiencia Nacional (AN) que sentaría un precedente que beneficiaría a las viudas de los guardias civiles asesinados por Igor El Ruso y —presuntamente— por el narco Karim El Baqqali en Barbate (Cádiz). Y, aunque reconoce que "el cuerpo me pide llorar", avisa a la Administración de que "voy a luchar hasta el final". Por su marido. Por sus hijos. Por todos aquellos que "cada día se ponen un uniforme para protegernos".
Los recuerdos de la trágica noche del crimen son dispersos, pero Raquel ha ido encajándolos poco a poco. Cuenta que fue el compañero de José Manuel quien la llamó de madrugada. "Me dijo que había sido un altercado". "Pensé en un accidente con el coche o que lo habían apuñalado". Pero no supo que le habían disparado hasta que una de las muchas personas que se encontraban en el hospital le comentó: "No le ha tocado ningún órgano". A pesar de esas palabras que podían parecer tranquilizadoras, intuyó que la situación era mucho más grave. "Pregunté a una enfermera si estaba muy mal y entonces se lo vi en la cara". La cosa pintaba mal. "Mi marido murió desangrado". A las 8:20.
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B. Rodrigo
"Fui la primera viuda de este Gobierno. Después han venido más, a las que han seguido los mismos discursos, pero con distintos nombres", explica Raquel, que denuncia el abandono por parte de la Administración que sintió desde la misma madrugada del asesinato de su esposo. "Las altas esferas no tuvieron ni un mínimo de corazón" y aún tiene grabadas las palabras de alguien que, con el cadáver de José Manuel aún caliente, le dijo: "Tienes que estar fuerte por tus hijos". "¿Es que me han sacado una muela?", pensó. "Habían asesinado a la persona que quería, a quien conocí con 16 años y quien amé durante más de de 20".
Esta sensación de olvido se ha acrecentado al negarse Interior a asumir la indemnización de 334.292,84 euros que se impuso al homicida de su esposo. Una reclamación que considera más que justa porque "dio su vida por el Cuerpo sin pensar en lo que tenía en casa". "Murió para quitar a un criminal de en medio y que no hiciera más daño".
Raquel considera que, si el condenado se ha declarado insolvente, es el Ministerio de Interior quien se tiene que hacer cargo del pago porque "era para quien trabajaba". "Una indemnización que no hemos pedido nosotros, sino que ha impuesto un juez".
"Lo peor es que esto no debería estar luchándose en los tribunales", apunta, para afear la postura de la Administración central y antes de dejar claro que su batalla en los juzgados no es una cuestión de dinero. "Esto se trata de amor propio y de corazón", por eso "en la vida me rendiré".
Cuatro años de proceso
Pero hagamos un recorrido por la tramitación judicial de una reclamación que podría ser clave para unas familias que pierden su principal sustento económico y que sufren una revictimización cuando ven que el criminal que les ha quitado a sus seres queridos no les paga la cantidad establecida por la justicia.
"Lo que el ministerio está diciendo es que si el agente vive, sí se le indemniza; y si fallece, no se hace a sus seres queridos"
Después de que el 27 de noviembre de 2020 la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada condenase a El Kiki a 22 años y medio de prisión, y le impusiese el pago de 334.292,84 como responsabilidad civil, el 25 de febrero de 2021 se decretó su insolvencia. El 12 de abril de ese año, Javier López presentó una instancia en el que invocaba el principio de indemnidad de los funcionarios públicos que sufran daños en el ejercicio de sus funciones para que la Administración abonase la indemnización.
"Al ser un procedimiento asignado a lo órganos centrales de la Dirección General de la Guardia Civil", según se precisa en la resolución de la Subsecretaría de Interior, el 30 de noviembre se instruyó "expediente administrativo de resarcimiento".
"El instructor de la Guardia Civil estimó que nuestro requerimiento —tras descontarse 40.000 euros abonados por el seguro de vida y accidente— debía ser atendido", explica el letrado, que se topó con la negativa de la subsecretaria de Interior. En un escrito del 2 de noviembre de 2022 desestimó la petición de Raquel y sus hijos con el "argumento peregrino", señala López, de que "la indemnización es para el agente, no para la familia".
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'A veces las personas con las que más necesitas estar, están en el cielo', comenta Raquel sobre su marido asesinado. (Cedida) El dictamen oficial decía, exactamente, que "los daños —personales y patrimoniales— de los familiares son totalmente ajenos a la relación especial de servicios que vinculan al guardia civil con la Administración". El abogado, no obstante, esgrime dos procesos iniciados por un mosso y un guardia urbano de Barcelona, resueltos por el sentencias del Tribunal Supremo (TS) a su favor, para defender la legitimidad de la reivindicación.
El 15 de junio de 2023, se presenta una demanda que instruye desde entonces la Sección número 5 de lo Contencioso Administrativo de la AN, y ante la que el letrado presentó el 18 de septiembre de ese año su escrito de conclusiones. En el documento, de 19 páginas, además de hacer un repaso por la jurisprudencia, Javier López concluye que "el Ministerio del Interior no puede eludir su responsabilidad de indemnizar a los herederos de José Manuel Arcos Sánchez [...] cuando concurren las circunstancias para dar cumplimiento al principio de indemnidad del funcionario público por daños sufridos en acto de servicio". Y añade que el TS ha establecido que "la Administración, como garante [del agente], se subrogue como responsable del pago ya declarado en una sentencia penal de carácter firme". "Todo ello sin perjuicio de que con posterioridad al abono, pueda perseguir los bienes del condenado en calidad de acreedora".
La Abogacía del Estado, sin embargo, en un escrito de conclusiones de poco más de un folio emitido el 9 de octubre, se alineó con Interior y pide que se desestime la demanda. Dos días más tarde, el 11 de octubre, la Audiencia Nacional declaraba por concluidas las actuaciones y la causa quedaba "pendiente de señalamiento para votación y fallo cuando por turno le corresponda".
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EFE
Pero como este trámite se dilataba, y esgrimiendo "razones humanitarias", pues las víctimas "necesitan poder acabar cuanto antes con la lucha judicial que emprendieron hace más de cinco años" y que les afecta psicológica y económicamente, el letrado pidió que se acelerara el proceso. El Alto Tribunal, en un auto fechado el 23 de febrero de este año, aludía al "número de asuntos pendientes" para justificar que no se estuviesen realizando los señalamientos con "la prontitud que, también para esta Sección, sería deseable".
"Hay cinco viudas esperando"
Javier López y García de la Serrana aclara que "soy muy prudente", pero está convencido —"al cien por cien"— de que "nos van a dar la razón". No hacerlo, considera, sería "una tomadura de pelo para las víctimas", pues afirma que la postura de Interior "no tiene base jurídica".
Este letrado, especializado en responsabilidad civil, presidente de la Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro, y con más de 300 publicaciones de investigación, sostiene que el Derecho de Daños establece que hay que resarcir a la víctima. "Y si esta muere, el resarcimiento debe ser a sus familiares".
"Lo que el ministerio está diciendo es que si el agente vive, sí se le indemniza; y si fallece, no se hace a sus seres queridos". ¿La causa? Porque defiende que el principio de indemnidad sólo es aplicable al guardia civil o al policía nacional, pero no a su familia.
Raquel sabe que este martes será un día duro, y que los recuerdos estarán presentes, pero también le da fuerzas para no cesar
López explica que esta es la primera vez que se recurre a esta vía de demanda en el caso de un agente fallecido y destaca que el caso puede sentar un importante precedente. "Hay cinco viudas esperando", señala, en referencia de los crímenes de Barbate y los perpetrados por Igor El ruso.
Raquel Pérez advierte de que ese dinero "no reparará el daño que hemos sufrido", pero considera justo que se les indemnice para tratar de retomar sus vidas porque "nos dejaron con una mano delante y otra detrás". Por eso no entiende la postura del departamento de un Marlaska sobre el que se expresa con dureza. "Soy muy educada, pero no le tengo ningún respeto. Es un ser —como lo llama— con vida, que respira, pero que no hace nada".
"Los actores, cuando están rodando sus películas, tienes dobles para las escenas de acción. Nuestros policías y guardias civiles sólo tienen su cuerpo. Y van a trabajar sin chalecos y sin medios. Sin embargo, los actores son considerados profesión de riesgo, y nuestros agentes no", incide para denunciar la situación de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado, y antes de recordar que "mi marido tuvo que decidir entre comprarse un chaleco antibalas o pagar la hipoteca". Eligió lo segundo.
Raquel denuncia el "abandono" de estos años por parte de la Administración y las "altas esferas" de la Guardia Civil —"nadie me han llamado para interesarse por mí"—, por eso agradece a ese círculo de compañeros de José Manuel, amigas, su hermana y sus hijos que no le permitiesen caer en un pozo del que no pudiese salir.
El año pasado su hija le dijo, "te ha costado, pero por fin vuelves a ser tú". Raquel, que hizo un "refugio" de su casa, retomó en septiembre los estudios de auxiliar de farmacia y este lunes comenzó las prácticas. Es un "rayo de luz" en una vida quebrada por un delincuente que coleccionaba detenciones. Sabe que este martes será un día duro, y que los recuerdos estarán presentes, pero también le da fuerzas para no cesar en su reivindicación. "Tengo que luchar por lo que me han quitado".
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