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La ley de conciliación y el plan "alternativo" de vivienda son los dos grandes pilares que sostienen el giro social con el que Alberto Núñez Feijóo quiso alejarse, parcialmente, del ruido político y exhibir un perfil más propositivo e institucional. Pero no serán las únicas patas de esa nueva agenda legislativa. El partido desempolvará en las próximas semanas su propuesta para controlar el acceso de los menores a internet, una iniciativa de la que el líder del PP ya hizo gala en la campaña de las elecciones generales del 23-J, y que en Génova entienden como una bandera política capital.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de junio un anteproyecto de ley sobre la protección digital de los menores que aún no ha llegado al Congreso de los Diputados. El PP quiere capitalizar también esta vertiente social ante la debilidad parlamentaria del Ejecutivo que, a su juicio, "ha desaparecido" en este debate desde que propuso antes de las elecciones europeas el carnet digital para limitar el acceso a la pornografía. Fuentes de Génova trasladan que la idea es impulsar distintas iniciativas parlamentarias "desgranadas" para volver a llevar esta cuestión a la primera página de la actualidad política y articular su respuesta a un desafío creciente.
Según Save the Children, más de la mitad de los jóvenes acceden por primera vez a la pornografía antes de los 13 años, y un 33% de los niños y adolescentes de 12 a 16 años podrían estar desarrollando una dependencia compulsiva hacia internet y las redes sociales, según se desprende de otro estudio del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI). Otra investigación liderada por la Universidad de La Rioja advertía que al menos un 33,5% de los menores ha sufrido algún tipo de victimización online, desde ciberacoso, abuso en pareja o grooming—una práctica por la que un adulto se hace pasar por un menor de edad para interactuar con adolescentes—.
Fuentes de la dirección nacional del PP aseguran haber realizado un intenso estudio de la mano de distintas asociaciones para elaborar una alternativa legal y pedagógica que permita a los padres controlar el acceso de sus hijos a contenidos peligrosos en internet. Para empezar, impulsarán en las próximas semanas una proposición no de ley para su debate en la Comisión de Transformación Digital del Congreso para presionar al Gobierno con la reforma pendiente de los estatutos de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) para que ejerza como auténtico regulador de los servicios digitales en España, en cumplimiento del último Reglamento Europeo de Servicios Digitales (DSA).
Los populares denuncian que el Gobierno incumple desde el pasado mes de febrero la normativa europea obligatoria en materia de protección de menores en el entorno digital. La CNMC aún no puede ejercer todas las competencias para supervisar a las grandes plataformas y sancionar a las compañías que no cumplan con los parámetros de control fijados por las directrices europeas. Sin esa reforma, insisten en el PP, toda legislación orientada a controlar el acceso de los menores a internet caerá en saco roto.
El plan del PP para limitar el uso de redes para los menores incluye dotar de más recursos a Competencia para garantizar su papel de organismo supervisor y sancionador, y es favorable a multar a aquellas compañías que se salten los procedimientos de verificación de edad y de control establecidos por la DSA. Proponen, además, medidas para garantizar la privacidad y la seguridad de los datos de los menores, la aplicación de sistemas efectivos para que los usuarios puedan denunciar rápidamente contenido inapropiado y para "garantizar la identidad digital" y vetar los perfiles falsos.
El PP incluye en su programa el desarrollo de un código de edad para los contenidos digitales, una especie de "etiqueta" similar al código PEGI que existe a nivel europeo para regular la edad recomendada para jugar a un determinado videojuego, y que sirve de orientación a los padres para controlar la exposición de sus hijos a este contenido. Y proponen intensificar la labor de pedagogía y "acompañamiento" a los progenitores mediante campañas de "concienciación", ya que la brecha digital contribuye en muchos casos a disminuir el control parental y les impide estar "alerta" ante los contenidos que consumen sus hijos en redes sociales. "El móvil puede ser una herramienta, pero también un arma", inciden.
Dentro de este plan digital, los populares llevarán también al Congreso una iniciativa para limitar la brecha digital relacionada con los problemas de accesibilidad de las personas con discapacidad, y plantean poner en marcha un programa de dotación de medios a las fiscalías de criminalidad informática para la publicación de informes periódicos sobre las medidas adoptadas en la protección de los menores en sus plataformas.
Los populares registrarán, además, una petición de comparecencia de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, para que dé cuenta de la paralización y la falta de información del comité de expertos que el Gobierno creó a principios de año precisamente para analizar el impacto de las tecnologías en los menores de edad y el diseño de un plan que los proteja de los peligros de internet. En el PP entienden que la aplicación de todas estas propuestas es "complicada" si no se atiende a un consenso político y empresarial y a la "acción coordinada" con la UE, pero se lanzará en las próximas semanas a abanderar esta cuestión ante el "abandono" que observan en el Ejecutivo.
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