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El independentismo ha iniciado un sprint en el ámbito internacional para tratar de desprestigiar a España. El objetivo final es que sea visto como una metrópoli represora que sojuzga a Cataluña como una dictadura. Y como cada actor del tablero soberanista tiene su cometido, el de la internacionalización del conflicto forma parte de las responsabilidades de las entidades autodenominadas cívicas, como la Asamblea Nacional Catalana (ANC) o la Plataforma per la Llengua.
La ANC anunció hace pocos días una denuncia ante la ONU en la que acusa a España de la "criminalización del movimiento de autodeterminación de Cataluña". Es la enésima que presenta. Pero esta vez la firma junto a la Organización de Nacional y Pueblos No Representados (UNPO, por sus siglas en inglés), un organismo paralelo de segundo nivel del que la Asamblea forma parte. En realidad, es un chiringuito en el que se mezclan partidos, organizaciones pintorescas y grupúsculos varios. La ANC, es vicepresidenta de este organismo y lo instrumentaliza políticamente conforme a sus intereses.
Así, esta semana envió un informe a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos "en el marco de la cuarta revisión periódica universal (RPU) del Reino de España, que tendrá lugar el año 2025". El escrito reproduce mantras independentistas y mezcla verdades con medias verdades y con mentiras, en un relato cuyo objetivo es erosionar la credibilidad internacional de España. Dice, por ejemplo, que "las autoridades españolas han acusado falsamente a los activistas de violencia, tildándoles de terroristas, con la finalidad de criminalizar el derecho a manifestarse, creando un efecto paralizador que amenaza el derecho a la libertad de reunión y de asociación".
Defiende la inocencia de los 12 acusados de intentar formar un grupo terrorista (habían conseguido crear explosivos caseros y tenían en su poder un listado de objetivos, incluyendo a políticos y directivos de los Mossos d’Esquadra), desarticulado en septiembre de 2019 en una operación de la Guardia Civil conocida como Operación Judas. Todos ellos eran de los Comités de Defensa de la República (CDR) y la ANC denuncia que no se les ha aplicado la amnistía, pese a que la propia ley dice que los casos de terrorismo quedan exentos del perdón. "Otros activistas de los CDR también fueron acusados arbitrariamente de terrorismo y finalmente fueron absueltos, sin que sus casos acabasen en condena", dice el escrito a la ONU.
Denuncian también "la politización y falta sistemática de independencia judicial, que ha erosionado el derecho a un juicio justo y a la igualdad". Y afirma que "a pesar de que la ley de amnistía excluye casos de tortura y tratos inhumanos y degradantes, se ha aplicado a 51 policías españoles acusados de violencia policial desproporcionada contra manifestantes pacíficos durante el referéndum de independencia del 2017". No dice en ningún momento que los policías no fueron condenados ni que el referéndum era ilegal.
El independentismo ha situado el frente internacional como una de las claves para recuperar la credibilidad perdida
Acusan a España de utilizar "herramientas de espionaje legales contra el movimiento catalán, el ataque a instituciones y representantes electos catalanes que vulnera el derecho a la participación ciudadana, los abusos al derecho a la igualdad y la libertad de discriminación (sic) y el derecho a la lengua y la cultura". Considera, así, que las sentencias que obligan a dar el 15% de las clases en castellano son "un gran obstáculo institucional para la implantación del sistema del modelo de inmersión en las escuelas catalanas". Modelo que no se aplica en ningún otro lugar de Europa. En este sentido, recuerda a la ONU que el comité de expertos de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias del Consejo de Europa dijo en su último informe que varios procedimientos judiciales confirmados por el Tribunal Supremo español "no son compatibles con los compromisos ratificados por España en virtud de la Carta".
Plataforma per la Llengua
Otro flanco en la internacionalización del conflicto y la campaña antiespañola corre a cargo de la Plataforma per la Llengua. Este organismo, conocido como la ONG de la Lengua, fue el que introdujo espías a los colegios (con el permiso del Govern independentista) para vigilar si los niños hablaban en catalán durante el recreo. El pasado martes, la Plataforma envió otro informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU acusando a España de discriminar a los catalanoparlantes.
Esta entidad pide al comité de la ONU que "incluya a la minoría catalanoparlante como grupo protegido en la firma del convenio marco para la protección de las minorías nacionales del Consejo de Europa". El informe acusa a España de primar el castellano y de relegar el catalán en las bases de las subvenciones públicas. Sostiene que los catalanes "perciben la justicia española como hostil" y denuncia que "el Estado español no ha hecho caso a las recomendaciones que le hicieron otros Estados y que se comprometió a aplicar en materia de derechos lingüísticos: eliminar todas las formas de discriminación y combatir los discursos de odio, xenofobia y discriminación racial, adoptar una ley integral contra los delitos de odio con asistencia, protección y restitución a las víctimas, o desarrollar leyes y políticas para castigar y prevenir los delitos de odio y la discriminación, y promover el respeto a la diversidad".
La Plataforma ya se había reunido el pasado mes de enero con el comité de expertos del Consejo de Europa y le había entregado un documento de 50 páginas contra España, con un listado de supuestos incumplimientos y discriminaciones hacia los catalanes. En junio, la entidad consiguió el estatus de entidad consultiva del Consejo Económico y Social de la ONU, lo que da pie a que la Plataforma se arrogue el estatus de "entidad consultora de la ONU", cuando no es exactamente así: es, simplemente, entidad consultora de una entidad consultora de la ONU.
El frente internacional es uno de los más importantes que el soberanismo tiene en su hoja de ruta. Durante los últimos años, la credibilidad del movimiento nacionalista cayó en picado. Pero tanto partidos como entidades cívicas o plataformas ideológicas son conscientes de que, sin un reconocimiento y apoyo internacional, la independencia será casi imposible. Por eso, en todas las estrategias se prevé una intensa presencia en foros internacionales. Las instituciones catalanas han pagado cientos de miles de euros (suelen pagarse en paquetes de 100.000 euros por remesa) a oficinas de "relatores" que operan alrededor de la ONU o de otros organismos de cuarta fila para que confeccionasen informes favorables a sus tesis.
La última estrategia para hacerse oír es convertir a Cataluña en una colonia de España con el fin de pedir un proceso de descolonización, como hizo Guinea Ecuatorial en los años 60 del pasado siglo. La petición de que se imponga la visión internacional de una "minoría nacional catalana", como reclama la ANC, es clave en ese plan, pese a que hay sectores que están en contra de ese concepto por no ajustarse a la situación real de la relación entre Cataluña y España.
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