Vox hace 'casus belli' con la inmigración y compromete ya los presupuestos municipales

Vox hace 'casus belli' con la inmigración y compromete ya los presupuestos municipales

El PP y Vox encaran la negociación de los presupuestos en decenas de ayuntamientos con cierta tensión e incertidumbre. El choque por las políticas migratorias acabó el pasado mes de julio con las coaliciones autonómicas y todo apunta ahora en la misma dirección. El partido de Santiago Abascal ha hecho casus belli con la inmigración y ya ultima una serie de iniciativas y mociones a nivel local que anuncian un nuevo conflicto y comprometen seriamente la viabilidad de las cuentas.

Vox blindó hace dos meses y medio las 114 alcaldías pactadas con el PP, bajo el argumento de que las comunidades autónomas tienen competencias en la tutela y acogida de los menores extranjeros no acompañados, los denominados menas, pero los municipios no. Valencia, Valladolid, Burgos, Guadalajara, Toledo o Alcalá de Henares, entre otras ciudades, quedaron en una situación complicada y rodeadas de dudas, aparentemente a salvo del terremoto pero marcadas por la ruptura regional y por la enorme tensión entre las direcciones de ambos partidos.

El horizonte es difuso. La formación ultraconservadora no ha cambiado una sola coma de su discurso y la inmigración ilegal representa la misma línea roja que entonces. En la dirección advierten de que no van a ceder en ningún caso y lo que supuso un divorcio en julio también puede serlo ahora. Santiago Abascal ya arrancó el curso político con ese aviso y cerró de un portazo la posibilidad de apoyar los presupuestos autonómicos de sus antiguos socios, invitando al PP a negociar con el PSOE. En Bambú acusan a Alberto Núñez Feijóo de pergeñar una "estafa" a los españoles y promover el mismo "efecto llamada" que Pedro Sánchez. Parece inevitable que la marejada no alcance a los ayuntamientos.

Ignacio S. Calleja

Fuentes del PP en los gobiernos municipales reconocen que no saben muy bien el Vox que se encontrarán para negociar los presupuestos. Las voces consultadas por este diario insisten en que la relación con los de Abascal es "buena" en términos generales, más allá de los roces habituales de una coalición, aunque también tienen claro que la inmigración abre otro escenario. Nadie habla de una posible ruptura, pero la inquietud crece.

Vox presentó este lunes una nueva portavocía nacional, la de Inmigración, Asuntos de Interior y Seguridad, y la primera iniciativa a abordar tiene que ver precisamente con los ayuntamientos. El partido apeló a las competencias municipales para preservar las coaliciones locales con el PP, pero ahora presentará mociones para el rechazo a los centros de ilegales en los consistorios. También continuará con las investigaciones en torno al padrón municipal por el presunto fraude masivo en ciudades de todo tamaño, supuestamente para beneficiarse de las ayudas públicas.

La ofensiva contra la inmigración irregular irá a más en las próximas semanas tanto en el Congreso como en los parlamentos autonómicos, ya con Vox como uno más en la oposición, pero especialmente en los ayuntamientos. Con coaliciones con el PP o sin ellas. La semana pasada, de hecho, representantes de la formación en ciudades con más de 30.000 habitantes se reunieron en la sede de la calle Bambú en Madrid para armar la estrategia de cara al nuevo curso político, con la llegada masiva de sin papeles, la seguridad y los presupuestos como temas principales.

La portavocía de Inmigración, como ha informado este periódico, estará dirigida por el policía en excedencia Samuel Vázquez, con un perfil muy mediático. Vázquez, con más de 100.000 seguidores solo en X (ante Twitter), ya ha colaborado con Vox y es presidente de la asociación Una Policía para el Siglo XXI. Defiende un discurso centrado en cómo la inmigración ilegal masiva repercute negativamente en la seguridad y en el incremento exponencial de la delincuencia en España.

El partido, además, habló este jueves de impulsar consultas locales para que los vecinos se pronuncien sobre el reparto de los menores inmigrantes, algo que el PP ya ha rechazado porque están obligados por ley a acoger a los chavales. El portavoz nacional, José Antonio Fúster, detalló que el área de Inmigración planteará la expulsión de los irregulares desde las administraciones locales. "Que todos los fondos para fomentar el efecto llamada sean para pagar el billete de vuelta", dijo Fúster.



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