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Varios pueblos del Maestrazgo donde se proyectan las renovables del Clúster cambiaron sus planes urbanísticos para quitar la protección que recogía su planeamiento. Son pueblos que tenía normas para mantener la armonía de su patrimonio natural y patrimonial, que fueron modificadas para facilitar los parques que autorizó este verano el Gobierno de España.
Un informe de Urbanismo indicó en 2021 que no era posible instalar renovables en amplias zonas que prevé ocupar el Clúster porque se trataba de Zonas de Interés Paisajístico y/o Geológico y Zonas de Interés Rústico Forestal. Ante esa limitación, la respuesta fue modificar las normas urbanísticas para facilitarlo.
Es el caso de Fortanete, La Iglesuela del Cid o Cantavieja. El primero se modificó junto con varios cambios del casco urbano. En La Iglesuela, en 2022 se reformulaba el artículo 123 de las normas urbanísticas, el que limitaba los usos en el suelo no urbanizable de protección especial “Zona de Interés Paisajístico y/o Geológico”, para permitir aquellos que fueran de utilidad pública o interés social tanto en esa zona y como en la Interés Rústico-Forestal. Esto es, facilitar la instalación de parques de renovables.
El mismo propósito se perseguía en un cambio similar iniciado para Cantavieja. Aunque en ambos casos los términos municipales comparten zonas de la Red Natura 2000, LIC/ZAC o ZEPA, en Cantavieja la administración ha sido más procelosa y ha exigido tramitaciones que han culminado este año. Pero, más allá de las prescripciones que han preservado espacios concretos, la aprobación del mayor proyecto eólico de España está generando el rechazo de distintos agentes sociales que no entienden cómo ha podido salir adelante un proyecto de esta envergadura, en un entorno en el que históricamente se ha trabajado la protección, y que la actual determinación de los Gobiernos a favor de las renovables sin una planificación previa se lleva por delante.
Buena parte de los municipios afectados forman parte del Geoparque del Maestrazgo, un lugar con especial riqueza de fauna y flora y con núcleos urbanos de singular belleza arquitectónica y natural. De hecho, casi la mitad de los pueblos incluidos son Bien de Interés Cultural: Cantavieja, Castellote, Fortanete, La Iglesuela, Mirambel, Miravete y Villarroya de los Pinares.
Explican en las modificaciones urbanísticas que serán de aplicación “siempre y cuando, no se lesionen los valores específicos que se quieren proteger, y se ajuste a la normativa medioambiental vigente”. Pero nadie lo cree posible con la llegada de 20 parques eólicos, con 122 aerogeneradores de 200 metros de altura, más dos fotovoltaicos, y las pistas de comunicación y tendidos de evacuación, que surcan los montes e inundan cualquier ángulo visual de los pueblos BIC y del resto de municipios de los parques -Mosqueruela, Puertomingalvo, Tronchón y Villarluengo- y ocupan más de mil hectáreas de superficie.
El pueblo más bonito para la OMT y el Premio Europa Nostra
Este mismo mes de septiembre, la Organización Mundial del Turismo, declaraba precisamente a uno de esos preciosos enclaves, Cantavieja, como el pueblo más bonito de España de 2024; destacaba su atractivo visual y su capacidad para evocar la historia del lugar por el estado de su casilicio y de su entorno, ya que se levanta sobre un peñón, a 1.300 metros de altura, desde dónde se contemplan unas vistas espectaculares.
Muy cerca de allí se sitúa Mirambel, que en 1982 fue premio Europa Nostra por la excelente restauración del conjunto de la localidad, cuando esos premios apenas se conocían. Tronchón, otro de los municipios, tiene sitio en la agenda del viajero leído ya que su queso, recuperado hace unos pocos años, ya fue alimento nombrado en el Quijote.
Teruel Existe, Vox, Chunta, Podemos e IU trataron de sacar adelante, en el primer pleno de las Cortes del curso, varias proposiciones no de ley (PNL) instando al Gobierno de Aragón a proteger el Maestrazgo, a defenderlo de la presente agresión y a instar al Gobierno de España a que reconsidere la autorización. Las PNLs fueron rechazadas al unir sus votos el PSOE y el PAR, principales promotores de la revolución de las renovables en Aragón, y el PP, que una vez en el Gobierno no quiere perder el gancho que supone para atraer empresas. Organizaciones como Paisajes de Teruel y Teruel Existe tienen denunciado el proyecto en los tribunales y puesto en sus webs a disposición de la ciudadanía modelos para que los particulares puedan sumarse. También han elaborado infografías donde se aprecia el impacto de las torres en el paisaje.
El Consejo de Ministros autorizó el 23 de julio el parque promovido Forestalia y adquirido por CIP; rozaba el límite temporal posible, ya el día 25 decaían los derechos de conexión de las empresas. Aunque es el mayor parque de renovables de España, no se presumió de ello. La tramitación ha retrasado los planes de obras de los daneses, que tienen las grandes palas de los aerogeneradores almacenadas en un hangar del aeropuerto de Teruel.
Entre tanto, los propietarios de las tierras están recibiendo ya convocatorias para firmar los contratos. Sencillo con los que están de acuerdo. Menos con quienes los rechazan. En este caso, si no hay acuerdo, las compañías pueden ir a la expropiación, derecho que les concede haber sido declarado de “utilidad pública”, una condición hasta ahora prácticamente utilizada en exclusiva para infraestructuras del Estado y no para corporaciones privadas.
Los Ingenieros de caminos, en contra
Ante el nuevo proyecto, una de las voces civiles ha sido el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Aragón, que se ha mostrado contrario por concentrar a una mano muchas de las dudas suscitadas ante la magnitud y el modo de desplegarse.
El decano, Rafael López Guarga, explica que “mientras las grandes infraestructuras como embalses, ferrocarriles o autopistas las promueve el Estado previa planificación, las renovables se han impulsado sin ella y sin legislación suficiente, cuando cambian tanto el territorio como las anteriores. Y se han dejado en manos de promotores privados que pugnan entre sí para cumplir los exigentes plazos que marca el RD 23/2020. En él se fijan una serie de hitos cuyo incumplimiento conlleva la caducidad de los permisos y la ejecución inmediata de las garantías económicas presentadas; eso obliga a que el tiempo de desarrollo del proyecto sea muy escaso, a que existan presiones en la tramitación ambiental para simplificar el procedimiento y acortar plazos, y a que la localización esté muy condicionada por los puntos de conexión a la red eléctrica; todo ello hace imposible su compatibilidad con los Planes de Ordenación que necesitan mayor tiempo para su desarrollo”.
López Guarga recuerda que, igual que hay un Plan Nacional de Carreteras o un Plan Hidrológico Nacional, deberían abordarse las renovables. “La implantación, que ya supone una invasión, se está llevando sin planificación, sin clarificar los procedimientos de exposición pública, sin un modelo de ordenación territorial que evalúe su despliegue, sin ningún instrumento de distribución equitativa de beneficios y cargas, muchas veces sin el exigible interés público, a la carrera y con un riesgo evidente de generar daños irreversibles. La reciente aprobación para el Maestrazgo de más de un centenar de aerogeneradores en lugares de importancia comunitaria y zonas de especial conservación, afectará negativamente a las actividades agropecuarias y al desarrollo turístico de la comarca, unido a las decenas de kilómetros de caminos con movimientos de tierra espectaculares basados en estudios muy someros. Es un atropello generalizado que deberíamos poder evitar”.
Las compensaciones a los pueblos, por Forestalia
La ausencia de un instrumento de distribución equitativa de beneficios y cargas que denuncia el decano de los Ingenieros de Caminos provoca un ‘subasteo’ constante y desigual de compensaciones que faciliten la implantación, lo que es también objeto de controversia. El último episodio ha venido de la mano del CEO de la compañía danesa, que en unas declaraciones al Diario de Teruel explicó que la bonificación del consumo eléctrico que ofreció Forestalia para las viviendas de los empadronados en los pueblos era un acuerdo previo de esa compañía y que será su ejecutora. Fuentes de Forestalia explican que cumplirán con sus compromisos con los Ayuntamientos de Viento Alto, que son previos y ajenos a la venta de activos a CIP. “Estos días estamos hablando con los ayuntamientos para la concreción técnica y administrativa de esa bonificación, equivalente al consumo de los empadronados en estos municipios”.
Desde CIP explican que ellos serán los responsables del cumplimiento de las obligaciones contraídas por el proyecto con los ayuntamientos, como pago de impuestos y tasas, y que el 100% de los ayuntamientos donde se ubiquen los activos de generación, salvo Mosqueruela, agrupados en la Asociación Viento Alto, lo apoyan expresamente. “CIP mantiene con ellos una excelente y fluida relación para asegurar el mayor nivel de integración del territorio en el proyecto. En la actualidad, estamos en conversación permanente con ellos para seguir conociendo sus intereses y asegurar esa integración”.
Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) es la mayor gestora de fondos del mundo dedicada en exclusiva a inversiones en energías renovables de cualquier tecnología. El Proyecto Teruel Clúster Maestrazgo ha sido desarrollado por lo que ellos llaman un ‘proveedor local’, en este caso Forestalia Renovables, S.L. CIP será quien ejecutará las labores construcción, puesta en servicio y gestión posterior del proyecto, pasando así a ser la propietaria exclusiva del mismo”.
Viento Alto y el derecho a escoger su futuro
Con ocasión de la votación en las Cortes de las PNLs contra el Cluster, varios alcaldes de la zona asistieron a la sesión para apoyarlo. Fernando Safont, alcalde de La Iglesuela y presidente de la Asociación de Viento Alto, explicó que los municipios recibirán en los 30 años de vida del parque 136 millones de euros y que habrá 98 puestos de trabajo fijos para mantenimiento de aerogeneradores. «Vivimos 3.000 personas en un territorio donde la principal empresa son los ayuntamientos; tienen que entender nuestro derecho legítimo a escoger nuestro futuro, al que poco se nos ha ayudado hasta ahora”. Ahora están pendientes de la materialización de las compensaciones energéticas prometidas por Forestalia.
Eso sí: con el ruido exterior subiendo ya que los opositores y afectados consideran que la autonomía municipal que reivindican esos alcaldes no opera cuando el impacto supera con creces al municipio.
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