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La trasferencia al País Vasco de las competencias penitenciarias cumplirá tres años en las próximas semanas. El balance en lo que tiene que ver con los presos de ETA es una política de 'puertas abiertas' con decenas de excarcelaciones y salidas sin control. Durante este tiempo, la gestión había dependido del PNV, pero desde este verano corresponde al PSE, su socio en la coalición de gobierno autonómico. Los socialistas se enfrentan ahora al reto de mantener esta política o endurecerla con el riesgo de enturbiar las relaciones entre la izquierda abertzale y el PSOE en Madrid, un apoyo clave para el presidente, Pedro Sánchez.
El Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo emitió en julio su informe anual correspondiente al ejercicio 2023. En sus páginas, esta institución, que depende del Ministerio del Interior, destacó que “el Gobierno vasco concedió al menos dieciséis permisos extraordinarios a reclusos vinculados con ETA para salir de la cárcel sin custodia”. Los permisos extraordinarios se contemplan para casos como una atención hospitalaria urgente, la muerte de un familiar o el nacimiento de un hijo. No son abundantes y menos para terroristas, lo que es menos frecuente todavía es que se realicen sin custodia policial.
Desde que el Gobierno vasco se hizo con las competencias en las cárceles, el 1 de octubre de 2021, ha otorgado un total de 80 terceros grados, según el Observatorio Penitenciario de la Asociación de Víctimas de Terrorismo (AVT). Este colectivo audita la situación de los presos de ETA desde el inicio y sus fuentes son directamente las instituciones vascas. Un tercer grado es el régimen penitenciario de cumplimiento de condena más flexible y en la mayoría de casos contempla la excarcelación. Es básicamente una semilibertad. La administración vasca revisa y aprueba cada seis meses el grado en el que cumplen los presos en virtud de los informes de los profesionales de la cárcel.
Según los datos de la AVT, la gestión del PNV ha concedido una media de 2,2 excarcelaciones al mes, es decir, uno cada quince días aproximadamente. Con esos 80 terceros grados se han beneficiado 65 presos de ETA, lo que quiere decir que ha habido una quincena de reclusos a los que se les ha otorgado varias veces la excarcelación después de que la revocasen los tribunales. Este periódico informó en junio que el Gobierno vasco le daba por tercera vez un tercer grado a un etarra condenado por matar a cinco niñas en Zaragoza.
El siguiente paso tras el tercer grado es la libertad condicional. Al menos 7 presos la han logrado en lo que va de 2024, 12 lo hicieron en 2023 y otros cuatro en 2022. Según la AVT y la lista del colectivo proetarra Etxerat, a estos datos hay que sumar que un total de 21 internos están cumpliendo su pena en régimen de prisión domiciliaria, previsto generalmente para internos que padecen algún tipo de problema de salud. Eso significa ya hasta un 13% del total del colectivo de presos de la organización criminal. ETA se disolvió en 2018 tras cometer más de 800 asesinatos, de los cuales un tercio permanecen sin resolver.
Salidas diarias
La plataforma de apoyo a los presos de ETA, Sare, emitió el mes pasado otro informe haciendo balance del curso y desveló que a otros 20 presos se les ha aplicado el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que permite flexibilizar la clasificación penitenciaria. Pueden salir durante el día de prisión varias horas a realizar labores de voluntariado, formación o trabajos remunerados.
El Confidencial desveló en diciembre que el Gobierno vasco permite a los etarras acogerse a un resquicio legal para salir de prisión con permisos ordinarios sin la supervisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, el principal obstáculo para los internos de la banda. Este atajo consiste en solicitar salidas no superiores a dos días de duración. Cuando no superan las 48 horas, no es necesario informar a las autoridades judiciales, y la competencia para concederlos es exclusiva de la Consejería de Justicia.
Se da la circunstancia de que la acumulación de esos permisos sin incidentes es luego un argumento a su favor para optar a la semilibertad por medio del tercer grado. Según las fuentes penitenciarias consultadas por este periódico, al menos 48 presos de ETA repartidos en las tres cárceles vascas salieron en 2023 con estos permisos de corta duración.
Desde el inicio de su gestión, la administración nacionalista anunció su apuesta por aligerar las celdas y fomentar políticas de reinserción que permitiese a los presos entrar y salir de los centros penitenciarios. En cuanto a los presos de ETA, se advirtió que no habría excepciones. La circunstancia es que la transferencia de competencias no incluye un cambio de legislación, que sigue siendo la misma en todo el Estado y contempla requisitos especiales para los presos por terrorismo, como el arrepentimiento o la colaboración con la Justicia.
Independientemente de la cárcel en la que cumple condena un terrorista, la última palabra sobre su situación personal la tiene la Audiencia Nacional. Para ello es necesario que la Fiscalía recurra la concesión de un beneficio penitenciario si considera que el preso no se lo merece. Son varias las resoluciones en las que se advierte que un preso premiado con la excarcelación no ha mostrado perdón a sus víctimas.
En estos tres años, además, los jueces cambiaron su jurisprudencia para impedir que los presos pudieran salir a la calle al recibir el tercer grado si tenían el recurso pendiente. De este modo, ahora tienen que esperar hasta que lo confirme la Audiencia Nacional en un proceso que puede prolongarse meses. También obligan a que los escritos de arrepentimiento citen expresamente a los damnificados por sus atentados.
Actualmente, hay seis presos de ETA en Navarra, cuatro en Francia y 153 en las tres cárceles vascas, Basauri (Vizcaya), Martutene (Guipúzcoa) y Zaballa (Álava). Es una cifra todavía considerable aunque muy alejada, por ejemplo, de los 700 internos que tenía la banda cuando decretó el cese definitivo de la violencia en 2011. Todos esos reclusos dependen ahora de la Consejería de Justicia del Gobierno vasco, que desde este verano dirige la socialista María Jesús San José.
La nueva consejera manifestó a mediados de julio que no cejarán “en intentar conseguir” que cuando los presos de ETA salgan de prisión lo hagan “admitiendo, no solo el dolor, sino la profunda injusticia del daño causado”. El reconocimiento de esa injusticia es una línea roja que los presos de la banda nunca han querido traspasar, optando por otros subterfugios retóricos como el mero “reconocimiento del daño causado”.
Las exigencias de Bildu
La competencia de prisiones siempre ha sido considerada una patata caliente para las administraciones. No es popular ejercer el papel de carcelero y en el casi concreto del País Vasco tiene añadida la presión de la izquierda abertzale que exige la liberación de los terroristas. Al máximo responsable de Bildu e histórico portavoz del brazo político de ETA, Arnaldo Otegi, no le ha gustado que el PNV le haya cedido Prisiones al PSE y lo considera “una dejación de su responsabilidad”. A finales de agosto advirtió a la consejera socialista que en torno a un centenar de etarras tendría que estar ya en libertad.
Bildu es uno de los socios de investidura de Pedro Sánchez en Madrid. Cada voto es clave para el presidente durante la presente legislatura. Al menos públicamente, la izquierda abertzale no ha puesto como condición la cuestión de los presos, pero el propio Otegi dejó claro en octubre de 2021 que es una de sus banderas irrenunciables durante un encuentro con sus bases: “Tenemos 200 presos dentro, eh. Y esos 200 presos tienen que salir de la cárcel y si para eso hay que votar los presupuestos, pues los votaremos”.
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Alejandro Requeijo
Si la izquierda abertzale institucional olvida estas exigencias, se lo recordarán los colectivos y asociaciones que desde hace décadas se encargan de dar apoyo al colectivo de presos de ETA. Uno de ellos es Sare, que este verano declaró que "aún falta un largo recorrido para poder hablar de normalización penitenciaria", ya que "por el tiempo de condena cumplida, podrían ser más de un centenar –el mismo dato que ofreció Otegi– las personas presas las que podrían estar en régimen de semilibertad o incluso libertad condicional". A su juicio, las progresiones a tercer, tanto en este último año como en los casi tres años desde la transferencia de la competencia, "se han realizado de manera limitada, contenida".
Hace años, estaban diseminados por cárceles de toda España en lo que fue una política de dispersión que duró un cuarto de siglo. El objetivo era separarlos para que no se retroalimentaran en su radicalismo y dificultar el control que la dirección de ETA ejercía en las prisiones para evitar disidencias. Cuando la organización anunció su disolución en 2018, el Gobierno de Pedro Sánchez puso fin a esa estrategia y fue acercando a todos al País y Vasco y Navarra. Al ceder las competencias de prisión a Euskadi en 2021, el Gobierno central perdió el control de los internos terroristas.
Todo esto cuando en las calles del País Vasco y Navarra se ha vivido una vez un verano re reivindicación y exaltación del legado criminal de ETA en las fiestas patronales. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha documentado un total de 71 actos de apoyo a ETA en el contexto de las fiestas estivales que se celebran en diversas localidades. Según su estudio, "en 25 de esos 71 actos de apoyo a ETA y a sus presos han sido directamente las instituciones públicas -ayuntamientos gobernados por EH Bildu- quienes han impulsado que se celebren ese tipo de actos mediante la inclusión de estos en sus programas oficiales de fiestas".
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