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Séptimo curso político de la era Pedro Sánchez. Ninguno ha sido fácil. Pero este otoño el horizonte es especialmente complejo porque el Ejecutivo no tiene garantías de poder aprobar los presupuestos. El presidente del Gobierno obvia esta dificultad y arranca el otoño a pleno pulmón, con el compromiso de que propondrá un nuevo modelo de financiación autonómica con "más recursos" para todas las autonomías. Al menos "más de los que recibían" durante la etapa del PP.
Sánchez confirma así lo que todo el mundo daba por hecho en el PSOE, que el acuerdo de cupo económico con ERC se plasmará en una reforma de la Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas (LOFCA) con mejoras para todas las regiones. El 'café para todos'. Primero porque es la manera de cumplir con ese pacto, que saca a Cataluña del régimen común y le permite recaudar, gestionar y liquidar el 100% de sus impuestos, aunque según los republicanos si no es posible, hay previsto un plan B. Y segundo porque es la forma de tranquilizar al resto de regiones y a su propio partido, que ha entendido este nuevo cupo catalán como un privilegio.
En un acto en el Instituto Cervantes, de arranque de la temporada política, el presidente ha prometido un sistema de financiación "más justo", que "garantice la suficiencia del gasto público" y "exija corresponsabilidad a los gobiernos autonómicos". Como hizo en su primera valoración de lo que significaba el concierto catalán, ha aludido a avanzar en la federalización de España. "Pensamos que la descentralización, que forma parte del ADN federal y autonómico de nuestro Estado compuesto, es compatible con garantizar la solidaridad y la equidad entre territorios". Pero, apuntilló, siempre que las regiones asuman "una mayor corresponsabilidad fiscal", lo que significa acabar con las bajadas autonómicas de impuestos y el llamado 'dumping fiscal'.
La propuesta todavía es muy etérea. La mayor concreción del jefe del Ejecutivo, más allá de que habrá más recursos, es que se "duplicará" el Fondo de Compensación Interterritorial, uno de los mecanismos del sistema que, según ha dicho, es la "principal herramienta de solidaridad". Estas ideas permiten al presidente encarar con más desahogo la reunión del Comité Federal del PSOE, donde está previsto que los dirigentes territoriales que han censurado el concierto para Cataluña, expresen públicamente su rechazo.
Sánchez ha anunciado también una ronda de reuniones bilaterales con los presidentes autonómicos, que se producirá, según confirman en la Moncloa, antes de la convocatoria de la Conferencia de Presidentes. Aunque carece todavía de fecha, está agendada para este trimestre, y desde el Gobierno se avanza que se centrará en el problema de la vivienda.
A pesar del deterioro de las relaciones con Junts, de cuyo voto depende la aprobación de las cuentas del próximo año, el presidente ha asegurado que "vamos a trabajar" para su aprobación. Su declaración rebaja el discurso oficial del Gobierno, que en las últimas semanas sostiene que "se van a presentar". No obstante, aunque existe un matiz, Sánchez ha avanzado que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes el techo de gasto.
Ya lo hizo, pero el partido de Carlos Puigdemont se lo tumbó en el Congreso. La aprobación o no del techo de gasto en la Cámara, un paso previo a la presentación de los presupuestos, supone un termómetro. Si Junts lo apoya podría ser un indicio de su disposición a aprobar las cuentas de 2025, el gran respiradero del Gobierno, que daría profundidad a la legislatura. Pero si vota en contra, se antoja imposible que negocie los PGE.
Las negociaciones con ERC para la investidura de Salvador Illa y el acuerdo sobre un concierto catalán, junto al déficit de aplicación de la ley amnistía al quedarse fuera el delito de malversación, han alejado a Junts del PSOE. La recuperación de entendimiento entre ambas formaciones está pendiente de una reunión, probablemente de nuevo en Suiza, este mes de septiembre.
Pese a todas estas vicisitudes, el jefe del Ejecutivo ha tratado de vender estabilidad y convencer a todos de que la legislatura será duradera con la promesa de un fortalecimiento del estado de bienestar, la continuidad del cambio de modelo productivo, la mejora del problema de la vivienda, la reducción a 37,5 horas de la jornada laboral pactada con sindicatos y patronal, la renovación del Pacto contra la Violencia de Género y la celebración de la primera cumbre bilateral entre España y Palestina (tras su reconocimiento como Estado), entre otras medidas. "Hay Gobierno para largo", aseguró.
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