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"Me daba risa porque estaba convencido de que era imposible que llegara hasta mi casa. A la una decidí almorzar con el canal autonómico de fondo, y de repente salió la noticia. Me levanté del sillón de un brinco, subí la escalera y desde la azotea visualicé una tremenda columna de humo, y solo podía pensar ‘Ay Dios mío, que va a pasar por casa de la mamá", relata Juan Vicente Rodríguez. Él es una de las cientos de personas afectadas por la erupción del volcán de La Palma hace ahora tres años, y además, presidente de la Asociación Social Cumbre Vieja. Rodríguez relata indignado cómo muchos problemas, especialmente los relativos a las viviendas, siguen sin solucionarse.
Las tres administraciones prometieron ayudas a los damnificados. Hasta el momento, se han repartido más de 600 millones de euros. A pesar de estas grandes cuantías económicas, los vecinos afectados con casas arrasadas por la lava son claros: “No se ha hecho justicia social con nosotros”, exclama Juan Vicente.
Los habitantes de las zonas destrozadas por la lava están resignados y denuncian que muchas de las ayudas destinadas a los perjudicados, las recibieron también vecinos que no tuvieron que lamentar pérdidas materiales: “Entendemos que si hay una ayuda, se debe beneficiar a quien realmente perdió, no a todos por igual. ¿Una moratoria de un préstamo por qué se le tiene que dar a un pueblo que ni siquiera vio el volcán?”, sentencia Rodríguez. Y continúa: "Me restaron cuantía por tener terrenos en zonas fuera de las acotadas, cuando mi casa estaba sepultada, mientras que muchos negocios han recibido dinero solo por no poder abrir. En este sentido, he recibido menos ayuda que otras personas".
Los vecinos, según apuntan desde múltiples asociaciones, aún esperan 100 millones del Gobierno central destinados a cubrir el valor real de las viviendas. Lo peor, recalcan, es el modo de formalizar esas ayudas: “No entendemos por qué se tienen que dar de forma individualizada, sin estar publicadas en ningún sitio”, denuncia Juan Vicente. “Oficialmente, no hay nada”, recoge el portavoz, “parece ser que han llegado cartas a algunas personas y las cantidades varían. Nadie nos da explicaciones, nadie nos da nada oficial. Y ahora estamos esperando que vengan las cartas, pero de pago no hay nada claro”.
Del turismo, la pesca y la agricultura, los vecinos de la isla pasaron a pérdidas económicas que superaron los 900 millones de euros, entre bienes públicos y privados, según las estimaciones de la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias. La lava arrasó con todo: cultivo de plataneras, edificios e infraestructuras. Incluso se tuvo que prohibir la actividad pesquera en ciertos puertos de la isla y se cancelaron más de 500 vuelos. Los gases tóxicos repercutieron en la salud respiratoria, ocular y dermatológica de los vecinos. A estos daños hay que añadir los efectos que la destrucción tuvo para la salud mental de los autóctonos: "Para muchos de nosotros las ayudas no eran suficiente para tener un proyecto de vida como el que teníamos previamente a la erupción, y eso ha sido durísimo", recalca Fátima Ramos, miembro de la Plataforma de Afectados del Volcán Cumbre Vieja 2021.
El valor real de las viviendas es el tema central que ahora afrontan los afectados por el volcán. José-León García, profesor de Geografía Humana en la Universidad de la Laguna, analiza los efectos demográficos y sociales de la erupción del volcán. Explica cómo muchos de los vecinos que contaban con seguro del hogar, se han visto más perjudicados que aquellos que no lo tenían contratado. A estos segundos, el Gobierno les dio la posibilidad de asegurarse de manera inminente o solicitar una ayuda de hasta 90.000 € por vivienda habitual.
Estas subvenciones cubrían en algunas ocasiones más gastos que las aseguradoras. Es el caso de Salvador Ramos, también vecino de Todoque. El importe que le dio el seguro junto a alguna ayuda gubernamental le ha permitido construir una pequeña casa en un terreno que ya tenía antes, en Breña Alta, en el lado opuesto de la isla. Sin embargo, el pago que recibió fue inferior a las cuantías que abonaron las administraciones a otras personas. "No era el valor que tenía mi vivienda", lamenta. Salvador, propietario de una pequeña granja, transmite tristeza y decepción al hablar de la erupción: "Nos dijeron que no nos iban a abandonar y lo único que han hecho ha sido carreteras. Los responsables vienen, cortan las cintas, se hacen una foto, y se van".
Ramos cuenta que tuvo que sacar a sus animales rápidamente de su granja y que, desde entonces, están en una nave prestada. "No han sido capaces de decir 'vamos a ayudar a esta gente". El discurso de este vecino se envuelve en desánimo: "Yo ya soy realista, no espero nada rápido, ni siquiera por reyes, sino cuando a ellos les dé la gana", apunta el canario. Sobre las aseguradoras, Fátima Ramos apunta directamente a que mucha gente tenía contratados "infraseguros" que no cubrían erupciones de volcán, por lo que lo que recibieron "era muy insuficiente" para volver a empezar.
A Eduardo Pérez la erupción también le pilló por sorpresa. "Estaba tomándome una cerveza con mi mujer en el puerto de Tazacorte y, cuando salimos del bar, empezamos a ver el humo", recuerda este vecino también local de Todoque. Su vivienda y la de su hija quedaron totalmente sepultadas por 40 metros de lava. De nuevo, la opacidad y falta de información es el principal problema de los vecinos: a día de hoy siguen sin tener información sobre qué pasará con esos terrenos, sobre los que es imposible, según los expertos, levantar nuevas casas. La aseguradora respondió por las pérdidas, pero la cuantía era insuficiente para poder comprarse otra vivienda. "Menos mal que pudimos ir a la casa de la hija de mi mujer, si no, no sé qué hubiese sido de nosotros", cuenta Pérez.
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Viviendas provisionales para afectados por la erupción del volcán. (EFE/Luis G Morera) La realidad de cada vecino es un mundo. "Cada uno tiene sus cosas", apunta Fátima Ramos. La palmera habla con sarcasmo de las llamadas viviendas modulares. "Las llaman así finamente, pero son contenedores", sostiene. Desde 2022, los vecinos viven en estas estructuras "hacinados", denuncian desde la plataforma. "Los afectados pasaron de una casita con huerta, jardín y animales domésticos a vivir como sardinas en lata en contenedores marítimos convertidos en infraviviendas que a día de hoy son la mejor imagen del daño moral que hemos sufrido todos", recogen los miembros de la plataforma en un comunicado.
Los terrenos están ya disponibles, comenta Ramos, "pero falta que se pongan a construir, aunque la burocracia está retrasando todo". Todos los residentes en estas viviendas protegidas, firmaron contratos de máximo tres años y ampliables hasta siete. Ramos apunta a que "cuando supimos que era hasta siete años, ya empezamos a pensar en que podrían ser hasta diez". Mejorar las condiciones de todos los afectados es una de las peticiones de esta organización, pero no la única. El requerimiento de una ley autonómica de Volcanes para mitigar las consecuencias en caso de repetición resuena en la plataforma con fuerza: "Esto va a volver a suceder y hay que tenerlo presente".
La erupción del volcán cambió sin duda la vida de los vecinos. Hay quien, a pesar de la catástrofe, puede ver el lado positivo: "Realmente ahora sabemos el valor de la vida. Antes nos daba pena botar un trasto viejo, pero ahora sabemos lo que realmente merece la pena guardar. Ha sido una enseñanza", comenta Juan Vicente, aunque el palmero finaliza con un "esperemos que se haga justicia social por quienes lo perdimos todo".
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