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Juanma Moreno quiere ser el "salvador" del café para todos, pero para eso necesita apoyos en la sociedad civil que se alejen de los argumentarios que se escuchan a diarios en los atriles de las salas de prensa. El presidente andaluz tiene un antecedente histórico en las manifestaciones multitudinarias que recorrieron las capitales de las 8 provincias (y Barcelona) en los albores del proceso autonómico, pero se trata de un fenómeno difícil de imitar. En San Telmo existe el convencimiento de que son los asuntos que tocan el bolsillo los que soliviantan a la sociedad civil andaluza, el Gobierno andaluz se ha puesto manos a la obra para "aunar una alianza" que encienda un malestar en la calle contra los privilegios para Cataluña que se atisban en el acuerdo entre el PSC y ERC para hacer president a Salvador Illa.
La situación en 2024 es bien distinta de la que había en 1977, cuando se produjeron las marchas del 4 de diciembre (4D). La posibilidad de que Andalucía acabe perjudicada por la salida de Cataluña del régimen común para acercarse a un modelo como el vasco o el navarro es la zanahoria que en la Junta quieren colocar al final de la cuerda. Y eso ya pasó hace casi medio siglo, cuando los manifestantes pedían "amnistía, libertad y estatuto de autonomía". Las ansias autonomistas no tenían nada que ver con un movimiento nacionalista, sino con el convencimiento de que era el camino para sacar a Andalucía de su atraso histórico. Carlos Cano lo dejó claro en la Murga de los currelantes, compuesta en el mismo año: "Se acabe el paro y haiga trabajo escuela gratis, medicina y hospital".
Con esos mimbres, tiene sentido que la consejera andaluza de Hacienda y nueva portavoz de la Junta, Carolina España, haya sacado a pasear este martes las posibles consecuencias negativas para el mantenimiento de los servicios públicos. La política malagueña ha esgrimido para ello una nota de Ángel de la Fuente, director de Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) que pronostica que las regiones más afectadas serán las que tienen menos renta. Y Moreno, unas horas antes en la entrevista con Carlos Alsina, haya recordado que son las comunidades autónomas las que prestan esos servicios básicos. Esas son las ideas en torno a las cuales oscilarán los argumentos del Ejecutivo andaluz en su batalla contra el concierto catalán. En el Consejo de Gobierno de este martes, el Gobierno autonómico ha aprobado una resolución para "realizar las actuaciones necesarias para la defensa de una financiación autonómica justa y suficiente dentro del marco constitucional".
Dentro de esas actuaciones destaca la búsqueda de esa alianza que "refuerce la posición de la sociedad andaluza" en esta batalla contra el Gobierno central. Para lograrlo el departamento que encabeza Carolina España mantendrá una serie de reuniones con los "agentes económicos, sociales, políticos administrativos y académicos". El objetivo es "facilitar" la defensa "política social y, llegado el caso, jurídica" del consenso de 1978 y "el modelo de solidaridad y cohesión social". El acuerdo de PSC y ERC, a pesar de que todavía no está claro cómo se desarrollará "amenaza muy especialmente a los servicios públicos de los españoles".
Con este movimiento, el Gobierno andaluz pasa a la acción respecto al concierto catalán justo cuando acaba de presentar el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. Y después de una serie de movilizaciones auspiciadas por Génova que también se han dejado notar en Andalucía. El pasado 4 de diciembre Moreno participó en una marcha que intentó entroncar con el 4-D de 1977, pero en San Telmo son conscientes de que los asuntos relacionados con la economía y los recursos son mucho más eficaces que los identitarios. Eso también lo saben en el PSOE y no es casualidad que la respuesta de los críticos con Sánchez tras el acuerdo con ERC haya generado más ruido incluso que el perdón a los condenados por el procés.
Moreno tiene además un as en la manga en este intento por movilizar a la sociedad civil andaluza y es el señalamiento a María Jesús Montero. El acuerdo aprobado este martes en el Consejo de Gobierno recuerda cómo el 2 de abril de 2018 la entonces consejera de Hacienda envió a Cristóbal Montoro, ministro del ramo, una carta para reclamar la reforma del sistema de financiación autonómica. En esa misiva, la política socialista recuerda al exdirigente popular que el Parlamento andaluz aprobó ese año un esbozo de reforma del sistema de reparto de fondos entre las comunidades autónomas.
Según la carta de María Jesús Montero de abril de 2018, eran unas propuestas "equilibradas" que pretendían contribuir a una nueva fórmula "justa y aceptable para todos". Y sugería que fueran tomadas en cuenta para la elaboración del modelo que entonces estaba pergeñando el dirigente popular. Montero aprovechó para trasladar a Montoro su "inquietud" por la "demora" del proceso, por lo que le rogó que agilizara la presentación de la propuesta del Ministerio de Hacienda. Un par de meses después, la sevillana sustituyó al jiennense al frente del cargo y desde entonces ha sido incapaz de hacer lo que le rogaba a su antecesor hace ya más de seis años.
El PP es consciente de esta debilidad de la ministra, referente del PSOE andaluz en Madrid y por eso Carolina España aludió varias veces de la "traición" de Montero por apoyar a Pedro Sánchez en su "delirio independentista". La consejera andaluza de Hacienda cargó duramente contra "lo que algunos llaman el cuponazo" e incluso reclamó a los socialistas "que están en contra" del pacto que sean "valientes": "Es el momento de parar esta injusticia".
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