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El independentismo necesita oxígeno. Ante la Diada del 11 de septiembre, las organizaciones soberanistas temen un pinchazo histórico. La Asamblea Nacional Catalana (ANC) vuelve a tomar la iniciativa, junto a Òmnium Cultural y la Asociación de Municipios Independentistas (AMI), para organizar la jornada e intentar llenar de manifestantes las calles catalanas. A estas plataformas se han sumado el Consell de la República, los comités de defensa de la República (CDR), el Ciemen, la Intersindical y una lista de pequeñas formaciones extremistas. Pero, aun así, el éxito de la convocatoria está en entredicho y las distintas entidades han ideado un plan que pasa por desarrollar pequeñas concentraciones con distintas temáticas y en espacios reducidos para esconder la desmovilización.
En la campaña participan todos. El fugado Carles Puigdemont se comunicó este miércoles en un acto con varios representantes de ayuntamientos catalanes para pedir activismo. El líder de Junts tiene ya un enemigo al que batir, el Gobierno de Salvador Illa, a quien calificó como un Ejecutivo anticatalán o “desacomplejada y militantemente hostil a la independencia de Cataluña”. Ya aprovechando la cercanía de la Diada, animó a salir a la calle, lo mismo que hizo Toni Comín, eurodiputado y vicepresidente del Consell de la República.
Paralelamente, el independentismo quiere resucitar los viejos tópicos, actualizados y aumentados, y readaptar los lemas y las consignas que había utilizado durante el procés para crispar la sociedad. El objetivo es crear tensión y volver a situar a España como la principal enemiga de Cataluña.
Un independentismo más dividido que nunca afronta una Diada en horas bajas
Marcos Lamelas. Barcelona
El lema ideado por la ANC, la organización que preside Lluís Llach, es optimista: “Volvemos a las calles. Independencia”. En su justificación, la entidad que antes movía a cientos de miles de manifestantes dice que este año “pide volver a la movilización masiva contra el Estado español con determinación y unidad para hacer más corto el camino hacia la liberación nacional". "La primera persona del plural busca apelar a todos para recuperar el impulso de la etapa 2012-2017, cuando todo el independentismo, pensase lo que pensase, sumó fuerzas para combatir a un Estado español antidemocrático y que nos expolia día tras día”, añade.
Temor a la desmovilización
Los llamamientos son insistentes. No sólo de los dirigentes de Junts, sino de las cúpulas de la ANC y de Òmnium. “Hemos de estar todos. No esperéis que os vengamos a buscar”, arenga Llach en un mensaje distribuido por la organización que lidera. Xavier Antich hace lo propio a través de las redes de Òmnium: “Convirtamos la Diada Nacional de Cataluña de este año en una gran movilización de país. Hagamos un frente común para volver a demostrar que el independentismo es fuerte, transversal, inteligente y maduro estratégicamente”.
“Es cierto que hay temor a la desmovilización. La venida de Carles Puigdemont este agosto a la investidura de Illa fue una prueba de fuego y falló. Hay decepción en la cúpula del independentismo, aunque oficialmente no se reconozca. El llamamiento a arropar al president no tuvo éxito. Más allá de que era época vacacional, juntar a sólo un puñado de personas en una efeméride tal no se puede considerar un éxito. Y la Diada puede ser otro revolcón en las calles, aunque se quiera vender lo contrario”, admite una fuente independentista a El Confidencial.
Ante un previsible pinchazo, los convocantes han ideado una Diada especial. Se han previsto manifestaciones en cinco ciudades diferentes para evitar desplazamientos largos que a los ciudadanos se les hacen ya pesados: Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida y Tortosa. Para justificar esta atomización, se ha asignado a cada una de las ciudades un sector a reivindicar: vivienda (Barcelona), infraestructuras (Tarragona), agricultura (Lleida), equilibrio territorial (Tortosa) y sanidad (Girona). En la ciudad condal será a las cuatro de la tarde, con un pequeñísimo recorrido desde la estación de Francia hasta el Arco de Triunfo, en un espacio donde se puede camuflar fácilmente la poca participación.
Reeditar viejos tópicos
En cuanto a su contenido, la idea es volver a situar en el imaginario colectivo el enfrentamiento entre España, como agresora, y Cataluña, como agredida. La ANC ha editado y distribuido entre sus activistas un díptico centrado en el supuesto expolio fiscal que padece Cataluña: “España expolia cada año 22.000 millones de euros a los ciudadanos catalanes”. El argumentario sostiene que “Cataluña tiene una economía productiva comparable a los países nórdicos de Europa, pero entre impuestos y cotizaciones, casi un 10% de su PIB anual se va a Madrid y no vuelve”.
Nadie sabe de dónde sale esa cifra, pero la pusieron de moda algunas organizaciones radicales y rápidamente fue adoptada por los gurús soberanistas: Así, de repente, el "expolio fiscal" pasó de 16.000 millones a 22.000 millones sin fases intermedias. Incluso cuando el propio consejero de Economía Andreu Mas-Colell reconoció que la primera cifra no tenía ninguna base.
La ANC aporta más datos: “El Estado español ha invertido en Madrid 1.760 millones de euros en Cercanías, el triple que en Cataluña, donde sólo ha invertido 620 millones”. También reseña que España no podrá pagar las pensiones en 2050, pero, en cambio, “Cataluña, sí”. Asegura que “la aportación de Cataluña a la Seguridad Social ha estado muy por encima de la media estatal y de lo que le tocaría. Entre 2002 y 2010, la aportación de Cataluña representaba un 35% del superávit de la Seguridad Social. En los años de déficit, el de Cataluña representaba sólo el 15%, inferior a la población y al PIB y menor que el de la media estatal”. La realidad, sin embargo, es que la aportación territorial a la Seguridad Social depende de la afiliación en cada territorio, ya que no es un impuesto generalizado.
La lista de agravios con los que templar el ambiente se extienden también a la educación y la salud. “Cataluña podría tener 2.700 millones más con el modelo de financiación vasco y más de 5.000 millones de euros con los estándares del PIB de la media europea”. En cuanto a servicios sociales, añade que “Cataluña dispone de mucho menos dinero que otros países europeos", subrayando que “con 369 euros por persona y año, el déficit fiscal también se hace patente en las ayudas a la dependencia y la tercera edad”.
La organización compara las cifras de las ayudas sociales del País Vasco y de Cataluña y resalta que “más de 70.000 solicitantes de la ayuda a la dependencia están en una lista de espera, un 31%. Eso es el doble que el País Vasco". En cuanto a vivienda, asegura que la inversión es mínima. “El País Vasco invierte más de un 500% más que Cataluña. Algunos países de Europa, como Países Bajos, multiplican por 10 el parque de vivienda social y casi por 30 el porcentaje de vivienda social”, subraya, como una especie de gasolina para calentar la Diada.
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