El Ministerio de Trabajo vuelve a mover ficha para tratar de atraer a los empresarios a un acuerdo para reducir la jornada laboral máxima por ley de las 40...
El Ministerio de Trabajo vuelve a mover ficha para tratar de atraer a los empresarios a un acuerdo para reducir la jornada laboral máxima por ley de las 40 horas semanales actuales a 37,5 en 2025. Tras un parón de algo más de un mes en las reuniones, el departamento que dirige Yolanda Díaz ha retomado este lunes el diálogo con sindicatos y empresarios para llevar a buen puerto la medida laboral estrella de esta legislatura. Y lo han hecho con una nueva propuesta por parte del Ejecutivo: bonificar las contrataciones que hagan las pymes motivadas por la reducción de jornada.
Así lo ha anunciado este lunes el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, tras concluir el encuentro. Estas bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social, cuya cuantía no ha precisado el 'número dos' de Díaz en el ministerio, se aplicarían solo a contratos indefinidos. Estos beneficios permitirían reducir los costes laborales a pymes y autónomos y amortiguar el impacto de la pérdida de horas trabajadas.
La nueva propuesta de Trabajo se enmarca dentro de un "plan de acompañamiento" para facilitar la adaptación de las pymes a la reducción de jornada, en caso de que esta llegue finalmente a producirse. El programa, bautizado como Plan Pyme 375, incluye, además, medidas de asesoramiento y formación para los pequeños y medianos empresarios en cuestiones como las herramientas digitales de control de jornada.
"El Gobierno está haciendo un enorme esfuerzo para adaptar esta medida [la reducción de jornada] a las singularidades de nuestro espacio productivo y a las reivindicaciones tanto de las organizaciones sindicales como patronales", ha valorado Pérez Rey quien ha señalado que hay margen para un "acuerdo inmediato" y "cuanto antes, mejor".
De igual modo, el secretario de Estado ha trasladado que, aunque hay margen a la negociación, el perímetro en el que se enmarca las discusiones se va cerrando. Es decir, que la incorporación de medidas adicionales a las que ya conforman el bloque de la propuesta del Gobierno —reducir la jornada, digitalizar el registro horario, reforzar el derecho a la desconexión digital y el plan de acompañamiento— está cerrado.
La propuesta no gusta a la patronal
Las asociaciones de autónomos y pymes han sido las más beligerantes contra la medida que pretende desplegar Trabajo. La patronal Cepyme ha llegado a cifrar en 42.400 millones de euros el coste para las compañías de rebajar el tiempo máximo de trabajo permitido. En este sentido, fuentes de la patronal CEOE trasladan que, en una primera lectura, la propuesta de Trabajo ahonda en el intervencionismo de las relaciones laborales y el desprecio de la negociación colectiva.
Además, tachan el plan de "absolutamente impreciso" y critican que el Gobierno quiera convertir el SEPE en un asesor de las pymes cuando no es capaz de reinsertar al 3% de los desempleados del país en el mercado laboral. En todo caso, afirman que se analizará la propuesta de Trabajo cuando llegue por escrito, algo que todavía no ha sucedido.
El tono empresarial contrasta con el del Ministerio de Trabajo, donde han valorado el espíritu "constructivo" con el que la patronal ha recibido la propuesta y su compromiso a estudiar el documento completo. "Confío que la patronal pueda alcanzar un acuerdo", ha apostillado Pérez Rey.
El Gobierno es consciente de que necesita el apoyo de sus socios parlamentarios para sacar adelante la reducción de jornada en el Congreso. Un acuerdo con la patronal podría allanar la tramitación de la norma, sobre todo en lo que respecta a los votos de Junts y el PNV, las dos fuerzas políticas más escépticas con esta medida.
Para tratar de atraer a los empresarios al acuerdo, el departamento de Díaz ha rebajado considerablemente la dureza del tono con la patronal y ha introducido algunos matices a la propuesta inicial. Trabajo se ha abierto a una distribución irregular de la jornada más flexible o ha planteado que la reducción no tenga que entrar en vigor inmediatamente el 1 de enero de 2025. Sin embargo, hasta ahora no ha sido posible convencer a las organizaciones empresariales.
Los sindicatos meten prisa
Mientras el Gobierno lanza propuestas para convencer a la parte empresarial de la negociación, los sindica... {getToc} $title={Tabla de Contenidos}