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Cuando los almohades levantaron la Torre del Oro, a la vera del Guadalquivir, no había concursos de ideas. Ocho siglos después de que los alarifes de Isbiliya construyeran la torre, el Ayuntamiento de Sevilla decidió remodelar el espacio público de su alrededor. El paseo Marqués de Contadero dejó atrás una estética de muelle casi habanero por una versión escandinava en una ciudad con 3.500 horas de sol al año. No hubo concurso público ni de ideas para aquella obra, ideada en el último mandato del socialista Alfredo Sánchez Monteseirín y culminada con el popular Juan Ignacio Zoido en el consistorio. Más de una década después, todavía está pendiente la colocación de toldos para aliviar la canícula en una zona que ha perdido la personalidad que una vez tuvo. Y esa es una práctica cada vez más habitual en las gerencias de urbanismo de todo el país, para enfado de los arquitectos.
15 años después del proyecto de reurbanización del espacio que rodeaba a la Torre del Oro, en el Ayuntamiento de Sevilla se han decidido a meterle mano a su hermana pequeña, la Torre de la Plata. Y lo han hecho por medio de una licitación que ha generado una protesta formal del Colegio de Arquitectos de Sevilla (COAS). Pero el fenómeno no se circunscribe a la capital andaluza. En abril, el Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) se quejó después de que la Comunidad de Madrid optase por la misma vía que el consistorio hispalense para el diseño de la Ciudad de la Justicia de la capital y ha prescindido de un concurso de ideas para la infraestructura judicial que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, en el barrio de Valdebebas.
Los arquitectos de Madrid han bautizado esta práctica como "arquitectura de legislatura", es decir, que permite a un gobierno impulsar proyectos en un periodo relativamente corto, que les permita presentar la obra e inaugurarla antes de las siguientes elecciones. Según la queja del COAM, la Comunidad de Madrid justifica la ausencia de concurso de ideas por la "urgencia" de levantar la Ciudad de la Justicia. ¿"Pero cómo pueden hacerlo cuando llevan dando vueltas sucesivos gobiernos regionales desde hace 20 años?", se preguntan los arquitectos madrileños, que también consideran que es una forma de "priorizar el precio sobre la calidad arquitectónica".
"Los políticos a veces tienen prisas que los demás no entendemos", expresa Nuria Canivell, decana del Colegio de Arquitectos de Sevilla en conversación con esta redacción. Canivell defiende que los arquitectos tienen una "serenidad" que les permite ver las ciudades "a otra escala". "Hay que tener una mirada que requiere tiempo", afirma la responsable del COAS, que destaca que hay espacios y proyectos que no pueden resolverse por medio de una licitación. "Los concursos de ideas permiten que se presente mucha gente, que haya visiones diferentes", insiste la decana de los arquitectos sevillanos, que lamenta que la apuesta por las licitaciones deja sin oportunidades de futuro a "intervenciones fantásticas" que quedarán para el patrimonio arquitectónico de la ciudad.
Juanjo López de la Cruz fundó en los primeros 2000 el estudio Sol89 junto con María González y recuerda como en las "zonas sensibles" los concursos de ideas siempre eran juzgados por "arquitectos de reconocido prestigio". "Se entendía que eran situaciones tan sensibles que había que tener a las mejores cabezas evaluando las soluciones", recuerda este arquitecto sevillano. Sobre todo, asegura, porque son soluciones que deben durar décadas.
La Torre de la Plata es un punto negro para el patrimonio sevillano desde hace casi tanto tiempo como lleva esperando la Ciudad de la Justicia de Madrid para ser edificada. La construcción formaba parte de la muralla defensiva de la Sevilla almohade, pero desde hace años lo que hay a su alrededor es un aparcamiento en superficie que el Ayuntamiento de Sevilla quiere convertir en un centro de interpretación de ese cerco defensivo, que apenas se conserva en esa zona y en el barrio de la Macarena. Con el añadido de que la Torre de la Plata está a un tiro de piedra del "triángulo Unesco", los edificios protegidos en 1987 por la agencia de la ONU y el epicentro turístico de la capital andaluza: la Catedral, el Alcázar y el Archivo de Indias.
"No es un solar, hay que pensar en el entorno", esboza Nuria Canivell, que se decidió a lanzar la queja desde el COAS cuando la gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla publicó, en pleno agosto, la licitación del proyecto de la Torre de la Plata con un plazo inicial de 15 días. Acabó extendido a 30 días tras la queja del organismo que tiene colegiados a 2.500 arquitectos en la capital andaluza. "No podemos hacer buena arquitectura con estos plazos de condiciones", lamentaba el escrito del COAS, que aseguraba que un proyecto con esas normas estaría "abocado al fracaso". Y el problema, decía la nota, "es que no es algo excepcional", como demuestra la coincidencia con el caso de la Ciudad de la Justicia de Madrid.
Esta práctica de las Administraciones tiene una segunda vertiente que impacta de lleno en las posibilidades de desarrollo de los arquitectos noveles o de los pequeños estudios. "Sólo el que puede poner a 10 personas a trabajar en un proyecto con esos plazos puede optar a él", expresa Pedro Mena, arquitecto e investigador de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla. Mena cree que la ausencia de concursos supone "eliminar una vía natural para que los estudios prosperen", lo que favorece un ecosistema en el que "sólo haya estudios grandes o pegados a los gobiernos de turno". "¿Quién puede preparar una licitación en 15 días" se pregunta.
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Uno de los edificios de la futura Ciudad de la Justicia de Madrid. (EFE) "Gran parte de los arquitectos jóvenes se quedan fuera al no poder demostrar experiencia en sus currículos", expresa Juanjo López de la Cruz. Ante esa falta de oportunidades, denuncia, acaban como "mano de obra barata" trabajando para otros arquitectos. En otros países, asegura López de la Cruz, se suelen reservar plazas para noveles o se hace un concurso paralelo que les permite llevarse proyectos a pesar de no tener una trayectoria previa. En las cribas que establecen algunas licitaciones está la obligatoriedad de haber diseñado un edificio de la misma tipología que el incluido en el concurso, algo "absurdo" para el arquitecto sevillano: "Puedes haber hecho muchos colegios, pero te piden una biblioteca y nunca has hecho una", ilustra.
El origen de esta situación, al menos en parte, lo encuentra López de la Cruz en la crisis de 2008, que afectó de lleno al sector de la construcción en España. Entonces fue cuando se retocó la ley de contratos del sector público para primar los proyectos con una mejor oferta económica. "Se reduce a una subasta", expresa el cofundador de Sol89, quien admite que los contratos suelen ir a quien "ajusta más los precios y no a quien ofrece un mejor servicio". "Y con esas bajas económicas el principal perjudicado es la administración pública", lamenta el arquitecto sevillano.
"Se ha recurrido a la arquitectura para resolver lo urgente y se ha olvidado que es un arma cargada de futuro", expresa López de la Cruz, que coincide con los arquitectos madrileños al aludir a la Ley de Calidad de la Arquitectura. Esta norma, aprobada en 2022, que establece que la arquitectura es "un bien público" y debe ser protegida "más allá de ser un proveedor de servicios y productos". El problema, según el sevillano, es que se trata de una ley "poco operativa" y debe ser interpretada "de manera más generosa".
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