La número dos de García Ortiz se opone a que el TS le investigue por revelación de secretos sobre el novio de Ayuso

La número dos de García Ortiz se opone a que el TS le investigue por revelación de secretos sobre el novio de Ayuso

La teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez-Conde, ha emitido este lunes un informe en el que se opone a que el alto tribunal investigue al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el presunto delito de revelación de secretos del que le acusa el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

"La presentación de una denuncia o querella no conduce de manera forzosa e ineludible a la incoación de un procedimiento penal", advierte la número dos de la Fiscalía en su informe. "En el presente supuesto, es constatable que los hechos objeto de imputación no tienen carácter delictivo".

Sánchez-Conde ha emitido este informe después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) concluyera el pasado julio que existen indicios suficientes para investigar al fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos. Tras dos meses de pesquisas, el magistrado Francisco José Goyena envió una exposición razonada sobre sus hallazgos al Supremo, que es el único con competencia para abrir una causa al fiscal general.

El procedimiento parte de la nota de prensa en la que la Fiscalía Provincial de Madrid informó sobre las negociaciones que había mantenido con el abogado de González Amador en una investigación paralela que se sigue contra él por fraude fiscal. La Fiscalía consideró que la difusión de este comunicado resultaba necesaria para desmentir "las informaciones falaces" que se habían publicado previamente, pero el TSJM rechazó sus argumentos y admitió a trámite la querella de González Amador.

Beatriz Parera

"La difusión de dicha información no se corresponde con la alegada finalidad que apunta el Ministerio Fiscal, pues aparte de exceder en su contenido a lo que aparece divulgado en la prensa, supone la divulgación de datos e información que no puede ser revelada a terceros", advirtió Goyena en la exposición razonada que remitió al Supremo. "Podría haber tenido otro formato y contenido, que no vulnerara el deber de reserva que debía guardarse".

En el informe notificado este lunes, la teniente fiscal del Supremo rechaza una vez más ese razonamiento. "Ningún extremo de los contenidos en la nota informativa de la Fiscalía era desconocido cuando se hizo pública, es decir, todos los datos que se dicen revelados por esa nota informativa eran, en realidad, datos de público conocimiento", argumenta. "Dar a conocer la cronología de los hechos y de los correos electrónicos era especialmente necesario para el Ministerio Fiscal, puesto que al alterar varios medios de comunicación su orden temporal se pretendía confundir a la opinión pública al variar radicalmente el papel de la Fiscalía".

Alberto Pérez Giménez

El informe repasa más de una decena de noticias que se publicaron entre el 12 de marzo y el día 14 de ese mismo mes, cuando la Fiscalía finalmente emitió su nota de prensa. Una de estas noticias hacía referencia a “fuentes próximas a la defensa” al informar sobre un correo electrónico en el que el fiscal y el abogado de González Amador apuntaban a un posible pacto que pusiera fin a la investigación. Según defiende Sánchez-Conde, esa noticia por sí sola ya "excluye la participación de la Fiscalía y sitúa el origen de la filtración en el entorno de la defensa del Sr. González Amador, que sorprendentemente no ha sido objeto de investigación".

La teniente fiscal del Supremo también eleva el tono en la parte final de su informe y carga contra "los infundios publicados" por distintos medios y "por el jefe del Gabinete de la Presidenta de la Comunidad de Madrid", Miguel Ángel Rodríguez. "Debemos reseñar que la campaña periodística orquestada para poner en entredicho la actuación de la Fiscalía española, que aparecía aderezada con datos que en modo alguno eran ciertos, colocaba a la misma en una situación de grave desprestigio", afirma.

Una vez que se ha pronunciado la Fiscalía, corresponde al Supremo decidir sobre la posible imputación del fiscal general. La ponente del asunto es la magistrada Susana Polo, a quienes acompañan en esta sala los magistrados Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela.



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