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La Fiscalía identificará a aquellas "personas de la Dirección General de Protección de la Infancia del Gobierno de Canarias" que se amparen para no acoger en sus centros a niños llegados en cayuco en el nuevo protocolo aprobado por la comunidad autónoma e investigará si han cometido un delito de abandono de menores o de otro tipo.
En un decreto difundido este viernes, la fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez, da instrucciones a todos los fiscales de las islas sobre cómo actuar si cualquier fuerza o cuerpo de seguridad del Estado pone en su conocimiento "la negativa de la Dirección General de Protección de la Infancia" a la acogida de un menor inmigrante en un centro de la comunidad autónoma si este ha sido "debidamente reseñado" conforme al protocolo nacional de 2014.