La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha buscado un acercamiento con Pimec y Foment del Treball, sin embargo, se ha topado con posiciones alineadas con CEOE que alejan un eventual apoyo de Junts a la ley.
El acuerdo de coalición firmado por PSOE y Sumar en noviembre de 2023 recogía una reducción de la jornada laboral máxima hasta las 38,5 horas para este año, que iría seguida de otra para aplicar las 37,5 horas en 2025. La mesa de negociación con los representantes de CEOE, Cepyme, CCOO y UGT comenzó a reunirse a finales del mes de enero, pero nueve meses después no dejan de crecer las dudas de que la ley pueda superar el trámite parlamentario mientras no reúna el apoyo de las patronales.
Desde el Ministerio de Trabajo el foco está puesto en Junts, lo que explica el calendario de reuniones que ha mantenido esta semana la también vicepresidenta del Gobierno en Barcelona. El encuentro con Pimec se desarrolló en tono constructivo, según trasladaron ambas partes, pero las pequeñas y medianas empresas catalanas no perdieron la oportunidad de recordar a Yolanda Díaz los impactos negativos que tendría esta medida si no se ve acompañada por mecanismos de compensación suficientes. Sin embargo, Foment del Treball dejó claro que su posición estaba totalmente alineada con CEOE y que esta era una materia de la negociación colectiva.
Este 'tour' en el que también se vio con los responsables de CCOO y UGT en Cataluña, llevó a cancelar la reunión de la mesa de diálogo prevista para este jueves que estaba conducida por el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, quien acompañó a la ministra a Barcelona. Fuentes del diálogo social trasladaron entonces a La Información que la cita se había trasladado al martes 24 sin concretar el porqué. Trabajo tampoco les había hecho llegar un documento con los detalles de la propuesta de reducir las bonificaciones a las nuevas contrataciones, como se había comprometido a hacer una semana antes.
Desde la cartera de Díaz se limitan a enmarcar las reuniones de Barcelona como parte de los contactos con los agentes sociales y explican que los diferentes puntos de vista se pondrán en común en la próxima reunión del diálogo social. Respecto al papel, las fuentes del Ministerio dicen que no han modificado su posición desde el último encuentro y que son los negociadores de las organizaciones empresariales y los sindicatos los que ahora deben opinar sobre ello. Pérez Rey anunció que el Ejecutivo había diseñado un plan 'Pyme 375' con asesoramiento, planes de formación y bonificaciones a las contrataciones que sean producto de la reducción.
CEOE no tardó en reaccionar, señalando la "imprecisión" del programa y cuestionando el "intervencionismo" del Ejecutivo por asignar este nuevo papel al SEPE. No obstante, desde la organización de Antonio Garamendi evitaron hacer una valoración en profundidad hasta conocer el detalle de la propuesta por escrito. CCOO y UGT también evitaron dar su opinión sobre un planteamiento que entienden que iba dirigido a la patronal, no obstante, criticaron que tras una veintena de reuniones, CEOE insista en que es una materia que no debe cambiarse a través de una ley.
Los sindicatos han convocado movilizaciones para el próximo jueves 26 de septiembre frente a las sedes de la patronal, sin embargo, saben que el principal escollo es político por lo que ya han anunciado que comenzarán a solicitar reuniones con todos los partidos políticos -excepto Vox- para reunir apoyos para reducir la jornada laboral. Unai Sordo y Pepe Álvarez creen que la posición de Junts ha sido determinante para "acabar" con la voluntad de la CEOE para llegar un acuerdo, pero también ha marcado el giro en la posición de Trabajo que si en un principio amenazó con sacar adelante estos cambios con o sin los empresarios, ahora quiere atraerlos.
Los secretarios generales de CCOO y UGT han asegurado que si no se producen movimientos decisivos, las siguientes protestas irán dirigidas al Gobierno, el cual creen que debe apostar por el cambio en el Estatuto de los Trabajadores y llevarlo al Congreso de los Diputados, incluso si existe la posibilidad de que las formaciones de derecha impidan su aprobación. En la asamblea celebrada este miércoles, los sindicatos también hicieron referencia a los grupos de BNG, EH Bildu y ERC, que se han mostrado muy críticos con el último acuerdo de pensiones, con la advertencia de que las 37,5 horas semanales son el primer paso para el objetivo de 32.
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