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El Ministerio de Justicia que dirige el ministro Félix Bolaños se ha dirigido al Tribunal Supremo para reclamarle que redacte un informe sobre la posibilidad de indultar la pena de inhabilitación del líder de ERC Oriol Junqueras. La solicitud llegó al departamento de la mano de un particular hace dos meses justo después de que la Sala de lo Penal considerara que la malversación por la que fue condenado no es amnistiable.
Con este paso, el Ministerio activa el trámite habitual en las solicitudes de indulto. Como ha avanzado El Mundo y confirma El Confidencial, Justicia ha iniciado los pasos obligados en estos casos y reclamado los informes preceptivos. Entre ellos está el del tribunal sentenciador. Junqueras, que vio indultada su pena de prisión, mantiene, sin embargo, la inhabilitación que se alarga hasta 2031 y le impide el acceso a cargos públicos.
Antes del verano, el 1 de julio, la Sala Segunda del Tribunal Supremo integrada por los magistrados Manuel Marchena -ponente de la resolución- Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Andrés Palomo y Ana Ferrer- declaró no amnistiado el delito de malversación de caudales públicos por el que había sido condenado Junqueras junto a Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.
El auto ponía de manifiesto que la ley ofrecía dificultades interpretativas a la vista del "ritmo de alta velocidad" que presidió su aprobación. La magistrada Ana Ferrer firmó un voto particular en el que expresaba su discrepancia con el parecer mayoritario de sus compañeros. La Sala consideró que el desvió de fondos públicos del procés implicó un enriquecimiento personal excluido de la amnistía en la propia ley y, además, supuso un grave perjuicio para la UE.
El Gobierno indultó en 2021 a los nueve presos del 'procés' e incluyó un periodo de seguridad en el que el Ejecutivo se reserva la posibilidad de dejarlos sin efecto. Se fijó entonces un plazo por un tiempo máximo de seis años. En ese periodo, Oriol Junqueras y el resto no podrán reincidir o cometer "delitos graves" sin arriesgarse a regresar a prisión. Como delitos graves se entienden aquellos con penas de prisión de cinco años en adelante. El Ejecutivo combinó entonces esa garantía con la convicción de que los políticos catalanes condenados "no lo volverán a hacer".
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