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El abogado de Carles Puigdemont ha presentado ante el Consejo General del Poder Judicial un escrito en el que denuncia que el juez Pablo Llarena está incurriendo en una "desatención y un retraso injustificado y reiterado" de la tramitación y resolución de los recursos de reforma que presentó Gonzalo Boye respecto a la decisión del instructor del procés de no amnistiar al expresident catalán y el exconseller Toni Comín por no ver aplicable la ley al delito de malversación agravada.
En la queja, a la que ha tenido acceso El Confidencial, el letrado asegura que se ha excedido con creces "el plazo legalmente previsto" para que el magistrado responda. Considera que resulta claro que el magistrado "ha incurrido en la infracción disciplinaria". En su escrito indica que la conducta que achaza al juez -una inobservancia de los tiempos legalmente establecidos- encaja incluso en una falta muy grave, que llevaría aparejada la suspensión del ejercicio.
Llarena rechazó el pasado julio levantar la orden de detención nacional contra Carles Puigdemont al considerar que la ley de amnistía no cubre su caso debido a que el desvío de fondos del procés del que le acusa supuso un enriquecimiento ilícito, conducta que se encuentra entre las excepciones al perdón que recoge la norma. También aprecia que se incurrió en un perjuicio contra los intereses económicos de la UE. El primer paso que Puigdemont dio consistió en recurrir el auto de Llarena ante el propio Supremo. Una vez resuelto este recurso y el posterior de apelación, el líder de Junts tendría abierto el camino al Constitucional para impugnar esta decisión.
Según detalla la queja al Consejo, los recursos de reforma aún no contestados se presentaron el 8 y 9 de julio "dentro del plazo legalmente establecido". También recurrieron la Fiscalía, la Abogacía del Estado, la defensa de Marta Rovira y la del exconseller Lluís Puig. Semanas más tarde, el día 22, el abogado Boye cursó otro escrito ante el propio TS en el que ya se refería al incumplimiento de plazos que ahora alega.
Puigdemont apunta a que la falta de respuesta continúa a pesar de que este 7 de agosto Llarena solicitó dejar sin efecto su licencia de vacaciones para ocuparse de la detención del expresident. Insinúa, además, que la decisión de Llarena -que también compartió la Sala de lo Penal en el caso de los condenados por el procés- es "manifiestamente ilegal".
Según argumenta, teniendo en cuenta las fechas en que se interpusieron, "los recursos de reforma interpuestos por los denunciantes debieron haberse resuelto hace más de un mes, durante la primera mitad del mes de julio de 2024". "Nos hallamos ante un incumplimiento reiterado", insiste.
Pulso y ataques al juez
Puigdemont mantiene desde hace mucho tiempo un pulso permanente con el juez que se ha traducido en casi una decena de intentos de recusación, todos ellos rechazados. Con este paso da, sin embargo, un salto en sus acciones contra el magistrado. En el Tribunal Supremo llevan tiempo sospechando que desde Junts y otras formaciones independentistas están sentando las bases para denunciar a distintos magistrados por prevaricación.
La decisión del TS de no considerarle amnistiable ha incrementado la tensión y se ha traducido en toda una serie de ataques verbales contra Llarena en particular y contra el Supremo en general. Puigdemont ha acusado a la Justicia de encabezar "un golpe de Estado híbrido" por no aplicarle la amnistía mientras que el portavoz de Junts en el Senado insultó al magistrado la pasada semana llamándole "Tejero sin bigote".
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