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El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, cree que el Tribunal Supremo se ha "extralimitado" al no aplicar la ley de amnistía con Carles Puigdemont. La sala de lo Penal que juzgó el procès y el juez instructor Pablo Llarena mantuvieron la orden de búsqueda y captura al expresidente de la Generalitat y otros altos cargos al considerar que la malversación por la que se los persigue sigue vigente y está entre las excepciones del texto aprobado por el Congreso. Esa posición, según el dirigente socialista es una "interpretación" errónea de una ley "muy clara".
"Soy jurista, ejercí la abogacía 20 años", ha defendido el exalcalde de Valladolid en una entrevista en RNE en la que ha defendido que la ley que sirvió para que Junts apoyase la investidura de Pedro Sánchez "no puede interpretarse a la hora de aplicarla". "Hay tribunales en España que se pronunciarán sobre esto", ha añadido Puente, en una referencia velada al Tribunal Constitucional. La decisión de los jueces del Supremo se puede discutir por medio de un recurso de súplica, pero también pidiendo amparo a la corte de garantías. El mensaje de Puente apunta a una revisión en el Constitucional que revoque la postura del Supremo, como ha ocurrido recientemente con el caso de los ERE.
Según ha defendido Puente en RNE, el Supremo ha conseguido "retrasar la aplicación" de la ley de amnistía con Puigdemont y varios de sus exconsejeros, ya que sólo Marta Rovira, secretaria general de ERC, logró volver a España tras la entrada en vigor de la norma, ya que estaba perseguida por el delito de desobediencia. La tesis del Supremo sobre el expresident es que la malversación se basa en que "hicieron con el patrimonio ajeno que les estaba confiado lo que no pudieron o no quisieron hacer con su patrimonio". Es decir, que los fondos utilizados para alimentar el procès fueron utilizados para sus "objetivos personales". "No por ser políticos dejan de tener esa vertiente", expresaba el auto del pasado 1 de julio que afectaba también a los exconsejeros Dolors Bassa, Jordi Turull o Raül Romeva, así como a Oriol Junqueras.
"No hay por donde agarrar esa interpretación", ha senteciado el ministro de Transportes en la entrevista en la que ha defendido que la ley de amnistía debería haber puesto ya "el punto final" a las consecuencias judiciales del procès. Lo que sí ha dado por terminado Puente es el cariz político del proceso independentista tras la elección de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, el pasado jueves. El mismo día en que ha tomado posesión el nuevo Govern, el ministro de Transportes ha ensalzado el perfil del nuevo president, "alguien como los pies en la tierra" como el más indicado para pilotar la actual etapa política.
Puente ha asegurado que la apuesta de los socialistas por bajar el diapasón en Cataluña se "reconocerá" tarde o temprano a pesar de que los acuerdos cerrados por el PSOE con los independentistas, con la ley de amnistía y el acuerdo fiscal con ERC como últimos hitos, han provocado no sólo una oleada de críticas en la derecha, sino también un amago de rebelión dentro de su partido. El modelo de concierto catalán que deriva del pacto con los republicanos es ahora el principal dolor de cabeza para Ferraz, que ha reclamado paciencia a sus barones territoriales a pesar del rechazo expreso de Emiliano García-Page y Adrián Barbón, presidentes de Castilla-La Mancha y Asturias; y las dudas de otros dirigentes regionales que sí han dado un voto de confianza a la cúpula que dirige Pedro Sánchez.
"El acuerdo siempre va a tener presente el principio de solidaridad", ha dicho Puente, que ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" y ha reclamado paciencia para ver cómo se desarrolla el acuerdo. Ha aludido incluso al discurso de investidura de Illa y los pronunciamientos de María Jesús Montero, ministra de Hacienda y vicepresidenta pimera del Gobierno que ha mantenido un perfil bajo desde que se conoció el acuerdo entre los socialistas y los republicanos. Puente ha utilizado en la entrevista uno de los argumentos más repetidos por el PSOE en estos días, al señalar la contradicción de reclamar mayor financiación en territorios como Andalucía y Madrid que se quejan de falta de fondos al tiempo que han puesto en marcha rebajas de impuestos.
El titular de Transportes ha confiado en que el acuerdo con ERC sea un punto de partida para que se ponga en marcha la reforma de la financiación autonómica, una asignatura pendiente desde 2014 que Montero no ha sido capaz de aprobar dada la compleja aritmética parlamentaria. Puente también se ha referido a los asuntos relacionados con su departamento, como los problemas que ha experimentado Renfe en las últimas semanas. El dirigente socialista ha admitido que el compromiso de puntualidad de la empresa pública era un "suicidio económico" que supuso a las arcas públicas 42 millones de euros en el contexto de un modelo deficitario en la alta velocidad española.
Desde el PP no han tardado en reaccionar y han exigido a Óscar Puente una "rectificación inmediata" y a Pedro Sánchez un "pronunciamiento" sobre las palabras de su ministro, en las que infiere que "el control que el Gobierno pretende ejercer" sobre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. La vicesecretaria de Organización de los populares, Carmen Fúnez, ha afeado que el Ejecutivo "considere a los jueces patrimonio propio" y ha acusado al presidente del Gobierno de "intentar poner la Justicia la servicio de sus intereses", que a su juicio no es otro que "mantenerse en el sillón".
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