Cinco personas han sido detenidas, entre ellas el director del centro.
La ventana está tapada para que desde fuera no pueda verse lo que ocurre en su interior. Como si fuesen presos en las épocas más oscuras de las guerras o dictaduras, los verdugos encierran a sus víctimas durante horas, sin comida ni luz. Es su castigo por haberse portado mal. Las vejaciones son acompañadas de magulladuras y quemaduras. Apagan los cigarros en su piel. Al habitáculo donde cumplen condena lo llaman la habitación del terror. Lesiones, torturas, agresiones sexuales, vejaciones. No es el guion de un thriller de horror, es la realidad que retratan varios menores de un centro de Ateca, en Zaragoza.
Cinco personas han sido detenidas, entre ellas el director del centro. Vaya por delante, siempre, la presunción de inocencia. Pero lo cierto es que la jueza se estremeció al escuchar los testimonios. Y se rompió al ver las imágenes de las heridas presentadas por algunas de las posibles víctimas. El complejo ha sido clausurado, los chavales reubicados, y los acusados han sido enviados a prisión provisional sin fianza. Se han contemplado las primeras pruebas como indicios suficientes de criminalidad, tanto como para mantenerlos a todos encerrados mientras se sigan esclareciendo los hechos. La defensa de los detenidos está elaborando un recurso para solicitar su salida de prisión por “falta de pruebas objetivas”.
Algunos vecinos dicen haber escuchado los gritos. Otros, sin embargo, como el propio alcalde de Ateca, se han quedado atónitos. No se podían imaginar que a escasos metros de sus casas se pudiese estar desatando el horror. El Centro de Atención a Menores de Ateca acogía cerca de veinte o treinta jóvenes de entre 13 y 17 años. De titularidad privada, se habría encontrado bajo gestión de la Fundación Salud y Comunidad y el grupo Lagunduz. El presunto escándalo se destapó a primeros de julio, cuando una madre empezó a percibir que algo iba mal. Su hijo le había contado que sufría un trato denigrante. El chico quiso denunciar, pero según cuenta la familia, no le permitieron salir del centro. Unas semanas más tarde, el menor volvió a llamar a su madre. Esta vez por videollamada. Le dijo que habían intentado acuchillarle. Sin dudarlo ni un momento, la mujer se presentó en la institución para pedir explicaciones. El director le rogó que no se alarmase, que no era para tanto, que algo había ocurrido, pero que no había sido “tan grave”.
Los detenidos no quisieron declarar. Están en su derecho de guardar silencio. Pero su hermetismo ha desatado las peores conjeturas en un pueblo de no más de 1.800 habitantes, donde el estupor crece a medida que avanzan las investigaciones. Algunos de los chicos han explicado que los obligaban a permanecer largos intervalos de tiempo con los brazos levantados. Los dejaban sin comer. Un antiguo residente del complejo ha narrado que vio a uno de los educadores partirle el brazo a un compañero. También les apretaban el cuello. Ahora, las madres coraje de muchos de estos jóvenes se han unido para hacerle frente a la institución. Piden justicia ante el reiterado, presunto, maltrato físico y psicológico. Son víctimas vulnerables, menores de edad que no podían defenderse, que callaron por vergüenza y temor a las represalias.
Algunas chicas tenían miedo de denunciar. Cuentan que las grababan con el móvil. Según algunos testimonios, algunos de esos educadores traficaban con fotografías de carácter pornográfico de las niñas. Ahora la Guardia Civil está rastreando los dispositivos en busca de esas pruebas. De momento, se han tramitado los informes de credibilidad para determinar si los testimonios de los denunciantes son verosímiles. Por otro lado, los agentes siguen interrogando testigos. Uno de ellos asegura que el director pidió a un enfermero informes médicos falsos que desmintieran las lesiones.
Los detenidos están acusados de delitos de torturas, lesiones, contra la integridad moral y pertenencia a grupo criminal. La instructora considera que cuatro de ellos podrían ser, además, autores de delitos de agresión sexual. Se trata de sus propios educadores. Las personas encargadas de protegerlos, instruirlos y cuidarlos. Según las primeras versiones, ni siquiera disponían de la titulación necesaria para ese trabajo. Un fallo en el sistema habría permitido que personas capacitadas para torturar se pusieran al mando de un centro especializado en la tutela de menores de e... {getToc} $title={Tabla de Contenidos}