Antes de marzo de 2026 tendrá que trasponer una norma de la UE que exige un aval independiente sobre la sostenibilidad de todo tipo de productos.
"Algodón 100% sostenible", "producto 100% reciclable", "vegano" o "bio" son algunas de las etiquetas que podemos ver en todo tipo de productos que consumimos de manera habitual. Con más o menos autenticidad, fabricantes de ropa, alimentos o casi cualquier otro objeto intentan con avisar así al consumidor de que para fabricarlo se ha consumido menos agua o menos energía o se han reutilizado materiales. O que, cuando lo deseche, tendrá una segunda vida. Sin embargo, esta práctica general tiene los días contados porque España tiene menos de dos años para aplicar una directiva europea que impondrá a casi todas las empresas, ya no solo las más grandes, un árbitro independiente para certificar que las cosas que dicen las etiquetas son ciertas.
Como el resto de países de la UE, el Gobierno deberá transponer antes de marzo de 2026 una directiva europea relativa a "la presentación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas" que, a rasgos generales, arrinconará un poco más al llamado 'greenwhasing' o 'ecopostureo', los nuevos términos para definir lo que hacen ciertas empresas, que se apuntan de manera ficticia a la concienciación medioambiental y a una sostenibilidad que en muchos casos solo está en la etiqueta.
Que la información de sostenibilidad deba ser "verificada por un tercero independiente" no es del todo nueva porque hasta ahora solo se aplicaba por ley a las de mayor tamaño, de a partir de 500 empleados. La novedad es que la regulación se amplía también a sus filiales y a empresas medianas y pequeñas empresas. Solo las microempresas quedarán excluidas de la obligación de que una empresa certificadora externa dé fe de aspectos que deberá incluir en este informe, como quiénes son sus responsables en materia de sostenibilidad, sus productos, su cadena de valor y sus relaciones comerciales y su cadena de suministro.
"La información que tú pones a la vista de un consumidor tiene que estar avalada, si digo que en un producto que su fabricación es sostenible, eso ya no va a valer. Tendré que avalarlo con una certificación de reducción de huella de carbono, de huella hídrica. No va a valer una afirmación genérica". Así resume la nueva obligación que tendrán todo tipo de empresas Mayrata Conesa, Manager de Compliance y Buen Gobierno en AENOR, quizá la empresa certificadora española más reconocible, que lleva años trabajando en estas cuestiones, con empresas que ya se han adelantado a la norma, y que se prepara para lo que vendrá desde la experiencia en las auditorías sostenibilidad.
Auditorías exhaustivas y anuales
Las empresa podrán acudir a la empresa certificadora que elijan y, en teoría, el aval no será obligatorio. Sin embargo, la propia norma dejará en evidencia a quien opte por quedarse fuera y tiene otras vías para empujar a que no lo hagan. Por una parte, ya no podrán etiquetar con conceptos vinculado a la sostenibilidad si su actividad no está certificada y que no lo esté llevará a sospechas de que se deba a que no cumplen con parámetros ambientales. Además, según la norma europea, las empresas que no cuenten con esta certificación no podrán presentarse a licitaciones para obtener contratos públicos, de modo que el aval independiente se convierte en requisito para ello.
"La elección de la empresa será no decir nada o, si quiere dar la información, tendrá que adherirse a una certificación y darla de manera clara, fiable", añade Conesa, que descarta que quien quiera seguir haciendo 'ecopostureo' vaya a tener tan fácil conseguir un sello de calidad. En AENOR, al menos, asegura que "las auditorías son muy exhaustivas, muy rigurosas y por el camino no nos vamos a entender" si la intención es distraer información, no aportar todo lo que se requiere y tener un aval de sostenibilidad. Además, tampoco valdrá haber sido respetuosas con el medio ambiente un año y después echarse a dormir. Las auditorías como las que hace AENOR son presenciales y se hacen todos los años, para comprobar la continuidad. "No es queda en una foto. Todas los certificados requieren una auditoría anual", dice Conesa, que advierte también de que "se pueden retirar" si una empresa en cuestión, de repente, deja de merecerlo.
Hay empresas que sí se toman en serio la sostenibilidad en sus productos y procesos de fabricación y, de hecho, llevan años certificando sus prácticas con AENOR y otras empresas. Pero también es cierto que este 'lavado de imagen verde', que empezó asociándose a las empresas energéticas, se sigue dando en casi cualqui... {getToc} $title={Tabla de Contenidos}