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"Es una suerte de concierto económico con el que no estoy de acuerdo". La frase es de María Jesús Montero, ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, que se pronunció así después del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebró el pasado 15 de julio. Se refería a la propuesta que la Generalitat llevó al foro multilateral y que no es muy distinta de la que figura en el preacuerdo cerrado entre el PSC y ERC este lunes, difundido por los republicanos y confirmado por los socialistas. 15 días después de aquel posicionamiento, la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ha dado "pleno respaldo" al escrito, aunque sin dar muchas más explicaciones. Montero es la vicesecretaria general del PSOE y, por lo tanto, la segunda al mando en ese órgano.
El propio Pedro Sánchez, que ha comparecido este miércoles en Mallorca tras despachar con el Rey en el Palacio de la Almudaina, es quien ha desvelado ese apoyo unánime en Ferraz. Desde Palma, el presidente del Gobierno ha rechazado pronunciarse sobre su decisión de no declarar este martes en Moncloa en la investigación que el juez Juan Carlos Peinado mantiene sobre su esposa, Begoña Gómez, y sobre la querella que ha interpuesto la Abogacía General del Estado a petición suya. Ha emplazado a su declaracion de este miércoles en el palacio presidencial para hacer balance del año para abordar este asunto.
"Es muy positivo para Cataluña y francamente positivo para España", ha defendido el jefe del Ejecutivo, que ha asegurado que el contenido del acuerdo "garantiza la igualdad entre españoles". Sánchez ha defendido que el acuerdo habla de "sanidad, vivienda y educación" y ha aludido también al blindaje de la "solidaridad interterritorial" y la existencia de unos "servicios públicos equiparables en todos los territorios de España". Pero no ha profundizado en los matices que hacen desconfiar a numerosos cargos del partido en los territorios, aunque sin hacer mucho ruido.
El PSOE está en un compás de espera hasta que los militantes de ERC decidan si apoyan la investidura de Salvador Illa. Ese es el caballo al que apostó hace ya tiempo Pedro Sánchez y sus movimientos dan a entender que cree estar a punto de llegar a la meta. Tanto es así que en su comparecencia ha piropeado a ERC por ejercer como "aliado" del PSOE en su apuesta por la "desjudicialización" de la situación en Cataluña. "Hay que reconocer la labor que han hecho", ha añadido antes de apelar a "una nueva fase en la política catalana" marcada por "el acuerdo entre diferentes".
La comparecencia de Sánchez ha tenido este martes un primer capítulo cuando Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, se ha limitado a mostrar su "satisfacción" por el acuerdo sin entrar a valorar su contenido. "Es el triunfo de la política, del diálogo, del acuerdo, de la negociación; es una victoria de la política útil", ha dicho la también ministra de Educación en el Palacio de la Moncloa, que ha masticado una y otra vez el mismo chicle para repetir la letanía a la que se agarran el PSOE y el Gobierno y que tiene la misma melodía que el discurso de los socialistas con la amnistía.
El comunicado de Ferraz tras conocerse el acuerdo deja claro que la intención del PSOE es "impulsar y hacer efectivo" los puntos del pacto que dependan del Gobierno central. Es la forma de asumir lo pactado entre PSC y ERC y que los socialistas catalanes abordarán en una ejecutiva que celebrarán el próximo sábado, una vez que los militantes republicanos se hayan pronunciado y se haya resuelto (o no) la investidura del exministro de Sanidad. Todo hace indicar que, hasta entonces, el PSOE mantendrá el perfil bajo con el argumento del "respeto" a los procesos internos de unos y otros.
"Es una quiebra brutal de la igualdad de los españoles", dijo el martes Javier Lambán, líder del PSOE aragonés y una de las voces críticas con Sánchez. Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, se quejó inicialmente del "atronador silencio" de Ferraz y aseguró que la izquierda no puede "amparar la desigualdad" que se destila del acuerdo entre PSC y ERC. El documento apunta a un concierto económico similar al vasco y al navarro, con la diferencia de que el cupo que Cataluña enviaría al Estado no sería una cantidad cerrada, sino que se calcularía a partir de un porcentaje de la recaudación que haría la agencia tributaria catalana. Esto esa así porque el documento da carta de naturaleza a que sea la Generalitat la que recaude todos los impuestos que se generan en Cataluña.
Los barones prudentes
Hay otros barones del PSOE más prudentes, como el andaluz Juan Espadas o el extremeño Miguel Ángel Gallardo. "No voy a permitir que haya agravios ni privilegios como secretario general del PSOE de Andalucía", ha dicho el dirigente sevillano antes de la reunión de la Ejecutiva en la que él participa como portavoz socialista en el Senado. Después ha votado a favor de apoyar el acuerdo, como ha hecho casi todo el órgano. Más duro se ha mostrado Gallardo, que ha anunciado el rechazo de cualquier pacto en Cataluña que suponga "una quiebra de la igualdad o de la solidaridad fiscal" entre comunidades.
Es cierto que el acuerdo de PSC y ERC contempla la solidaridad dentro del cupo, pero limitada al principio de ordinalidad. Esto significa que la Generalitat cederá parte de sus fondos, pero hasta un tope. Y este tope es precisamente que las comunidades que aportan menos que Cataluña, como Andalucía o Extremadura, puedan recibir más fondos. Esta solidaridad con matices, según critican varias fuentes citadas, va en contra de la redistribución de los recursos entre quienes los que aportan más y los que aportan menos, algo incompatible con los postulados clásicos del PSOE y los posicionamientos que ha mantenido hasta ahora María Jesús Montero.
En el fondo de este debate está la asignatura pendiente de la reforma de la financiación autonómica, una norma que debe aprobarse por medio de una ley orgánica, es decir, con mayorías reforzadas. El documento filtrado por ERC incluye varios compromisos vinculados a la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, que sólo podría salir adelante con el apoyo de todos los socios de la investidura de Pedro Sánchez. Ahí habría que buscar a Junts, que es el principal perdedor del acuerdo entre socialistas y republicanos, pero también a Sumar. En la coalición que dirige Yolanda Díaz hay partidos que ya se han pronunciado en contra de los postulados del acuerdo, como Compromìs y la Chunta Aragonesista. En la formación magenta no se han pronunciado, por el momento, pero la aritmética se le complica al PSOE si quiere sacar adelante sus compromisos con ERC en el Congreso.
"Creo que hay que esperar a que las bases de ERC aprueben el acuerdo y luego que Hacienda dé una explicación clara y detallada del alcance del acuerdo", expresa una fuente del PSOE andaluz. Hay quien, incluso entre los cercanos a Espadas, defendía hace unos días que el dirigente sevillano debería dejar su cargo en el Senado si el acuerdo con los independentistas apuntaba a un posible agravio, pero esa posibilidad parece lejana. "En el acuerdo se expresa explícitamente que no puede ir contra la solidaridad territorial sino que debe garantizarse en el conjunto de las comunidades autónomas", expresan desde la cúpula socialista andaluza.
En la mayor federación socialista se mueven entre la esperanza de que esas explicaciones les satisfagan y una cierta desazón porque el pacto con los republicanos supone cruzar un Rubicón que no esperaban con una ministra andaluza en Hacienda. "Como socialista y andaluz, me parece aberrante", expresa una fuente del partido. Hay quien lo apuesta todo a que sea un Govern socialista quien aplique el acuerdo e impida una interpretación contraria a la igualdad entre los territorios. Y quien cree que se trata de una estrategia para ganar tiempo ideada por la dupla Sánchez-Montero, conscientes ambos de la dificultad de sacar adelante los compromisos cerrados con ERC.
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