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Emiliano García Page une fuerzas con las comunidades del PP en medio del debate de la financiación autonómica y su posible uso como moneda de cambio en las negociaciones de investidura en Cataluña. En los prolegómenos de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) los mensajes del barón socialista y los consejeros de Hacienda populares no distan mucho mientras el PSC y ERC mantienen vivas las negociaciones para hacer president a Salvador Illa. "Tenemos quién se quiere quedar con las llaves de la caja", ha deslizado el presidente de Castilla-La Mancha, en un dardo que hace las veces de advertencia a sus compañeros de partido, aunque en el PSOE no se han movido aún de su rechazo a un modelo similar al cupo vasco para contentar a sus potenciales socios republicanos.
El temor es compartido entre el barón socialista -aunque otras federaciones del PSOE también han dejado claro que coinciden con Page- y las comunidades del PP, pero los populares se permiten ser más duros en sus posicionamientos. La consellera valenciana de Hacienda, Ruth Merino, a su llegada a la reunión del CPFF, ha advertido que lo que salga del foro multilateral "no puede ser una coartada para blanquear el chantaje del independentismo". "No puede ser un paripé para que Salvador Illa sea presidente", ha dicho responsable de las cuentas de la Comunidad Valenciana, que ha recordado que la posibilidad de romper la caja común para que Cataluña recaude y gestione todos los impuestos es "humillante, injusto e inconstitucional". Juanma Moreno, por su parte, ha pedido desde Almería "claridad y máxima transparencia": "No puede ser que se negocie sin luz y taquígrafos un modelo singular y privilegiado para Cataluña en detrimento del resto".
Los populares llegan a la reunión en el Ministerio de Hacienda y Función Pública con una aspiración casi imposible: cambiar las reglas de funcionamiento del CPFF para que el Gobierno pierda el voto de calidad. Con las normas actuales del cónclave, el Ejecutivo central sólo necesita el voto de una región para sacar adelante sus propuestas, lo que le permite hacerlo sólo con una de las comunidades socialistas. Ni siquiera una hipotética rebelión de García Page podría bloquear las iniciativas que lleve María Jesús Montero al foro, que se reúne este lunes después de reiteradas peticiones de los barones populares.
El PP ha logrado incluir en el orden del día de la reunión esa propuesta de modificación, que se quedará en un cajón con total seguridad, pero también un punto para que el Gobierno se posicione sobre la reforma de la financiación autonómica. "Queremos un documento con el esqueleto de la reforma", ha dicho este lunes Carolina España, consejera andaluza de Hacienda, a su llegada al CPFF. El debate lleva años enquistado y el modelo aprobado en 2009 por un acuerdo entre el PSOE y ERC caducó hace ya una década. Desde entonces los dos grandes partidos no han sido capaces de ponerse de acuerdo para cambiar la fórmula de reparto de fondos entre las comunidades del régimen común. María Jesús Montero llegó al Gobierno central en 2018 con ese objetivo, pero la compleja aritmética parlamentaria y la incapacidad de socialistas y populares para armar una reforma de este calado ha hecho imposible salir del bloqueo.
Una década después de aquel pacto entre José Luis Rodríguez Zapatero y Josep Lluis Carod Rovira planea otra vez la posibilidad de una entente entre socialistas y republicanos, aunque el equipo de María Jesús Montero insiste en que quiere involucrar al PP en cualquier acuerdo. Y eso se antoja un imposible. Los populares quieren forzar a la ministra de Hacienda a poner las cartas sobre la mesa, pero la política andaluza siempre devuelve el balón a Génova. Montero ha reclamado al PP en múltiples ocasiones que debe tener una postura única como partido. Pero la dirigente socialista sabe que eso es caso una quimera, ya que las comunidades populares tienen circunstancias muy distintas y prioridades contrarias en lo que a financiación se refiere.
Andalucía y la Comunidad Valenciana están entre las comunidades infrafinanciadas, es decir, reciben fondos por debajo de la media, y llevan años reclamando un fondo de compensación que equilibre esta situación mientras llega la reforma integral. En menor medida, también comparten esta situación Baleares y Castilla-La Mancha, lo que deja a García-Page como el único socialista en esta reclamación tras las elecciones autonómicas de mayo de 2023 y la salida de Ximo Puig de la Generalitat. "Los impuestos los pagan la gente y las empresas y alguien que milita en el progreso y la justicia social cree que tiene que pagar más impuestos quien más tiene", ha dicho este lunes el dirigente del PSOE, que ha anunciado que estarán "muy vigilantes" en cualquier acuerdo relacionado con la financiación.
Otros barones del PSOE, como el andaluz Juan Espadas o el extremeño Miguel Ángel Gallardo, también se han posicionado de la misma forma, pero al estar en la opoisición sus reclamaciones quedan apagadas por Garcia-Page. La posición andaluza es histórica y ya José Antonio Griñán en la reforma de 2009 realizó declaraciones que no distan mucho de las que ha hecho este lunes el castellano-manchego. Y tampoco está muy lejos la postura de Carolina España, la actual consejera andaluza de Hacienda. "La reforma debe hacerse bajo los principios consitucionales", ha dicho la dirigente del PP, que ha apelado al principio de igualdad entre españoles y a la "solidaridad interterritorial".
Esto es un aviso a navegantes para dejar claro que el PP presentará batalla ante cualquier sombra de un modelo similar al cupo vasco en Cataluña, es decir, a que la Generalitat recaude y gestione los impuestos y pague al Estado por los servicios que presta en Cataluña. España ha desvelado que el Govern de Salvador Illa ha remitido al resto de comunidades una propuesta de financiación que recoge esa singularidad y ha rechazado tajantemente una solución en ese sentido por "motivos políticos", es decir, para favorecer la elección de Salvador Illa y garantizar así, según España, la viabilidad del Gobierno central gracias al apoyo del independentismo. "No podemos permitir nuevos agravios y un privilegio entre las comunidades del régimen común", ha zanjado.
En la reunión de este lunes también se abordará la senda fiscal de 2025 y los próximos años, es decir, el reparto de los objetivos de déficit que tendrán que incluir las comunidades en sus proyectos de presupuestos. Está por ver todavía si el Ministerio de Hacienda también remite la actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación, un dato básico para que los consejeros de Hacienda elaboren sus cuentas para el año próximo.
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