La Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores (AECP) de la Provincia de Las Palmas ha criticado recientemente un "abuso" en la contratación de la Administración a empresas públicas para llevar a cabo obras o servicios que podrían licitarse a través de un concurso público. Es un escenario que se repite con frecuencia: la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), la patronal del sector, manifestó que de 2021 a 2022 el uso de sociedades públicas propias para ejecutar contratos públicos creció un 77%.
Asimismo, en junio, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, denunció ante la Comisión Europea las adjudicaciones a dedo del Gobierno a Ineco y Tragsa, dos empresas públicas, y hace menos de cuatro meses, la Confederación Asturiana de la Construcción (Asprocon) ganó en el Tribunal Supremo de Justicia del Principado un recurso por las adjudicaciones a medios propios.
En lo que va de 2024 se han otorgado 1.554 licitaciones a empresas públicas a través de encargos, según datos del Portal de Contrataciones del Estado y el Ministerio de Hacienda. El grupo Tragsa (formado por la entidad homónima que se encarga de la ejecución de obras y servicios, y su filial Tragsatec, especializada en ingeniería, consultoría y asistencia técnica) ha recibido 653 encargos de las diferentes administraciones —local, autonómica y estatal— en todo el territorio nacional. Es decir, esta compañía se ha llevado cuatro de cada 10 licitaciones a medios propios este año.
Le sigue Ineco, una sociedad pública de ingeniería y consultoría perteneciente al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, con 170 adjudicaciones este año. Entre ambas empresas estatales se han repartido 1,3 mil millones de euros.
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