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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha solicitado a la juez Beatriz Biedma, titular del Juzgado de Instrucción nº3 de Badajoz, acceso al contenido de los correos electrónicos corporativos de nueve cargos de la Diputación de Badajoz, según refleja el oficio de la Guardia Civil que ha tenido acceso este diario. Entre ellos se encuentran el presidente de la Diputación y secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo Miranda, y tres diputados socialistas del organismo provincial: Cristina Núñez Fernández, Francisco Martos Ortiz y Antonio Garrote Ledesma.
Los agentes quieren comprobar las conversaciones que mantuvieron entre el 1 de enero de 2016, año de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y el 31 de diciembre de 2022, momento en el que se produce el cambio de denominación del puesto de trabajo para analizar si estas conversaciones influyeron en la creación del nuevo empleo que asumió el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón. Sospechan que pudo haber "actos preparatorios" previos encaminados a que el hermano del líder del Ejecutivo se llevara esa plaza.
La petición de la UCO llega después de que la magistrada autorizara el registro de la sede de la Diputación de Badajoz que se produjo el pasado miércoles 10 de julio. Los investigadores estuvieron durante horas recabando datos como su residencia fiscal y declaraciones tributarias para esclarecer si hubo alguna irregularidad por parte de David Sánchez.
Nueve cargos
Entre las personas a las que la UCO ha solicitado revisar los correos se encuentra el propio David Sánchez. También el presidente de la Diputación Provincial, Miguel Ángel Gallardo Miranda, ya que fue quien firmó el contrato de Alta Dirección con David Sánchez, y diputados del PSOE de la institución.
En este sentido, la Guardia Civil también ha pedido examinar los mails de Cristina Núñez Fernández, diputada delegada que firmó la propuesta de modificación de la RPT y formó parte de la Comisión Asesora. Finalmente, Núñez fue quien propuso la contratación de David Sánchez.
También los correos de Francisco Martos Ortiz, diputado delegado del Área de Cultura y Deportes que firmó el cambio de denominación de la RPT en lo referente al puesto de trabajo ocupado por David Sánchez, y los mails de Antonio Garrote Ledesma, diputado delegado de Recursos Humanos y Régimen Interior, quien firmó las Bases de la Convocatoria y la Relación de Admitidos para concursar por la plaza y firmó el contrato de Alta Dirección con el hermano de Pedro Sánchez.
Asimismo, la UCO ha solicitado el acceso a las conversaciones de otros cargos de la Diputación como Elisa Moriano Morales, directora del Área de Cultura y Acción Ciudadana. Moriano Morales fue quien propuso la modificación de la RPT de la Diputación para crear el puesto de trabajo y posteriormente formó parte de la Comisión Asesora para la selección de Sánchez.
Además, también ha pedido analizar los correos de Manuel Candalija Valle, jefe de Servicio de Actividades Culturales, Juveniles y Deportivas, quien formó parte de la Comisión Asesora para la elección del candidato al puesto de trabajo. Ya como Director del Área de Cultura, Deportes y Juventud, firmó el informe sobre las actividades que se ha entregado al Juzgado a su requerimiento.
Los agentes del mismo modo han solicitado el acceso a los mails de Félix González Márquez, jefe de Servicio de Gestión de Recursos Humanos, quien formó parte de la Comisión Asesora para la elección del candidato al puesto de trabajo, y Emilia Parejo Gala, directora del Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social. Parejo firmó también el cambio de denominación de la RPT en lo referente al puesto de trabajo ocupado por David Sánchez.
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