Gobierno y PP llevan al límite su pulso por la Ley de Extranjería pese al drama de Canarias

El Gobierno y Génova llevan su pulso al límite con un cruce de reproches públicos a 48 horas de que el Pleno del Congreso decida si abordar o no la reforma urgente de la ley de Extranjería para ofrecer una respuesta compartida y ágil a la situación dramática que vive Canarias, donde unos 6.000 menores migrantes no acompañados esperan a poder ser reubicados en la Península. El PP dio por rotas las negociaciones tras afirmar que el ministro de Política Territorial, Víctor Ángel Torres, le trasladó este domingo al portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, su rechazo a incorporar sus condiciones planteadas por los populares, que siguen sin ver bien el reparto de menores por ley y exigen más garantías jurídicas y un compromiso de soporte financiero por parte del Estado hacia las comunidades autónomas como responsables de su acogida y tutela hasta los 18 años.

Sin embargo, fuentes del ministerio desmienten que hayan rechazado negociar sus peticiones, subrayan que la conversación ha sido por escrito, y emplazan al PP a no poner "excusas" y "mejorar" el texto legislativo por la vía de las enmiendas, para lo cual es necesario que como mínimo se abstengan en la toma en consideración de la ley este martes en el Congreso. Lo que sí rechazan de plano es que, en caso de que existan dudas sobre la edad de los jóvenes migrantes, estos se queden en Canarias hasta que se les practica la prueba. "El ministro Torres también ha trasladado a Tellado que la propuesta del PP nacional para que los niños dubitados se queden en Canarias choca contra la voluntad del Gobierno de las islas (CC-PP)", señalan desde el Ministerio.

Mientras tanto, los cayucos siguen llegando a las islas. Los mayores de edad son trasladados a la Península, pero los menores no pueden ser acogidos por otras comunidades hasta que no se firme un convenio de colaboración entre Gobiernos autonómicos, un trámite demasiado lento e ineficaz. De ahí que el Ejecutivo canario presione desde hace meses para obligar por ley a una derivación rápida de los menores. Las comunidades exigen un plan de contingencia integral para un problema que no es puntual sino estructural. Y muchas advierten de que sus propios sistemas de acogida ya están tensionados, por lo que exigen una implicación mayor del Estado para abordar el fenómeno migratorio.

"El PP fue claro en sus pretensiones para apoyar ese texto. La negativa del Gobierno no nos permite facilitar la tramitación de una ley que se basa en la imposición y no en el diálogo", señalan fuentes populares tras el intercambio de mensajes con el ministro Torres. "Si no aceptan nuestras condiciones, no podemos ayudarles", insisten en Génova, conscientes de que sus votos son imprescindibles para que se pueda tramitar la ley. La alternativa, buscar el apoyo de Junts, está descartada tras el rechazo frontal de los de Carles Puigdemont a la propuesta de ley desde su origen. "El ministro da por hecho que sacará la toma en consideración, suponemos que con Junts", inciden estas fuentes.

"En esa conversación por escrito en ningún momento se le ha trasladado al PP el 'NO' a negociar del Gobierno ante sus peticiones", replican fuentes del Ministerio de Política Territorial. "Todo lo contrario, si este martes se admite a trámite la proposición de ley del grupo Socialista, Sumar y Coalición Canaria, la misma podrá mejorarse en el trámite parlamentario con todas las aportaciones de los grupos parlamentarios, incluido el PP", esgrimen. En paralelo, señalan que algunas de las demandas planteadas por los populares ya están recogidas en el texto acordado con el Ejecutivo canario y que ahora llega al Parlamento, incluida la propuesta de "no exceptuar a ningún territorio", en alusión a Cataluña.

El Gobierno central abre la puerta a la celebración de una Conferencia de Presidentes, tal y como exige el PP. "Cuestiones como esa y otras pueden tratarse y acordarse en el debate parlamentario, y así se lo ha trasladado Torres a Tellado", señalan fuentes ministeriales.

Los grupos parlamentarios del PSOE y de Sumar registraron el lunes pasado con carácter de urgencia una proposición de reforma de la Ley de Extranjería para su toma en consideración en el pleno de este próximo martes. Sin embargo, el rechazo de Junts obliga al Gobierno a buscar el apoyo del PP, que exige que se incorporen sus demandas y se tramite como proyecto de ley, con todos los informes jurídicos preceptivos. Además, reclaman que se active la emergencia migratoria en todo el territorio nacional, lo que daría a los Gobiernos autonómicos mayor agilidad y margen de actuación.

El Gobierno central responde que el texto ya recoge la posibilidad de que la emergencia se amplíe a otros territorios, "si ésta se produce". Sin embargo, rechaza su petición de que se haga por medio de un proyecto de ley porque "la urgencia es máxima" y retrasaría la solución. "Por eso se ha registrado una proposición de ley URGENTE acordada entre el Gobierno de España (PSOE-Sumar) y el Gobierno de Canarias (CC-PP), que es la que se somete a consideración el martes", indican las fuentes gubernamentales.

Para el Ejecutivo canario esta situación es insostenible y exigen que el Consejo de Ministros apruebe ya por medio de un decreto ley las medidas necesarias para la redistribución de los menores al resto de comunidades autónomas. Este decreto debería ser aprobado en el plazo máximo de un mes desde su entrada en vigor. Los ministros de Infancia y Juventud y de Política Territorial advierten de que esa vía tiene muchos riesgos si no existen garantías de que el PP y finalmente es tumbado por el Congreso. "Estamos hablando de menores", recuerdan. La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, metió este domingo presión a los populares al asegurar que no podría entender que los de Feijóo obstruyeran la tramitación de la reforma que, según declaró a Servimedia, busca “mejorar las condiciones de los niños”.

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