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El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Francisco José Goyena considera que existen indicios suficientes para investigar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos contra el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Tras dos meses de pesquisas, Goyena ha enviado una exposición razonada sobre sus hallazgos al Supremo, que es el único con competencia para abrir una causa al fiscal general.
"Nos encontramos ante la tesitura de que la cabal prosecución de las presentes diligencias de investigación haría, a nuestro juicio, necesario su contrastación con la versión de estos hechos que pudiera dar el fiscal general del Estado", sostiene el magistrado en la resolución que ha enviado al Supremo. "Por ello, si así lo estima procedente, deberá ser dicho alto tribunal quien continúe las actuaciones instructoras, salvo mejor criterio de la Sala a la que tengo el honor de dirigirme".
El procedimiento parte de la nota de prensa en la que la Fiscalía Provincial de Madrid informó sobre las negociaciones que había mantenido con el abogado de González Amador en una investigación paralela que se sigue contra él por fraude fiscal. La Fiscalía consideró que la difusión de este comunicado resultaba necesaria para desmentir "las informaciones falaces" que se habían publicado previamente, pero el TSJM rechazó sus argumentos y admitió a trámite la querella de González Amador.
"La difusión de dicha información no se corresponde con la alegada finalidad que apunta el Ministerio Fiscal, pues aparte de exceder en su contenido a lo que aparece divulgado en la prensa, supone la divulgación de datos e información que no puede ser revelada a terceros", incide Goyena en la exposición razonada que ha enviado al Supremo. "Podría haber tenido otro formato y contenido, que no vulnerara el deber de reserva que debía guardarse".
González Amador se querelló por estos hechos contra la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández, y el fiscal de la Sección de Delitos Económicos de esta comunidad, Julián Salto Torres. En el caso de este último, el magistrado ha notificado una segunda resolución en la que acuerda archivar la investigación contra él porque su papel fue "meramente instrumental y sin relevancia penal", pero apunta a que esa misma conclusión no puede extenderse a Rodríguez Fernández: "No puede afirmarse una conducta similar de mera pasividad y dación de cuenta, con la simple aportación de datos que le fueran requeridos".
Tras conocerse esta decisión, el fiscal general ha descartado dimitir y ha insistido en que el hecho de que el magistrado haya elevado una exposición razonada "no ha de impedir ni alterar el normal funcionamiento de la institución". También ha mostrado "su extrañeza" respecto a la continuación de la causa contra la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid: "Ninguna responsabilidad puede tener quien cumple escrupulosamente con sus funciones estatuarias y ejerce con profesionalidad y lealtad la jefatura".
Sánchez descarta la dimisión
Ante la posibilidad de que el Supremo impute ahora a García Ortiz, Pedro Sánchez también salió este mismo mes en su defensa y descartó que tenga que dimitir si se le cita como investigado. “Por supuesto que no tiene que dimitir porque cuenta con todo el apoyo del Gobierno. El origen de este asunto, recordémoslo, es que el fiscal general, para defender a la Fiscalía de Madrid, publica una nota aclarando un bulo que sale de la mano derecha de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, para tratar de desinformar sobre un caso que afecta a la presidenta. ¿Y se le va a imputar por eso?”, aseguró el presidente durante una entrevista concedida a Cadena Ser.
En junio, García Ortiz ya remitió un escrito al juez en el que asumía su responsabilidad: "El Tribunal Superior de Justicia de Madrid carece de competencia para investigar los hechos relativos a la difusión de la nota de prensa de la Fiscalía de Madrid por corresponder aquella a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (...), en tanto en cuanto su publicación no se hubiera producido sin mi previa autorización y mis instrucciones expresas y directas", advirtió en el mismo.
También aseguró que "volvería a suscribir" el comunicado porque solo buscaba "poner fin a un bulo", así como "proporcionar información objetiva e imparcial tras la sucesión de publicaciones dispares y la difusión pública de correos electrónicos que afectaban a la honorabilidad y profesionalidad del Ministerio Fiscal".
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