:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F0dc%2F504%2Fc0b%2F0dc504c0b4831931f136c8c7fa09c038.jpg)
Quizás con el nuevo Ejecutivo laborista, la negociación con España para incorporar Gibraltar a Schengen reciba un impulso, pero, por ahora, permanece estancada. Hace ya más de tres años y medio que el llamado Acuerdo de Nochevieja de 2020 fijó el objetivo de que la colonia se salvase del Brexit y entrase a formar parte del espacio de libre circulación al que pertenecen 28 países europeos, pero los Gobierno de España y del Reino Unido siguen discrepando sobre cómo ponerlo en práctica.
La relación hispano-británica a propósito de Gibraltar está salpicada de reproches y protestas que no siempre trascienden. Las últimas fueron formuladas por el Reino Unido a España en una nota verbal que su embajada en Madrid remitió al Ministerio de Asuntos Exteriores a principios de julio y a la que ha tenido acceso este periódico.
En ella se queja de que los militares de la base de Gibraltar o aquellos que hacen escala el Peñón, no solo tienen problemas para atravesar la frontera española, sino que, por culpa de la Policía Nacional, acaban también teniendo dificultades para desplazarse por el espacio Schengen.
“(...) desde el otoño de 2022, personal militar del Reino Unido fuera de servicio ha tenido problemas para cruzar la frontera entre Gibraltar y España”, según revela la nota verbal. “A estas personas se les ha marcado electrónicamente el pasaporte porque son militares británicos con base en Gibraltar, a pesar de estar fuera de servicio”, añade. “Esto también ha afectado a sus viajes por el espacio Schengen, a través de otros pasos fronterizos, siendo retenidos en las fronteras y sometidos a intensos interrogatorios”, concluye. Menciona incluso el caso de un teniente coronel británico que se vio involucrado en un incidente.
Esto ha afectado a sus viajes por el espacio Schengen, a través de otros pasos fronterizos, siendo retenidos y sometidos a interrogatorios”
En marzo pasado hubo otro incidente, cuando la Polonia Nacional expulsó a Gibraltar a cuatro militares británicos que entraron y salieron de paisano, cruzando la frontera de La Verja, tres veces en un mismo día, lo que incumple el reglamento de Schengen.
Marcar electrónicamente un pasaporte es hacer un señalamiento que incluye a su titular en un listado. Al pasar por un control fronterizo, su nombre salta y, en este caso, se desvela su profesión de militar. Es decir, que los miembros del Ejército británico que hayan pasado por Gibraltar no pueden viajar por Schengen ocultando su profesión y, a veces, se les pregunta en frontera por el motivo de su desplazamiento.
La nota verbal de la Embajada británica contiene más reproches como el de no permitir viajes de ida y vuelta de la colonia a España en el mismo día a los gibraltareños que carecen de carné rojo, el que acredita plenamente la residencia en la colonia. “Los funcionarios españoles” les dicen “que no tienen una razón válida para entrar”.
Son, según la nota verbal de la Embajada, personas que desean hacer compras, acudir a restaurantes o ir al médico y también, a veces, adolescentes que van a jugar un partido a España. Esto “está afectando a la economía local de La Línea”, añade. Da así a entender que le preocupa la suerte de esa ciudad española de 65.000 habitantes, colindante con Gibraltar, a la que perjudica con su competencia fiscal desbocada.
El Ministerio de Asuntos Exteriores español rehusó explicar cuál había sido su respuesta a las quejas británicas. En realidad, el Gobierno español aplica en la frontera de Gibraltar una versión aligerada de Schengen que conlleva algunos controles, pero en ningún caso los que se corresponderían con una frontera exterior de la UE. La Comisión Europea hace la vista gorda.
La policía española ha constatado, por otra parte, que hay un tráfico de esos preciados carnés rojos de residente en Gibraltar para poder así cruzar la frontera con más rapidez. Los titulares de pasaportes británicos se presentan, a veces, en el puesto fronterizo español con carnés rojos que no están a su nombre. En ese caso no se les permite la entrada y se les incauta el documento, que no les pertenece, para entregarlo a la policía británica.
Otro de los síntomas que hacen sospechar que el acuerdo hispano-británico, con la mediación de Bruselas, está aún lejos, es la última iniciativa del Ministerio del Interior español. El pasado lunes empezó a erigir en La Verja una frontera inteligente idéntica a la que también está poniendo en marcha en Ceuta y Melilla con Marruecos. Eso implica un sistema de cámaras y reconocimiento facial biométrico, lectura automática de matrículas, identificación de huellas dactilares, etcétera.
Los titulares de pasaportes británicos se presentan, en el puesto fronterizo español con carnés rojos que no están a su nombre
Si la negociación sobre la adhesión de Gibraltar a Schengen prosperase, La Verja debería ser desmantelada y los controles fronterizos serían trasladados al puerto y al aeropuerto. Los negociadores españoles reivindican que esos controles sean entonces ejercidos por policías españoles, a la vez que con sus colegas británicos, lo que obligaría a una cesión de soberanía por parte del Reino Unido.
En un alarde inusitado de transparencia, el Gobierno explicó, en abril pasado, en una respuesta a tres senadores del Partido Popular, cuál era exactamente su posición negociadora. “Los controles de entrada y salida [de Gibraltar] deben ser realizados por miembros de la Policía Nacional”, recalca la contestación gubernamental.
Desmiente así un rumor que había circulado sobre el despliegue de los agentes de Frontex, la agencia europea de control de fronteras, y no los policías españoles, en el puerto y el aeropuerto gibraltareños. “Si hay presencia de agentes de Frontex, su función debe de ser solo la de apoyar y complementar a la Policía Nacional”, precisa el Gobierno español.
Es más, según la posición del Ejecutivo español, la Policía Nacional debe no solo estar en primera línea en el Peñón, sino que para “comprobaciones más exhaustivas debe existir una segunda línea, oculta de la vista del pasaje, en la que se realizarían estas gestiones” como interrogatorios y registro exhaustivo del equipaje.
La Policía Nacional, de uniforme y portando armas, “debe poder moverse libremente, en cumplimiento de sus funciones, por todo el recinto fronterizo (puestos, filtros, controles, segunda línea, etcétera)”, concluye la contestación que Gobierno dio a la oposición.
“Los gobiernos británico y gibraltareño han descartado desde el principio la presencia de agentes españoles uniformados sobre el terreno en Gibraltar como parte de cualquier tratado”, recordaba en portada, a finales de mayo, el “Gibraltar Chronicle”, el diario del Peñón. Solo estaban dispuestos a que, a lo sumo, fuesen los funcionarios de Frontex los que pusieran pie en Gibraltar.
De ahí la dificultad de aunar posturas mientras en Londres gobernaban los conservadores, que promovieron el Brexit. No es, sin embargo, seguro que el jefe de la diplomacia española, José Manuel Albares, y la nueva Comisión Europea en gestación, encuentren en el recién nombrado ministro británico de Asuntos Exteriores, el laborista David Lammy, un interlocutor más receptivo.
{getToc} $title={Tabla de Contenidos}