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Los consejeros de Hacienda y Economía del PP se van de vacío del Consejo de Política Fiscal y Financiera en sus objetivos políticos, aunque el Ministerio de Hacienda les ha comunicado la mayor cesión de recursos públicos de la serie histórica y una senda fiscal más relajada de lo previsto. Las entregas a cuenta del sistema de financiación alcanzan cifras récord, 147.000 millones, pero la reunión de María Jesús Montero con los responsables territoriales de las cuentas públicas no ha servido para avanzar en la reforma del modelo de financiación, una asignatura pendiente desde hace una década y que acumula sonoros desequilibrios en varias comunidades. A la crítica de los consejeros del PP se ha sumado también el titular de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, que también ha echado en falta más concreción para acabar con un bloqueo que comenzó en 2014.
"No se ha avanzado en lo más importante, que era hablar de financiación", se ha quejado el político socialista, que procede de uno de los cuatro territorios infrafinanciados por el actual modelo y que junto a Castilla-La Mancha son Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana. El castellano-manchego ha ido más allá y ha reclamado al Gobierno central que "lidere el proceso de reforma de la financiación", una petición habitual de los barones populares. Cuando el PP presiona a Montero con la financiación, la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera lanza el balón a los populares para reclamarles una posición única en todas las comunidades que dirige, algo complejo si se tiene en cuenta que cada una tiene unas circunstancias distintas.
Valencia, Murcia y Andalucía apuestan por el criterio de población ajustada, mientras en el norte Galicia o Castilla y León quieren primar otros como el envejecimiento o la dispersión, pero el responsable de Hacienda murciano, Luis Alberto Marín, ha descartado estas disensiones y ha calificado de "baldío y estéril" el debate sobre el reparto de fondos. "Falta voluntad política", ha lamentado, la misma frase que ha utilizado su homóloga andaluza, Carolina España, que también ha afeado a Montero que haya presentado una propuesta de reforma de la financiación y ha criticado el rechazo de Hacienda a articular un fondo de transición para las cuatro regiones infrafinanciadas, una crítica que también lanzan desde Castilla-La Mancha.
"Está haciendo dejación de funciones", ha criticado en la misma línea la consellera valenciana, Ruth Merino, que ha recordado que las cuatro regiones han reclamado el fondo de compensación de forma oficial en varias ocasiones y Montero "no se lo ha tomado muy en serio". "Llevamos 20 años por debajo de la media y hemos tenido que incurrir en déficits muy elevados", ha lamentado la responsable de Hacienda de Carlos Mazón, que ha recordado que sus problemas de deuda "no se han provocado por gastar más". "No queremos déficit, queremos ingresos", ha espetado el consejero de Hacienda de García-Page, mientras que los consejeros de Andalucía, Valencia y Murcia han cargado contra Montero por reservar para la Administración General del Estado un 2,4% del déficit y sólo un 0,1% para las comunidades, a pesar de que la senda fiscal se ha relajado en dos décimas en el trienio que va de 2025 a 2027.
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Javier Jorrín
Los representantes de las comunidades del PP han mostrado su inquietud por un posible acuerdo bilateral entre el Gobierno y Cataluña después de que la consellera catalana de Economía, Natàlia Mas, haya expuesto su propuesta de financiación singular. La dirigente de ERC ha desgranado una idea ya conocida, una suerte de cupo a la catalana con la Generalitat como gestora de los impuestos en su comunidad y después abonar una cantidad al Estado por los servicios que allí presta y un fondo de solidaridad.
Según cuentan los consejeros al salir del encuentro, la titular de Hacienda y Función Pública ha mostrado su rechazo a los postulados que ha defendido Mas. Y también ha negado que el Ejecutivo esté negociando de forma bilateral con Cataluña. La política socialista asegurado que son el PSC y ERC quienes están negociando la investidura de Salvador Illa y que en esas conversaciones sí se aborda esta financiación singular. Y esto no gusta en las comunidades del PP, pero tampoco en Castilla-La Mancha. "No puede ser que dos partidos regionales decidan sobre el futuro de todos", ha dicho el consejero de Hacienda del gobierno de Emiliano García-Page.
"No hay un motivo técnico para esa singularidad, sino político: investir al señor Illa", ha lanzado Carolina España, que cree que el Gobierno "sólo tiene voluntad política con Cataluña porque necesita los votos". El Estatuto de Autonomía de Andalucía, que nació a imagen y semejanza del Estatut catalán, contempla también la creación de un consorcio para recaudar los impuestos en la comunidad, pero la autonomía más poblada del país no tiene intención de desarrollar esta parte de su norma fundamental, al contrario de lo que ocurre en Cataluña. Tampoco la Comunidad Valenciana, que podría activar la cláusula de su Estatuto que la habilita para asumir cualquier competencia cedida a otro territorio. El barón alicantino Carlos Mazón descarta aplicar esa disposición para trocear la caja común de la recaudación.
"Si hay algún otro territorio que levante la mano bajo ese concepto de autonomía fiscal, adelante", ha dicho, sin embargo, Mas a su salida del CPFF, donde ha asegurado que su propuesta "no va en contra de ningún otro territorio ni causa perjuicios". La apuesta de la consellera de ERC pasa por aprovechar que los ingresos del Estado han crecido por encima de los del conjunto de las comunidades y con esa cantidad extra quiere hacer compatible la mejora de los recursos para Cataluña sin perjudicar al resto, elevando la nivelación vertical para todos. "Es un modelo basado en la recaudación y la corresponsabilidad", ha dicho Mas, que cree que asumir la competencia de la recaudación conlleva también "asumir el riesgo cuando el ciclo económico no es favorable"
Más ha admitido que la negociación ahora mismo la mantienen su partido y el PSC, pero también ha dicho que la propia María Jesús Montero ha recordado durante el encuentro que cualquier acuerdo deberá aprobarse por medio de una ley orgánica, lo que requiere un acuerdo más amplio. La voluntad de la ministra de Hacienda siempre ha sido incluir al PP en esa reforma, pero ahora mismo se antoja imposible. La consellera de Economía catalana ha mostrado su apoyo a una reforma global que permita mejorar la situación de las comunidades infrafinanciadas y ha defendido que es posible la convivencia del modelo foral y el del régimen común con la propuesta catalana y el reconocimiento de otras "singularidades", como las de Canarias y las ciudades autónomas, Ceuta y Melilla.
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