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Juanma Moreno manda mensajes velados cuando baja de su despacho para someterse, cada dos semanas, a la sesión de control. Si el debate político gira alrededor de la financiación, baja la escalera de mármol del viejo hospital de las Cinco Llagas con su consejera de Hacienda, Carolina España. El 20 de junio, jueves, había sesión de control en el Parlamento de Andalucía. Un día antes comenzó la revisión del relato jurídico del caso de los ERE de Andalucía. El Tribunal Constitucional concedió amparo parcial a Magdalena Álvarez. Horas después, Moreno se hizo acompañar en el paseíllo por Toni Martín, portavoz popular en la Cámara autonómica, que llevaba bajo el brazo, con su habitual sonrisa socarrona, la sentencia del caso de los ERE encuadernada.
El gesto de Martín fue muy elocuente. El PP no tiene intención de permitir que el PSOE haga valer su tesis después de que seis ex altos cargos hayan visto reducidas sus condenas y el tribunal de garantías haya devuelto el foco del caso a la Consejería de Empleo. Desde entonces, el goteo de exoneraciones ha sido constante -y seguirá con Manuel Chaves y José Antonio Griñán-, lo que ha impulsado los socialistas a poner en marcha una campaña para presentar a sus exdirigentes como víctimas "de una cacería política" de la que responsabilizan a los populares. Pero en el cuartel general del PP andaluz están convencidos de que "Andalucía no olvida".
"Andalucía no olvida" es la consigna que se repite desde hace varios días en la cuenta oficial del PP andaluz en X, una letanía que también utiliza el secretario general de la formación, Antonio Repullo. El cordobés, junto con Toni Martín, ha recibido el testigo de Antonio Sanz, histórico número dos del partido en los tiempos de Javier Arenas y ahora consejero de Presidencia. Son la punta de lanza de esta ofensiva, que se ha recrudecido en respuesta a los movimientos del PSOE andaluz, que ha comenzado a distribuir vídeos producidos internamente en los que Magdalena Álvarez y Carmen Martínez Aguayo reivindican su inocencia y se lanzan contra el PP, al que acusan de armar un "montaje" alrededor del caso ERE con el objetivo de erosionar al PSOE y sacar a los socialistas de San Telmo.
Los tuits con "Andalucía no olvida" van acompañados de publicaciones en prensa que recuerdan los episodios más sórdidos de la corrupción vinculada a los gobiernos socialistas. El más repetido consiste en aludir a la cantidad que, según la sentencia de la Audiencia de Sevilla confirmada por el Supremo, fue malversada entre 2000 y 2008. Son los célebres 680 millones de euros repartidos por medio de un sistema sin controles que ahora el Tribunal Constitucional defiende que no fue ilegal, ya que fue aprobado por el Parlamento de Andalucía. También hay alusiones al "reparto de billetes de 500 euros" o a la "cocaína" que compró con dinero público el chófer de Francisco Javier Guerrero, Juan Francisco Trujillo.
La batalla en redes se trasladará este jueves al Parlamento con total seguridad. Más allá de los intercambios propios de la sesión de control, que volverá a estar protagonizada por la revisión de caso de los ERE, el PP ha presentado una proposición no de ley "en defensa de la labor de las instituciones del Estado en la lucha contra la corrupción". Bajo ese título un tanto eufemístico, los populares sacarán adelante una norma que busca apoyar el camino jurídico del caso en la última década, desde que Mercedes Alaya comenzó la instrucción en 2011 hasta el posterior proceso en la Audiencia Provincial de Sevilla, confirmado en julio de 2022 por el Tribunal Supremo.
Es la forma que tienen los populares de defender una actuación en la que formaron parte, ya que el PP fue acusación particular durante el proceso y lo sigue siendo en las piezas separadas del caso. Por eso recuerdan en la exposición de motivos que hasta 20 jueces de distintos órdenes acordaron condenar a los ex altos cargos del PSOE que ahora están viendo anuladas sus penas por la citada revisión del Constitucional. En medio de esa batalla jurídica se entiende que el escrito pida el "reconocimiento expreso" a los órganos jurisdiccionales que "han permitido investigar, esclarecer y juzgar" las "conductas ilícitas y punibles de malversación, apropiación indebida, falsedad documental y demás tipos penales execrables" cometidos por "los condenados en el denominado caso ERE".
El PSOE-A robó 679.412.179,09€ a los parados andaluces en el peor momento de la crisis económica.Dinero que nunca van a devolver y que los andaluces nunca van a olvidar.Le guste a Pedro Sánchez o no. https://t.co/kMkizElofv
— Antonio Repullo Milla (@arepullomilla) July 7, 2024
Los populares no hacen distinción entre unos condenados y otros ni entre el juicio de la pieza política y las derivadas de ésta, pero es ese el relato que está ahora en disputa. El PSOE quiere hacer ver, como ha defendido siempre, que el caso quedó circunscrito a la Consejería de Empleo para así salvar a los dos expresidentes y a los condenados ajenos a ese departamento, como José Antonio Griñán y Carmen Martínez Aguayo. Los populares, en su estrategia, insisten en que el fraude en Empleo no fue posible sin el conocimiento del resto de exdirigentes socialistas, por lo que defienden las sentencias que los condenaron por prevaricación y malversación.
"El caso ERE forma parte de la reciente historia andaluza, está claramente asumido por la sociedad en nuestra tierra como la más deleznable forma de hacer política", expresa la exposición de motivos de la iniciativa popular, que también defiende que los gobiernos socialistas "usaron el dinero público de todos los andaluces como si fuera propio" en función de "intereses políticos". El texto también reivindica la labor del Ejecutivo de Juanma Moreno en el último lustro para recuperar parte del dinero defraudado, lo que ha hecho posible el reintegro de 27 millones de euros y la reclamación de otros 135 que todavía está dirimiéndose en los juzgados.
"Los andaluces sabemos y no debemos olvidar (...) lo que el mayor caso de corrupción de nuestra historia ha significado en términos de prestigio, de pérdidas de oportunidades y de sustracción de fondos públicos", expresan los populares en la proposición no de ley, en la que insisten en la defensa de la "separación de poderes". El texto recoge también, aunque no de forma expresa, una crítica al PSOE que sí verbalizan los dirigentes del PP en sus comparecencias, la acusación de parcialidad del Constitucional a favor de los socialistas. "Se hace más necesario que nunca respaldar a estas instituciones públicas para que puedan ejercer sus funciones (...) para que en el examen de vulneración de derechos fundamentales no se pretenda revisar la valoración de elementos probatorios", dice el texto para afear que el tribunal de garantías haya exonerado a los exaltos cargos en contra de las decisiones de las instancias judiciales.
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